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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 27/02/2025 01:48
“Fue insólito enterarnos de esta novedad”, dice el abogado Emilio Fouces, defensor de Hugo Montañana, el hombre que, todo indica, irá a juicio cuatro años después del juicio en que debió sentarse en el banquillo pero que no pudo ser porque estaba internado con un cuadro de meningitis. Fue en septiembre de 2021, cuando se inició el megajuicio, que concluyó el 7 de abril de 2022 con condena a 8 años de cárcel para el exgobernador Sergio Urribarri. Fue al inicio de ese proceso, Montañana quedó a un lado. El Tribunal que condenó a Urribarri –José María Chemez, María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón- receptó la observación del Ministerio Público Fiscal y concluyó que si Montañana no podía participar de las audiencias, las audiencias se harían igual –efectivamente eso ocurrió- y que Montañana esperara un nuevo proceso, en un futuro. Ese futuro ya llegó. La Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial dio un primer paso: designó tribunal, integrado por María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara; resta ponerle fecha a ese segundo juicio. “Lo que viene ahora –anticipa Fouces, en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7– es un arduo trabajo para determinar si este juicio es razonable, si es factible, si es ajustado a derecho. Cuando se iba a iniciar el proceso, en septiembre de 2021, le manifesté al tribunal la situación imprevista y, bueno, ordenó un cuarto intermedio, mandó a constatar por un médico forense la veracidad de la situación que yo estaba describiendo. Vino el informe de Uruguay del médico forense y el tribunal le consulta al Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Fiscal propone una solución que no está prevista en el Código procesal, que fue apartar a uno de los imputados del juicio y continuar adelante. El tribunal dijo, textuales palabras, ´más adelante se verá qué temperamento se adopta con el señor Montañana´. Los abogados defensores, por supuesto que planteamos todo, que no era algo ajustado al procedimiento, no previsto por lo menos y bueno, el juicio marchó, se produjeron todas las pruebas, pruebas en las cuales por supuesto se mencionaba Montañana, que Montañana estaba sin defensor, o sea no solamente él estaba excluido del juicio, sino que nadie podía ejercer su defensa, por lo tanto no se pudo defender de ninguna manera, ni material ni técnicamente”. Fouces expresó que en el megajuicio “se produjeron pruebas, se le imputaron hechos, participaciones en los hechos, todo por parte de la acusación y finalmente la sentencia toma la teoría de la acusación, por lo tanto le da la derecha en cuanto a lo que dijo la acusación que había hecho Montañana, como lo había hecho, y condena, no a Montañana lógicamente, al resto de los imputados” “Yo estuve durante todo ese juicio pero defendiendo a otras personas, en otro legajo. O sea que Montañana estuvo absolutamente ausente e indefenso en este juicio. Y el tribunal termina tomando la hipótesis de la mecánica de los hechos que decidió la fiscalía, donde se le atribuía a Montañana determinadas acciones ilícitas que le generaron una condena al resto de los imputados que estaban en ese juicio. Y ahora se va a juzgar lo mismo, pero ya hizo un juicio de valor el tribunal sobre cuál fue la conducta de Montañana”, sostuvo el letrado. -¿Cuál va a ser la actitud suya? -Es una situación insólita. Han pasado cuatro años. Tendrían que explicar por qué dejaron pasar cuatro años. Pero bueno, más allá de eso, lógicamente yo voy a plantear la inconstitucionalidad de todo esto y la imposibilidad de que se haga un juicio contra esta persona. Y esto no es un arma o una carta que yo aprovecho ahora, yo lo dije en su momento. De las cinco causas penales que conforman el megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri -que se inició el lunes 27 de septiembre de 2021-, una se destaca por el nombre hilarante que adquirió conforme fue avanzando la investigación en Tribunales. Se llama, sin demasiada solemnidad, «La causa de la vaca», y esa denominación tiene una explicación. 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia que presidió el exjuez Humberto Oscar Franchi: ayudado por una pantalla de video, el fiscal Santiago Brugo -entonces a cargo de la investigación penal preparatoria que investiga el desvío de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri en beneficio de su cuñado, Juan Pablo Aguilera- empezó a proyectar imágenes.Lo que más llamó la atención fue la foto de una vaca adelante de un cartel con propaganda del Estado. La vaca, la misma vaca, se repetía en muchos otros carteles. Las fotos eran, en teoría, la certificación de que el servicio de publicidad se había prestado, de que el cartel publicitario se había plantado al costado de una ruta, al ingreso de alguna ciudad. Entonces, esa foto se incorporaba