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» El litoral Corrientes
Fecha: 25/02/2025 20:06
En una decisión que derivará en varias polémicas, el presidente Javier Milei comunicó que designará por decreto simple, en comisión, al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema. “El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”, señala el comunicado de la Oficina del Presidente. “El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, concluye el comunicado. La versión sobre la inminente firma del decreto surgió en medio de la reunión de gabinete convocada por el Presidente esta mañana. Después de muchos meses, y por primera vez en el año, Milei tuvo asistencia puntual y perfecta de los miembros de su equipo. Mauricio Macri había utilizado la misma herramienta en 2016 para ungir a Horacio Rosatti y a Carlos Rosencrantz como jueces de la Corte, pero finalmente los jueces asumieron con el aval de los dos tercios del Senado, que esta vez el Gobierno no consiguió para los postulantes que promovió. El Ejecutivo enfrenta en el máximo Tribunal demandas de una docena de provincias por montos multimillonarios. Distritos de todos los colores políticos reclaman por fondos suspendidos por la administración de Milei: desde el pago a las cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la ANSES hasta el fondo de seguridad de bonaerense, que votó el Congreso en 2021, o la coparticipación adeuda a la Ciudad. El comunicado oficial de Presidencia recordó que la herramienta para nombrar a funcionarios de otros poderes y de entes autárquicos que requieran el acuerdo del Senado en comisión ya había sido utilizada por otros mandatarios. "Ha sido ejercida a lo largo de 171 años de historia por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsin, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema", reza el texto. A cuatro días de que el Presidente inaugure frente a la Asamblea Legislativa las sesiones ordinarias del Congreso, el Gobierno lanzó una crítica por elevación a la Cámara Alta. "En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores (...) Durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República.", señaló el texto oficial. El nombre de Lijo, que tanta resistencia genera entre los bloques aliados a la Casa Rosada, pero fue el único cuyo dictamen alcanzó las firmas necesarias para ser tratado en el recinto, fue una propuesta de Ricardo Lorenzetti (como reconoció el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona) al Gobierno para equilibrar el poder en el máximo tribunal. Había sido tanteado por otros candidatos presidenciales y el Ejecutivo barajó la posibilidad de anunciarlo en enero de 2024. Finalmente lo oficializó en marzo junto al de García Mansilla, que escuchó el ofrecimiento de la boca de Santiago Caputo, según él mismo contó durante su presentación en el Congreso. Precisamente, los negociadores del asesor preferido de Milei tendieron puentes con el kirchnerismo en la Cámara Alta y en materia judicial. El viceministro de Justicia Sebastián Amerio y Manuel Vidal estrenaron puentes y contactos subterráneos con el senador Eduardo “Wado” de Pedro y con el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena. En junio de 2024, en una entrevista con Clarín, el jefe de Gabinete Guillermo Francos puso arriba de la mesa la posibilidad de ampliar la Corte, una alternativa que seducía al kirchnerismo y a los gobernadores. La necesidad de sumar juezas -mujeres- en la Corte puede ser la llave para que el Máximo Tribunal crezca en su composición por encima de los 5 miembros. Algunos gobernadores de provincias relevantes, que hasta el momento tampoco habían puestos reparos con los postulantes que promueve el Ejecutivo, señalaban que el Máximo Tribunal necesitara una composición más federal. En el Ejecutivo recuerdan que para reinstalar la composición de 7 miembros solo es necesaria una ley de mayoría simple, como la que impulsó Cristina Kirchner para reducir el cuerpo en 2006 o Carlos Menem para llevarla a 9 -el número mágico, otra vez- en 1990. Consultado por Clarín, el jefe de Gabinete Guillermo Francos habilita una ampliación de la Corte. "Uno puede pensar que la Corte en su actual composición por ahí necesita más integrantes, ¿no? Pero yo supongo que eso será una decisión política del Presidente de la Nación que la tendrá que expresar en su momento. Hoy no ha planteado el Presidente una decisión de incrementar los miembros de la Corte aunque pueda tenerla", responde. Javier Milei le prometió, en agosto, a Mauricio Macri en una cena reservada en Olivos que no habilitaría esa posibilidad. “Mi posición siempre fue la de no ampliar la Corte”, tranquilizó el jefe de Estado a su antecesor. Caputo, mientras tanto, mandó a decir una y otra vez que no concentraba sus expectativas en los 33 senadores de UxP sino en el resto de los legisladores. El escándalo de Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por haber querido cruzar US$ 211 mil sin declarar fue un terremoto político, pero abortó las conversaciones. El Gobierno ya había dejado correr que el retiro de Juan Carlos Maqueda que redujo de 4 a 3 miembros la integración de la Corte era de “gravedad institucional” y justificaba el nombramiento en comisión de los jueces vía DNU. Puertas adentro de Balcarce 50, reconocían que Lijo no estaba dispuesto a ser designado por DNU, hasta que el magistrado -también observado por la vicepresidenta Victoria Villarruel públicamente- envió señales en sentido contrario. En el triángulo de hierro del Presidente prometían en noviembre que la Corte volvería a tener una composición de 5 miembros antes de fin de año. Los operadores de la política judicial del oficialismo se habían abrazado a la idea de que la moneda de cambio con los gobernadores y el kirchnerismo serían los nombramientos de los 150 jueces federales, además de los fiscales y los defensores públicos que faltaban designar. Nada de eso sucedió. El jefe de Gabinete fue el encargado de contestar la acordada de la Corte, impulsada por Rosatti y Rosencrantz, que habilitaba a nombrar conjueces. “Cuesta creer que podamos tener una Corte con tres miembros. Es lamentable que tenga 15 o 20 años para dictar una sentencia. El Presidente lo tiene en la cabeza y lo utilizará en el momento que corresponda; es una decisión de él. Sabe que la Constitución lo habilita. Él decidirá si lo utiliza o no”, advirtió Francos. En los primeros días de 2025, en algunos de los despachos más importantes de la Rosada dejaron trascender que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar la incorporación de uno solo de los candidatos para conformar una Corte de 4 miembros. “Podríamos insistir con el segundo pliego más adelante, en marzo o el año próximo”, se sinceró un estrecho colaborador del Presidente. Duró poco, enseguida volvieron a abrazarse a su mantra. “Son los dos o ninguno”. (Con información de La Nación y Clarín)
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