27/02/2025 11:59
27/02/2025 11:58
27/02/2025 11:58
27/02/2025 11:58
27/02/2025 11:58
27/02/2025 11:57
27/02/2025 11:57
27/02/2025 11:56
27/02/2025 11:55
27/02/2025 11:55
Buenos Aires » Infobae
Fecha: 27/02/2025 04:43
Una de las propiedades del Estado en Echeverria y Cazadores, en la zona de Belgrano Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló serias irregularidades en la administración y gestión de los bienes e inmuebles que la gestión del Gobierno de Alberto Fernández debía realizar a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Según el documento al que accedió Infobae, y que corresponde al Plan Anual SIGEN 2024, el Sistema de Control Interno (SCI) del organismo -que es rediseñado por la administración de Javier Milei-fue cuestionado por los auditores por “las pérdidas económicas significativas para el Estado Nacional”. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, en el trabajo advierten que “la AABE, organismo encargado de centralizar la administración de los bienes inmuebles del Estado Nacional, no cuenta con un registro actualizado de los inmuebles bajo su órbita. De los 46.272 inmuebles que administra, solo 23.269 están inscriptos en el Registro Legajo Multipropósito (RLM), cuya última actualización data de 2019. Además, se identificaron irregularidades en contratos de alquiler, concesiones y permisos de uso, así como en la recaudación de cánones”. Falencias en la gestión de contratos y pérdidas económicas De acuerdo con el informe de la SIGEN, la falta de renovación de contratos vencidos y la ausencia de actualización de cánones han permitido que numerosos ocupantes continúen utilizando inmuebles estatales sin pagar alquileres acordes al precio de mercado. En algunos casos, los contratos vencidos no fueron renovados, y la AABE no realizó gestiones efectivas para cobrar las deudas acumuladas. En la gestión de Alberto Fernández, el primer presidente de la AABE fue Martín Cosentino (entre diciembre 2019 y agosto 2021). Lo reemplazó Eduardo Albanese (agosto 2021 a diciembre 2023). La dependencia está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. El actual titular del organismo es Nicolás Pakgojz, quien bajo la supervisión de Guillermo Francos, y ordenó una revisión y auditoría de los bienes del Estado “para evaluar su uso, ocupación y situación contractual”; “Identificar bienes improductivos, contratos irregulares y ocupaciones ilegales -como el ex edificio destinado a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo que estaba usurpado y funcionaba un boliche bailable- y “la recuperación de inmuebles mal administrados y su posterior venta o concesión”. Nicolás Pakgojz, el nuevo titular de la AABE, tiene 29 años y fue funcionario antes del Gobierno de la Ciudad Para ese se flexibilizaron las normas para la venta de bienes estatales. De hecho, el DNU 70/2023 modificó varios artículos del Decreto 2670/2015, que regula la administración de bienes del Estado. Se eliminaron trabas burocráticas para acelerar la venta, cesión o concesión de inmuebles públicos y se autorizó la venta de activos sin necesidad de una evaluación previa del Congreso, facilitando la privatización de propiedades estatales. Entre las primeras medidas, y según un informe de Jefatura de Gabinete se destaca: -La baja de 71 contratos de alquiler en todo el territorio nacional, lo que representa un ahorro mensual de $191.518.251 y un ahorro anual de $2.298.218.220. -Se dieron de baja otros 23 contratos en provincia de Buenos Aires y 7 en CABA, además de sucesivos alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Tucumán. -En esas oficinas funcionaban más de 3.500 puestos de trabajo de la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina, ENACOM, entre otras. En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional. -La Agencia también avanzó con el proceso de venta, mediante subasta pública, de bienes de la corrupción, la trata de personas y el narcotráfico. A estos bienes, se sumaron los publicados en el decreto N°950/2024; un total de 400 inmuebles que se encuentran desocupados, con mal uso o subutilizados, que generan gastos innecesarios para las arcas nacionales. Una foja del informe de la SIGEN sobre la AABE a la que accedió Infobae Los principales hallazgos de la SIGEN El informe de la Sindicatura General de la Nación calificó como débil el Sistema de Control Interno (SCI) del organismo y señaló que la falta de supervisión en contratos de alquiler y concesión de inmuebles generó “pérdidas económicas para el Estado Nacional”. Si bien la auditoría no especifica un monto total exacto de la deuda acumulada por cánones impagos en los contratos vencidos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, sí señala que: Existen contratos vigentes en los que no se registró la totalidad de los ingresos por canon. Se identificaron contratos vencidos con saldos deudores , sin que la AABE haya realizado gestiones efectivas de cobro. No se intimó a los ocupantes a pagar las deudas ni se actualizaron los valores de los cánones, lo que podría traducirse en perjuicios económicos para el Estado Nacional. Además, el informe advierte sobre “deficiencias en el cómputo de la mora, ya que las fechas de imputación de pagos no coinciden con los registros de cobranzas, lo que impide conocer con precisión la magnitud del impacto financiero”. El Gobierno de Javier Milei saco a subasta varios inmuebles que estaban bajo la administración de la AABE (Maximiliano Luna) Uno de los puntos más controvertidos del informe es la concesión de los espacios comerciales ubicados bajo los viaductos ferroviarios Mitre y San Martín. Según la SIGEN, la