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CABA » Plazademayo
Fecha: 26/02/2025 13:04
En medio del escándalo del criptogate que lo tiene como máximo acusado de una estafa millonaria, el Presidente argentino anunció que firmó un decreto para nombrar al académico Manuel García Mansilla y al juez federal Ariel Lijo como los nuevos integrantes del máximo tribunal de Justicia del país. El Gobierno del ultraderechista Javier Milei oficializó este martes la designación en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 137/2025, firmado por el Presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El decreto destaca que la Corte Suprema cuenta actualmente con solo tres ministros, lo que complica su funcionamiento y la toma de decisiones, dado que se requieren al menos tres votos para resolver los casos. En el texto se argumenta que el Senado no trató los pliegos enviados en mayo de 2024 y que, tras el receso legislativo y la finalización del período de sesiones extraordinarias, el Ejecutivo decidió avanzar con la designación en comisión, amparándose en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional. Las vacantes que ahora ocuparán Lijo y García-Mansilla se generaron tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024. El decreto establece que los jueces designados deberán prestar juramento y asumir sus cargos en la Corte Suprema, y aclara que la medida estará vigente hasta que el Senado se expida sobre sus pliegos de manera definitiva. Desde el Gobierno justificaron la decisión argumentando que la falta de definición del Senado pone en riesgo el normal funcionamiento del Poder Judicial. Además, remarcaron que la designación en comisión es una facultad presidencial prevista en la Constitución y que ha sido utilizada en otras administraciones, incluyendo las de Urquiza, Mitre, Yrigoyen, Perón, Alfonsín y Macri. Con esta publicación, la Corte Suprema queda compuesta nuevamente por cinco jueces, aunque el proceso legislativo para la ratificación de Lijo y García-Mansilla aún sigue pendiente en el Senado. REACCIONES Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron la decisión de inconstitucional. Su directora ejecutiva, Paula Litvachky, dijo que no descartan acudir, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, a los tribunales. “Entendemos que la designación es inconstitucional. La Constitución no habilita al Presidente a decidir unilateralmente cómo conformar la Corte Suprema. El Presidente pretende que el Senado haga un análisis objetivo de las nominaciones, cuando el diseño constitucional dice que esto no es así. Es un planteo falaz. El Senado debe prestar un acuerdo político. El gobierno pretende hacer una demostración de fuerza y dejarle una función raquítica al Senado. Una vez más vemos, como con los DNU, que la administración pretende gobernar a través de hechos consumados”, sostiene Litvachky. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, por su lado, sostuvo que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta porque es una designación que no cumple con los requisitos de la Constitución. Para Gil Domínguez, la Constitución habilitaría a designar en comisión solo ante circunstancias extraordinarias: si la Corte se quedara sin integrantes o con uno o dos miembros –lo que haría imposible dictar fallos, ya que se debe conformar mayoría de tres votos–, si se produjera una vacante durante el receso del Senado y si existieran casos urgentes para ser resueltos. Nada de esto se ve en estas circunstancias. El excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, lo calificó como un retroceso institucional que afecta seriamente la independencia judicial. “Los argumentos que se dan son absolutamente inatendibles”, opina. “No es que el Senado tenga la obligación de prestarle acuerdo al presidente de la República, tiene que llegar a un consenso respecto de los nombres, por eso se exige una mayoría tan calificada. Pero no es que el presidente les dio la oportunidad, y como no le prestaron el acuerdo, puede hacerlo por decreto”, destaca. SOBRE LOS DESIGNADOS El 28 de agosto pasado, la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP) le preguntó a García Mansilla si él hubiese aceptado una designación en comisión como Rosatti y Rosenkrantz. –Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque, más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste este tipo de decisiones– se atajó el candidato. Sin embargo, Milei lo puso en la misma situación. De 54 años y nacido en Bariloche, García Mansilla es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Se graduó como abogado en la Universidad del Salvador. Hizo una maestría en Georgetown con una tesis sobre la crisis de separación de poderes en la Argentina. Bien podría usar su designación para la Corte como un caso de estudio. En varias ocasiones, se pronunció en contra del hiperpresidencialismo y afirmó que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) –a los que su promotor en la Corte es afecto– destruyeron la separación de poderes. Al momento de impugnarlo, el CELS marcó que se oponía al fallo FAL porque entendía que las mujeres aún habiendo sido violadas, si no sufren algún tipo de discapacidad mental, no tienen derecho al aborto. También le cuestionaron su desdén por las audiencias públicas en la Corte, a las que consideró “populismo judicial”. Lijo, de 56 años y egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es un nacido y criado en Comodoro Py. Se forjó una carrera en la Cámara Federal porteña bajo el ala de Luisa “Piru” Riva Aramayo, una de las primeras jefas políticas de los tribunales de Retiro. Concursó y consiguió en 2004 que Néstor Kirchner lo designara al frente del Juzgado Federal 4. Lijo hizo trascender que pretende tomarse licencia de su juzgado. No quiere renunciar y perder su cargo si en un año no consigue el aval del Senado para permanecer en la Corte. El pedido de licencia debe pasar primero por la Cámara Federal porteña –donde decían que aún no habían recibido pedido alguno– y luego por el máximo tribunal. Si los supremos no le habilitaran la licencia extraordinaria, Lijo podría declinar su nombramiento para la Corte. La intención de máxima de Milei es que el próximo sábado 1 de marzo, cuando abra las sesiones ordinarias del Congreso, estén Rosatti, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, García Mansilla y Lijo sentados cerca de él. Una Corte sin lugar para las mujeres y con mucho espacio para las luchas intestinas. Habrá que ver si dan los tiempos porque Rosatti tendría que tomarles juramento a los recién llegados. “Silencio total”, contestó una fuente del cuarto piso del Palacio de Justicia.
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