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  • Farmacéuticos y veterinarios se enfrentan por la normativa que regula la prescripción de antibióticos a las mascotas

    » Diario Cordoba

    Fecha: 24/02/2025 11:51

    El Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y que regula la obligación de comunicar las recetas de antibióticos en mascotas no solo ha provocado un enorme malestar entre los profesionales, que ya han anunciado que el próximo 5 de marzo se manifestarán en Madrid, sino que ha abierto un enfrentamiento con los farmacéuticos. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) reivindica este lunes que se cumpla la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios según la cual el farmacéutico "es el profesional habilitado para la adquisición, custodia, conservación y dispensación de todos los medicamentos sujetos a prescripción, tanto los de uso humano como veterinario". La Ley, en sus artículos 3, 38 y otros concordantes establece "un régimen de incompatibilidades de tal forma que el prescriptor (veterinario o médico) no pueda asumir a la vez el rol de dispensador y viceversa", señala FEFE. Todo ello con el fin de evitar cualquier posible conflicto de interés, "salvaguardando la independencia establecida legalmente". FEFE recuerda que los farmacéuticos son profesionales sanitarios que desempeñan en zonas rurales, ciudades y comunidades "una labor esencial y de servicio público, rigurosa y comprometida con el cuidado de la salud, tanto de las personas como de todo tipo de animales" y se suma a las reivindicaciones ya planteadas por otras entidades del sector como el Consejo General de Farmacia, colegios profesionales, distribución farmacéutica, y la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar). Esta sociedad también ha emitido un comunicado en el que subraya la importancia de la farmacia rural en la dispensación de medicamentos de uso animal y advierte sobre los riesgos que supondría que los propios prescriptores veterinarios asumieran esta función. En este sentido, la entidad considera que la posibilidad de que los veterinarios dispensen directamente los medicamentos que prescriben "supondría un retroceso que iría en perjuicio de nuestros pacientes y de la salud pública". Exceso de burocracia Colegios veterinarios de toda España apoyaban el 11 de febrero un paro simbólico en buena parte de las clínicas de todo el país en protesta por el malestar existente por el sistema creado para controlar el uso de antibióticos en pequeños animales. Indican que les obliga a un exceso de burocracia que está provocando retrasos en tratamientos urgentes, limitación del criterio clínico profesional o costes inasumibles para los propietarios. "En lugar de centrarnos en salvar vidas, pasamos horas gestionando documentación", señalan. PRESVET es el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos, explican desde la Organización Colegial Veterinaria (OCV). Es una herramienta para la monitorización y la vigilancia de las prescripciones que se realizan de antibióticos tanto en las explotaciones ganaderas como en animales de compañía, con el fin de poder adoptar las medidas que se precisen para su control. La asamblea general de presidentes de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), reunida el 14 de febrero en Madrid para analizar y valorar la situación creada tras la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, acordaba reclamar una moratoria de la obligación de notificación a PRESVET de las prescripciones de antimicrobianos y una derogación del régimen sancionador (multas), junto a otras reivindicaciones recogidas en un documento aprobado por unanimidad. Estoy viviendo en mis propias carnes el horror de esta ley. Entiendo que tiene un buen fondo, la regulación del correcto uso de los antibióticos siempre es necesaria, pero desde mi punto de vista las formas no son las adecuadas. Siempre del lado de los veterinarios. https://t.co/biGP1dsYuB — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) February 23, 2025 LA OCV ha solicitado la modificación del Real Decreto "porque limita esencialmente la actividad del veterinario y, concreta y particularmente, "a la hora de prescribir medicamentos en base a la evidencia científica y al propio juicio del profesional". Considera que "restringe injustificadamente el acceso a los tratamientos de los animales, poniendo en peligro su estado sanitario y bienestar y la Salud Pública y, porque, en definitiva, las decisiones sobre la salud animal deben tomarse con criterio veterinario y no administrativo".

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