al legajo de pago, y se extendía el cheque al proveedor, en este caso, la empresa del cuñado de Urribarri. La escena ocurrió en una sala del Poder Judicial la mañana del, durante una audiencia que presidió el exjuez Humberto Oscar Franchi: ayudado por una pantalla de video, el fiscal Santiago Brugo -entonces a cargo de la investigación penal preparatoria que investiga el desvío de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri en beneficio de su cuñado, Juan Pablo Aguilera- empezó a proyectar imágenes.Lo que más llamó la atención fue la foto de una vaca adelante de un cartel con propaganda del Estado. La vaca, la misma vaca, se repetía en muchos otros carteles. Las fotos eran, en teoría, la certificación de que el servicio de publicidad se había prestado, de que el cartel publicitario se había plantado al costado de una ruta, al ingreso de alguna ciudad. Entonces, esa foto se incorporaba al legajo de pago, y se extendía el cheque al proveedor, en este caso, la empresa del cuñado de Urribarri. Todo era así, y el encargado de certificar que los trabajos se habían hecho según lo pautado era Gustavo Tamay, funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación que comandaba Pedro Ángel Báez. Pero en el ínterin ocurría una avivada: los chequeos eran ficticios, según la tesis del Ministerio Público Fiscal, pero los pagos, reales. La hipótesis que aquella mañana de noviembre de 2016 expuso el fiscal Brugo es que no lo hicieron, que simularon haber ido y constatado, y que así y todo firmaron los pagos de las órdenes de publicidad. La oratoria de Brugo es sólida, esa solidez que se permite transitar el sendero de la hilaridad. “Las fotos son repetidas”, afirmó el fiscal Brugo en aquella audiencia ante el juez Franchi, y como prueba, dijo, hay “una vaca” que se repite en todas las fotos. “Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”. No hubo necesidad de ningún análisis de ADN a la vaca: el modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia. Pero la causa “Aguilera Juan Pablo s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” no buscó, precisamente, debatir sobre la existencia o no de la misma vaca, sino el desvío de publicidad oficial en provecho de las empresas que se atribuyen al cuñado del gobernador, Tep SRL y Next SRL, durante el período 2010 y 2015, y que involucra una suma superior a los $24 millones que salieron de las arcas del Estado. La vaca, la misma vaca, en todo caso fue sólo un ardid para llevar adelante la maniobra delictiva, entienden los fiscales. El fiscal Brugo ya no está en la causa, pero la vaca quedó incorporada para siempre en esta investigación penal. El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad. La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública. Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones. “La causa de la vaca” tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia. Quién es Montañana “Montanaña Publicidad” fue fundada hace más de medio siglo por Hugo Montañana, padre del actual titular de la firma, que trabaja en el rubro publicitario de cartelería en la vía pública y espacios publicitarios en Entre Ríos, sobre todo en la costa del río Uruguay. En su sitio web, entre otros trabajos que exhiben, se pueden ver piezas realizadas para el Gobierno de la Provincia.A la empresa de Montañana se la acusa de haber participado “a sabiendas de la irregularidad de los procedimientos”, de “maniobras que pretendían simular la real y legítima intervención entre distintos oferentes”, “siendo beneficiados con un porcentaje de la publicidad pautada en el contrato pero habiendo acordado previamente que, una vez percibido el cobro de las sumas respectivas, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera a través de la contadora de la empresa”. En criollo: se lo acusa de haber participado de maniobras irregulares por las cuales recibía una pauta de la cual luego entregaba un porcentaje al cuñado de Urribarri.Aunque prefirió no dar notas sobre el tema, Fernando Montañana negó las acusaciones. Consultado por El Miércoles Digitalsus únicas declaraciones fueron las siguientes: «Como empresa decimos que esas acusaciones son falsas, y preferimos no profundizar en el tema porque en el verdadero lugar que importan las pruebas, opiniones y todo es en el Juzgado. No nos interesa entrar en el juego mediático».Montañana, quien cumplirá 39 años en marzo, fue indagado en la causa en septiembre de 2017, hace ya más de dos años. Su padre, Hugo Alberto Montañana, fue el fundador de la empresa que hoy le toca dirigir. Los fiscales de la causa pidieron para él 6 años de prisión efectiva. Aunque hasta hace poco lo representaban los abogados uruguayenses Félix Pérez y Sebastían Arrechea, en el juicio oral será defendido por el profesional paranaense Emilio Fouces. De la Redacción de Entre Ríos Ahora De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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