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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 22/02/2025 08:03
La medida responde a una denuncia presentada por legisladores de la Coalición Cívica sobre una deuda de 90 millones de dólares que el Estado Nacional mantiene con la compañía y que podría haber influido en la fallida licitación para el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay. Puede interesarte Un proceso licitatorio fallido y la sospecha de irregularidades Uno de los puntos más controvertidos de los pliegos elaborados por el Ministerio de Economía establecía que la empresa adjudicataria de la concesión debería abonar al gobierno la suma adeudada para cancelar el pasivo registrado. Esto generó incertidumbre entre las firmas interesadas y terminó por desalentar la participación de varias multinacionales en la compulsa. El fiscal Marijuan busca determinar la responsabilidad de funcionarios de gestiones previas en la acumulación de la deuda y en la administración de la Vía Navegable Troncal (VNT), una infraestructura clave por donde transita el 80% de las exportaciones argentinas. Puede interesarte Señalamientos de la Coalición Cívica Las diputadas Paula Oliveto, Mariana Zuvic y los legisladores Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López pusieron en duda la eficiencia de la gestión estatal y señalaron que "si el Estado estuvo a cargo del cobro de peajes y la dirección de obras, pero terminó perdiendo dinero, es necesario investigar si en el caso de la empresa Cía. Sudamericana de Dragados S.A./ Jan de Nul/ Hidrovía sucedió lo mismo". Según los denunciantes, "sin una pericia técnica específica, se concluye que la administración pública de la VNT resultó deficitaria, lo que sumado a la deuda de USD 90 millones podría derivar en responsabilidades penales". Puede interesarte Exfuncionarios bajo la lupa La denuncia apunta contra integrantes del anterior gobierno del Frente de Todos, incluyendo al expresidente Alberto Fernández y a exministros de Transporte como Diego Giuliano y Alexis Guerrera. También se menciona a José Carlos Mario Beni, exinterventor de la Administración General de Puertos (AGP), junto a otros exfuncionarios como Patricio Hogan, Abel Nicolás De Manuele y Ariel Bernardo Sujarchuk. Las acusaciones incluyen posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, peculado y exacciones ilegales. Puede interesarte Respuestas y cuestionamientos El allanamiento a Jan de Nul se realizó el martes 18 de febrero, en un procedimiento en el que los directivos de la firma cooperaron con la Justicia federal. En medio de la polémica, Iñaki Arreseygor, Director Ejecutivo de Puertos y Vías Navegables y responsable de la fallida licitación, cuestionó a la Coalición Cívica y los tildó de "denunciadores seriales". También señaló vínculos entre estos legisladores y el Estudio Cagane, un buffet de abogados relacionado con Sergio Massa, que intervino en impugnaciones contra la dragadora belga DEME, única oferente de la licitación. Por su parte, el diputado Ferraro criticó la gestión del Gobierno en este proceso: "Hubo improvisación, negligencia e impericia. Estamos en febrero de 2025 con una licitación cancelada y un dictamen durísimo contra el proceso". Ferraro presentó una serie de preguntas al Ejecutivo sobre las expectativas de participación empresarial en la licitación, los motivos de la deserción de oferentes, la duración de la concesión y la exclusión de uniones transitorias de empresas, entre otras cuestiones. Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales. Puede interesarte Un escándalo que suma incertidumbre La investigación judicial sobre la hidrovía se suma a la incertidumbre sobre el futuro del dragado y balizamiento de la VNT. Mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta dificultades para concretar una nueva licitación, Jan de Nul sigue operando en el mantenimiento de la ruta fluvial. La causa sigue abierta y podría derivar en nuevas imputaciones en las próximas semanas.
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