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Parana » ER 24
Fecha: 27/02/2025 00:22
**EL PROCURADOR EN JAQUE: GARCÍA ADMITE INCOMPATIBILIDAD Y PONE EN CRISIS SU PROPIO CARGO** En un giro inesperado, Jorge Amílcar Luciano García, Procurador General del Poder Judicial de Entre Ríos, quedó expuesto por sus propias palabras al admitir, en un documento oficial, la incompatibilidad de su rol como máxima autoridad penal de la provincia con la opinión crítica sobre postulaciones a la Corte Suprema. Sin embargo, su intento de justificar su intervención como «Catedrático de Derecho Penal» pone en evidencia una contradicción insalvable: la Constitución de Entre Ríos prohíbe el ejercicio de la docencia si esta interfiere con las funciones institucionales, lo que deja su situación al borde de la ilegalidad. ### **UNA CONFESIÓN QUE LO SEPULTA** En su observación crítica a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, García aseguró que su postura no se formulaba «en razón de su cargo como Procurador General del Poder Judicial de Entre Ríos –alta Magistratura local que es incompatible con tal planteo–, sino como Catedrático de Derecho Penal por concurso en la UNL Santa Fe». Esta afirmación, lejos de alejarlo del conflicto, lo hunde aún más: si la incompatibilidad existe, su función de docente interfiere con su rol institucional, incumpliendo de manera flagrante el **artículo 37 de la Constitución de Entre Ríos**, que establece con claridad que «no podrán desempeñar otras actividades, incluyendo el ejercicio de la docencia, cuando afecte u obstaculice la asistencia regular a las tareas propias del cargo». ### **EL PROCURADOR Y EL DOBLE ESTÁNDAR** La estrategia de García no es nueva: utiliza la docencia como escudo cuando le conviene, mientras ejerce el poder judicial sin limitaciones en otras ocasiones. La pregunta que surge es ¿cuántas otras decisiones ha tomado, cuántos pronunciamientos ha firmado, cuántos fallos ha influenciado desde una posición que él mismo reconoce como incompatible? Lo que debería ser una garantía de imparcialidad en el Ministerio Público se convierte, bajo su gestión, en un territorio de ambigüedades y contradicciones. Si se acepta que su rol de Procurador es incompatible con ciertas manifestaciones, entonces también se debería aceptar que su ejercicio de la docencia **interfiere directamente con su deber institucional**, violando los principios constitucionales de exclusividad en el desempeño de la función pública. ### **UNA CRISIS QUE ESCALA** Esta situación no solo pone en jaque a García, sino que también genera un **grave precedente** sobre la independencia y legalidad del Ministerio Público en Entre Ríos. ¿Cómo se puede confiar en la objetividad de un Procurador que, según su propia admisión, debe recurrir a su título universitario para poder expresar posiciones críticas? La provincia enfrenta un escándalo institucional de magnitud. La incompatibilidad reconocida por el propio García no es un simple error de redacción: es la confirmación de que su permanencia en el cargo podría ser insostenible. En un contexto donde la transparencia y la legalidad deben primar en la administración de justicia, la continuidad de un funcionario que viola la Constitución debería ser objeto de revisión inmediata. La pregunta final es ineludible: ¿Renunciará García antes de que el escándalo lo arrastre? O peor aún, ¿seguirá eludiendo sus propias contradicciones mientras la credibilidad de la Justicia en Entre Ríos se desmorona? Carlos Guillermo Reggiardo- Abogado Constitucionalista
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