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» Diario Cordoba
Fecha: 27/02/2025 07:35
El Gobierno pretende tener cuanto antes el visto bueno del Congreso a la ley sobre la quita de la deuda parcial a las comunidades autónomas. Para ello se tramitará con un procedimiento de urgencia, reduciendo los plazos a la mitad, por lo que fuentes de Moncloa calculan que podría aprobarse en el mes de noviembre. Al tratarse de una ley orgánica, antes de llevarse al Congreso deberá pasar primero por el Consejo de Ministros como proyecto de ley y recabar todos los informes preceptivos. Un proceso que requiere de varios meses, contando con que julio y agosto son inhábiles para la actividad parlamentaria. Con el rechazo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como se manifestó este miércoles al levantarse en bloque de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), los socialistas no tienen asegurados los apoyos para aprobar la ley. Junts, cuyos votos son imprescindibles si el PP mantiene su negativa, ha dejado en el aire su posición por considerarlo un “café para todos” y pedir una quita total con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La aprobación de una ley orgánica requiere de una mayoría absoluta de 176 escaños. La paradoja es que desde el PP critican que se haya pactado con los independentistas, como agravio comparativo, y los posconvergentes reprochen lo contrario, al ser un acuerdo general para todos territorios. Dentro del espacio de Sumar, Compromís se ha desmarcado al cuestionar los criterios adoptados, con un peso preponderante de la población, porque consideran que la Comunidad Valenciana sale perjudicada. Unas críticas que los socialistas confían en salvar. Hasta el punto de poner en duda de que el PP mantenga su posición y vote en contra, dicen, de los intereses de los territorios donde gobiernan. Por ello, en Moncloa aseguran que durante el trámite del proyecto de ley no se van a modificar los criterios ni tocar las cifras. El Estado propone asumir un montante superior a 83.000 millones de euros en la deuda de las comunidades autónomas del régimen común. En cifras absolutas, la mayor cantidad corresponde a Andalucía (18.791 millones), seguida de Cataluña (17.104 millones), Comunitat Valenciana (11.210 millones) y Madrid (8.644 millones). En el Gobierno defienden su metodología por “posibilista”. Por eso avanzan que “no se va a recalcular”. Entienden que, como con la financiación autonómica, cada territorio puede reclamar posiciones de “máximos” en beneficio propio, pero que su propuesta debe buscar el equilibrio de todas ellas. Este miércoles, el ‘expresident’ y líder de Junts, Carles Puigdemont, insistía en reclamar una quita total, pero rebajaba la amenaza de tumbar la ley al trasladar que la condonación de “una parte es mejor” que “nada”. Tras el plazo de entre ocho y nueve meses que se da el Ejecutivo para sacar adelante la norma, se comenzarían a convocar las comisiones mixtas entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas. Cada territorio deberá así firmar el convenio para beneficiarse de la quita o rechazarla. Este será el momento clave. Desde Hacienda aseguran que, aun en el caso de votar en contra de la ley en el Congreso, ninguna comunidad declinará sumarse. Todo ello pese al rechazo en bloque de este miércoles. Eso sí, al plantar la reunión, las comunidades del PP no participaron en la votación. Algo por lo que tampoco realizaron formalmente sus peticiones, como la de un fondo transitorio de compensación. Choque con Hacienda En el Gobierno califican de “insostenible” el rechazo de las comunidades porque “necesitan liquidez”. “Lo sabe cualquier consejero y necesitan rebajar su deuda para salir al mercado a pedir créditos”, apuntan otras fuentes del Ejecutivo para rebajar el plantón de las comunidades autónomas del PP. Tras abandonar el CPFF celebrado este miércoles, los consejeros del PP cargaron contra el hecho de que la quita se haya negociado de manera "bilateral", según recriminaron, con Cataluña. Pedro Sánchez incluso ironizaba durante la sesión de control este miércoles en el Congreso con el cambio de posición del PP respecto a la revalorización de las pensiones. “No le vaya a pasar como con las pensiones y su revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones", contestaba a Alberto Núñez Feijóo, quien calificó la quita como un “regalo fiscal” a ERC, pues parte de un compromiso de investidura con Oriol Junqueras, y una obligación a los españoles a "pagar las hipotecas de los suyos". A las puertas de las andaluzas Las comisiones mixtas, que se convocarían por orden de aprobación de los respectivos estatutos, se comenzarían a celebrar con las elecciones andaluzas en el horizonte. Si no se produce un adelanto electoral, los andaluces están llamados a las urnas en junio del próximo año. La cuestión de la quita, por tanto, irrumpiría casi en precampaña, y con las municipales y autonómicas a poco más de un año vista. Todo ello con María Jesús Montero en su doble condición de ministra de Hacienda y candidata del PSOE frente al popular Juanma Moreno. Una presión preelectoral con la que cuentan en el Gobierno para confiar en un giro de los populares. En este sentido, los mensajes se centran en cuestionar que el PP vaya a posicionarse “en contra de los intereses de las comunidades autónomas y los ciudadanos” y en situar a Feijóo en la dicotomía de “si está por condonar o por condenar”. El duelo en clave andaluza ya se dejó notar este miércoles. “Estamos cansados de que a las comunidades autónomas se nos utilice para blanquear los pactos con los independentistas", reprochaba tras el CPPF Carolina España, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, para cargar con dureza contra la ministra de Hacienda, y ahora candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas. "La ministra de Hacienda y este Gobierno solo obedecen a los intereses de Puigdemont y de Junqueras, nosotros desde la Junta de Andaluza defenderemos los intereses de los andaluces", contrapuso, en referencia a la reforma del sistema de financiación y el fondo de compensación.
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