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» El Ciudadano
Fecha: 25/02/2025 22:52
Juan Aguzzi En el sendero fatal de las tropelías cometidas por el gobierno nacional, el escándalo de la criptomoneda lanzada por el presidente –que disparó su cotización en minutos y en el mismo tiempo se volatilizó dejando un reguero de estafados que se cuentan de a miles– no viene sino a sumarse a otras, en realidad más terribles que esta, y que tiene que ver con pérdida de vidas, pero que la negativa a conformar una comisión investigadora en el Congreso nacional corona de una manera impúdica. Quitar los medicamentos esenciales a los enfermos crónicos y a los que los necesitan en virtud de cuidados paliativos –se dice que el actor Atilio Veronelli, recientemente fallecido, tuvo inconvenientes para acceder a ellos cuando padecía una enfermedad compleja desde hacía tiempo–; restringir al máximo la ingesta indispensable de medicación a jubilados con padecimientos de todo tipo, causando más muertes todavía, en lo inmediato o en un futuro próximo –y si no es por esto último, será por los palos de las fuerzas represivas que reciben en cada protesta–; la negativa a proveer de alimentos a los comederos infantiles, impactando directamente en el desarrollo de los niñes con la carencia de proteínas y vitaminas indispensables, algo que devendrá en desnutrición; el desmantelamiento de áreas estatales indispensables para la defensa de los abusos –que en muchos casos conducen a la muerte– padecidos por las diversidades, y podría seguirse mencionando las profundas heridas provocadas por la inhumanidad de Milei y los esbirros que gobiernan, se convirtieron en lúgubres escenas del tenebroso presente. Ahora bien, ¿quiénes permitieron y permiten que este sujeto dañe de modo inaudito –en el sentido de que se trata de una etapa donde en teoría no estaría suprimido el estado de derecho– el tejido social? No sería justo mencionar solamente aquí a los votantes de LLA, toda vez que las expectativas puestas en la figura de quien gobierna fueron lícitas –de todos modos ya no pocos manifiestan su desasosiego por ver cortadas de cuajo cualquier aspiración a ese cambio que imaginaron–, empujadas esas intenciones de voto por el hartazgo de una forma de hacer política –la que sostiene privilegios del poder concentrado y no distribuye–, sino que sería más acertado señalar al poder legislativo, por lo menos a buena parte de los diputadxs y senadorxs –a los que el presidente llama “ratas inmundas de la política”, es decir, esa casta a cuyos integrantes echaría “a patadas en el culo”– que avala, consiente y da facultades extraordinarias al émulo de emperador de pacotilla para que lesione sin contemplaciones el cuerpo social. Era lógico que diputadxs y senadorxs del PRO acompañaran en su mayoría los proyectos del ejecutivo, toda vez que son los que permitieron que LLA llegue al poder, y porque se babeaban imaginando que ahora sería posible hacer lo que en la administración de Macri quedó trunco. Pero hay otros indispensables para llevar a cabo la carnicería oficial, se trata de quienes desertando de cualquier orgullo, tradición e historia que pudiera albergar su sector político, facilitan la tarea del gobierno de la motosierra o impiden cualquier tipo de investigación legislativa a la por estas horas escandalosa estafa perpetrada por Milei y sus secuaces. Sí, con ustedes, diría un presentador, los congresales radicales y sus jefes, los gobernadores de ese signo, que exigen obediencia debida a sus congresales. No solo no les bastó aprobar el ignominioso decreto 70/23 para desguazar al estado y desregular las relaciones económicas entre empresas y consumidores, hoy explicitada en una escalada sin fin de aumentos de tarifas, de alquileres, de transporte, desfinanciamiento de la cultura, ciencia y tecnología, sino que además, poniendo en evidencia ser receptores de sobornos o aprietes desde el oficialismo –aunque pertenece a un sector del justicialismo el caso del senador Kueider, preso por contrabando en Paraguay, es el mascarón de proa de lo obsceno de la política mileísta–, se acaban de negar a conformar una comisión investigadora sobre los ilícitos cometidos en el affaire de la cripto-estafa, que había sido propuesta por el senador radical correntino Eduardo Vischi, quien, cuando faltaba un voto para aprobarla, lo ejerció en contra de su mismo proyecto. Además del mencionado Vischi votaron en contra Víctor Zimmerman, de Chaco; Eduardo Galaretto, de Santa Fe; Stella Maris Olalla, de Entre Ríos; Mariana Juri, de Mendoza, y Mercedes Valenzuela, de Corrientes, todos radicales, si es que todavía insisten en llamarse así y no “ensobrados” o las “caras de la miseria” como les iría mejor por sus conductas abyectas –lideradas por el cordobés Rodrigo De Loredo– que, como dicen algunos otros correligionarios, no es que traicionen ningún mandato, sino que siempre fueron “eso”, porque el “sobre” solo se ofrece a quienes se sabe que pueden tomarlo. En la trastienda del voto de los senadores radicales están los gobernadores que imparten órdenes a sus subordinados. Se impone otra vez, entonces, el interrogante, ¿hasta cuándo tolerar este blindaje al títere de Trump y Musk –que lo descartarán como un pelo en la solapa cuando ya no les sirva–, que vocea “de la Argentina pueden esperar cualquier cosa” ante un auditorio –el del BID– que se divierte oyendo decir al excéntrico argento que un “imbécil mal nacido” lo está llamando en ese preciso momento mientras se escuchar el ring, ring de su teléfono?, ¿qué paso hay que dar con dirigentes a la cabeza o sin ellos para enrostrar a los congresales adictos al poder que están cumpliendo un rol infame y destrozando el pacto democrático? Justamente porque ni se inmutan cuando el ejecutivo los saltea al no conseguir el acuerdo para tratar los pliegos de nombramiento de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla y termina designándolos por decreto, argumentando ladinamente que “el gobierno nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino”. El aguante social a la descomposición alcanza límites insospechables, mientras “las caras de la miseria” continúan convalidando en el Congreso la destrucción sistemática de cualquier presente digno.
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