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» LT10 Digital
Fecha: 24/02/2025 19:50
Mientras que algunos bloques quieren derogar la medida, a la que rechazan de plano, otros quieren auditar el proceso. El antecedente de la Ley bases. Tras conocerse el decreto que convirtió al Banco Nación en una Sociedad Anónima, la oposición toma cartas en el asunto y busca ponerle un freno desde el Congreso. Por LT10, el diputado nacional, Esteban Paulón, dijo que "ya habían planteado con otros bloques en el debate de la ley Bases, excluir al Banco Nación del listado de empresas a privatizar, y habíamos logrado detener estar esta avanzada que había implementado el gobierno, fundamente pensando en entregarle el banco a Black Rock, un fondo de inversión de los más importantes en el mundo". "Uno presume que acá hay un negocio o compromiso del gobierno con estos fondos", señaló Paulón. El legislador indicó la intención es "impulsar que las acciones del Banco Nación, que ha sido transformado en sociedad anónima, queden en poder del Estado. Y vamos a impulsar la derogación de este decreto que no tiene ningún anclaje en la realidad ni en la necesidad de una Argentina productiva que hoy más que nunca necesita crecer y generar empleo”. “Esperemos que sí (se pueda frenar el DNU), porque detrás de la discusión del Banco Nación hay un nuevo intento del Gobierno de llevarlo a la privatización, y se esconde la idea de la falta de un plan productivo”, señaló. Y añadió: “Porque la banca pública está al servicio de un modelo de país. Que puede estar orientado a las estafas cripto o al apoyo a los productores”. El antecedente de la Ley bases “Hay una intención concreta del Gobierno de mostrarle al Fondo Monetario Internacional que quieren ir hacia una privatización, más allá de que todavía no está el consenso para la ley”, opinó Paulón en diálogo con este medio. Vale recordar que en la versión original de la Ley bases, el Banco Nación estaba incluido entre las más de 40 empresas estatales que el Gobierno buscaba declarar “sujetas a privatización”, pero la oposición lo rechazó. Finalmente, esta firma, junto con una treintena de empresas, quedaron afuera del texto sancionado. En aquella instancia, se habían reunido más de un millón de firmas en contra de la privatización.
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