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  • El Gobierno convierte a Yacimientos Carboníferos Río Turbio en Sociedad Anónima, siguiendo el paso dado con el Banco Nación

    Concordia » Hora Digital

    Fecha: 24/02/2025 09:43

    Esta madrugada se publicó en el Boletín Oficial el decreto 115/2025 que afecta al complejo minero de Santa Cruz. Dentro de este plan se contempla su saneamiento con el objetivo de proceder a su posterior privatización, no obstante, se están generando tensiones con las autoridades provinciales. Tras la privatización del Banco Nación, es el turno de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), una empresa estatal, de prepararse para su proceso de desestatización propuesto por Javier Milei. Con miras a su venta a privados, el Gobierno la ha convertido en una Sociedad Anónima, al igual que lo hizo la semana pasada con el banco público. YCRT es una de las nueve entidades estatales que el oficialismo ha conseguido, con dificultad, incluir en la Ley Bases como organizaciones públicas susceptibles de ser privatizadas o concedidas. Como se había adelantado en Infobae, la decisión se materializó esta madrugada con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 115/2025, firmado por el Presidente el domingo. Este decreto, elaborado por Diego Chaher, responsable de acondicionar las empresas estatales para su posterior venta, establece que el 95% de las acciones serán representadas por la Secretaría de Energía y el 5% restante por la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía. Así, será responsabilidad del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, tomar las decisiones necesarias para facilitar la transición prevista. En lo que respecta al personal de la empresa, se aseguró que la sociedad mantendrá una relación laboral bajo el derecho privado, sujeto a las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Antes de tomar la decisión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se aseguró de informar al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, sobre la medida. El yacimiento de YCRT, ubicado en esa provincia, ha estado funcionando de manera intermitente durante años, a pesar de ser un importante generador, explotador, transportador y comercializador de carbón desde mediados del siglo pasado. El Gobierno procuró evitar desavenencias con el siempre inestable gobernador de la región Sur, con quien la relación varía según la coyuntura y el tema en cuestión, y del cual el oficialismo depende para obtener la aprobación de sus propuestas en el Congreso. Aún no se ha definido el momento de la venta, habiendo tres grupos interesados en adquirir la empresa. Por el momento, se enfocarán en sanearla, presentando los balances contables a la Inspección de Justicia, actualizando los reglamentos internos, entre otras acciones. Se proyecta un camino largo por delante, según fuentes del Gobierno. En este contexto, el decreto establece un plazo de 60 días, prorrogable por única vez hasta 30 días más, para que Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima presente a la Secretaría de Hacienda su presupuesto correspondiente al año en curso, reduciendo al mínimo indispensable los aportes que el Tesoro nacional deberá transferir para cubrir las necesidades financieras que no puedan ser cubiertas con los recursos propios de la empresa. Se le otorga el mismo plazo para presentar un plan de inversiones que permita cumplir con su objetivo social en condiciones operativas esenciales. YCRT enfrenta una crisis que combina problemas estructurales, económicos y políticos. La compañía, que fue dirigida por Aníbal Fernández durante la gestión de Alberto Fernández, incluye una mina de carbón y dos plantas de energía. Desde hace varias administraciones, se encuentra en una situación crítica debido a la alta cantidad de trabajadores, la falta de inversión, problemas administrativos y manejos irregulares. Hace dos meses, el jefe de Gabinete despidió a Thierry Decoud, vinculado a Mauricio Macri, por sospechas de corrupción. Fue luego de que dos de sus colaboradores fueran investigados por solicitar un retorno en su nombre para una operación con una empresa israelí. En su reemplazo, designaron a Pablo Sebastián Gordillo Arraigada, cercano al gobernador Vidal, en lugar de alguien vinculado al expresidente. Según fuentes cercanas, la decisión del gobernador de asumir un rol político fue para influir en el proceso de transformación de la empresa. En la Provincia, se sospecha que Vidal intentará que Santa Cruz asuma la responsabilidad de la mina y de los empleados, mientras que la planta, principal fuente de ingresos potenciales, pasaría a manos privadas. Esta situación ha generado tensiones políticas, especialmente tras la designación de Gordillo. Uno de los principales desafíos que enfrenta YCRT es el elevado número de empleados, una carga laboral excesiva para una operación que no funciona a plena capacidad. Este problema se remonta a la gestión de Daniel Peralta, que había firmado acuerdos con los sindicatos para evitar conflictos laborales, resultando en una sobrepoblación de personal que se convirtió en un problema económico. A pesar de todo, la mina sigue siendo vital para dos comunidades locales que dependen directamente de su actividad. A pesar de las dificultades, el carbón extraído por YCRT tiene una demanda significativa en el mercado internacional, especialmente en países como China, que requieren grandes cantidades para sus actividades industriales. Sin embargo, la producción actual no alcanza los niveles necesarios para satisfacer estas demandas. Se estima que China exige una producción mínima de 30,000 toneladas, mientras que YCRT, en el mejor de los casos, solo alcanzaría las 20,000 toneladas. Además, la ubicación geográfica, a 300 kilómetros del mar, dificulta la logística de exportación. El transporte del carbón desde la montaña hasta el puerto incrementa los costos y reduce la competitividad del producto en el mercado internacional. Antes de la publicación del decreto, expertos locales sugirieron la posibilidad de implementar un plan de subsidios a largo plazo por parte del gobierno nacional para mejorar la maquinaria, aumentar la producción y garantizar un ciclo productivo sostenible. Sin embargo, esta opción fue descartada ya que podría aumentar el déficit. La intención de Milei al privatizar YCRT es precisamente contribuir a su reducción.

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