AABE delegó atribuciones al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la gestión de estos espacios, lo que “contraviene su rol como órgano rector de los bienes inmuebles del Estado Nacional”. Las obras de elevación de las trazas ferroviarias de los viaductos fueron ejecutadas durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires (2015-2023) y financiadas parcialmente por el Gobierno Nacional bajo la administración de Mauricio Macri (2015-2019). El Viaducto Mitre fue inaugurado en 2019, mientras que las obras del Viaducto San Martín, paralizadas ese mismo año por incumplimientos contractuales, fueron retomadas y finalizadas en 2021 bajo el gobierno de Alberto Fernández. El informe cuestiona la transparencia en los procesos de licitación para la explotación comercial de estos espacios. Entre las irregularidades detectadas se encuentran incumplimientos normativos, falta de documentación que justifique las decisiones tomadas y ausencia de análisis adecuados sobre los cánones cobrados. Estas concesiones, otorgadas inicialmente durante la presidencia de Ramón Lanús en la AABE (2016-2019) y continuadas bajo la gestión de Martín Cosentino (2019-2023), están siendo objeto de un sumario administrativo para determinar responsabilidades. La concesión de locales comerciales del viaducto San Martin fueron cuestionadas por la auditoría de la SIGEN (Maximiliano Luna) El informe de auditoría revela que la AABE administraba 46.272 inmuebles del Estado Nacional, pero solo 23.269 cuentan con un Registro Legajo Multipropósito (RLM) actualizado, cuya última actualización data de 2019. Además, la SIGEN advirtió sobre inconsistencias en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE), incumpliendo con el Decreto N° 2670/2015, que obliga a la AABE a mantener un registro integral de los inmuebles estatales. Pérdidas económicas y falta de control en contratos La auditoría identificó graves falencias en la gestión de contratos de alquiler de bienes del Estado: Falta de renovación de contratos: La SIGEN alertó sobre un bajo porcentaje de renovaciones, lo que permitió que algunos ocupantes mantuvieran el uso de inmuebles sin pagar cánones actualizados. Falta de registros confiables: La Agencia no posee un sistema centralizado para monitorear contratos, lo que impide conocer con precisión las obligaciones financieras pendientes. Irregularidades en permisos de uso: Se hallaron diferencias entre los datos oficiales y la documentación administrativa, afectando la supervisión de los contratos vigentes. El documento también señala que la AABE “carece de un sistema centralizado para monitorear los contratos vigentes, lo que dificulta el seguimiento de las obligaciones financieras de los ocupantes. Esta falta de control ha generado pérdidas millonarias para el Estado, ya que no se han percibido ingresos correspondientes al uso de los bienes inmuebles”. El informe también destaca problemas en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE), que debería centralizar la información sobre los activos estatales. Según la SIGEN, “la falta de actualización y la ausencia de un sistema integral para monitorear los contratos vigentes afectan la confiabilidad de los datos y dificultan la toma de decisiones”. Además, se identificaron vacíos legales en la administración de bienes decomisados y sujetos a extinción de dominio, lo que genera incertidumbre sobre el control de estos activos. Estas deficiencias estructurales, según el informe, comprometen la transparencia y la eficiencia en la gestión de los bienes inmuebles del Estado. (Fuente) En cuanto a la gestión financiera, el informe señala un uso reiterado de la figura de “legítimo abono” para justificar pagos sin planificación adecuada. “En 2022, este mecanismo representó el 45% de las adquisiciones de bienes y servicios de la AABE, lo que evidencia una falta de previsión presupuestaria”, destacaron los auditores de la SIGEN. Ante este panorama, el informe delineó una serie de recomendaciones para mejorar la gestión de la AABE. Entre las medidas propuestas se incluyen: - Actualizar el RENABE para reflejar con precisión la cantidad y el estado de los bienes administrados. - Regularizar los contratos vencidos y ajustar los cánones para evitar pérdidas económicas. - Implementar un sistema de control interno más eficiente para el monitoreo de ingresos y obligaciones contractuales. - Revisar la legalidad de las concesiones otorgadas en los Bajo Viaductos Mitre y San Martín. La justicia ordenó desalojar el edificio destinado a la Universidad Madres de Plaza de Mayo pero había un piso tomado, funcionaba una "escuela de rumba" y había un gallinero. Bienes de la corrupción “El dinero del delito, vuelve a los Argentinos”. Con ese mensaje la administración Milei, a través de la Jefatura de Gabinete anunció que “en su firme trabajo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en Argentina, el Gobierno nacional también pone a disposición para subasta bienes decomisados de casos emblemáticos como la causa ´Cuadernos’, uno de los escándalos de corrupción más grandes de nuestra historia reciente que llega hasta el corazón de gobierno kirchnerista; y las causas ‘Carbón Blanco’ y ‘Clan Aliaga’ dos casos resonantes de narcotráfico y trata de personas” y anunció que “en esta categoría la AABE, ya subastó exitosamente cuatro propiedades, por un valor superior a 1.500.000 dólares. A estas propiedades, se suman otras cuatro futuras subastas, de estas mismas causas judiciales, con una base subasta, cercano los 2.450.000 dólares”.
Ver noticia original (300 x 300 px).gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por