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» Diario Cordoba
Fecha: 20/02/2025 17:35
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha impuesto al exministro José Luis Ábalos la obligación de comparecer ante la Secretaría de la Sala de lo Penal cada 15 días y la retirada de pasaporte, lo que supone la prohibición de salir del país. Las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del PP, se habían adherido a esta petición de la Fiscalía al término de la comparecencia este jueves del diputado del Grupo Mixto, quien ratificó en lo esencial la declaración que realizó el pasado 12 de diciembre sobre su relación con la denominada trama Koldo, liderada por el comisionista Víctor de Aldama. José Luis Ábalos a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca La defensa del investigado, que ejerce el letrado José Aníbal Álvarez, se había opuesto a la adopción de las medidas cautelares interesadas, alegando que no existen indicios de criminalidad contra su defendido, que ha comparecido a declarar voluntariamente en la causa, por su condición de diputado y por la circunstancia, declarada hoy ante el juez, de que carece de cualquier clase de bienes en el extranjero, lo que a su juicio excluye el riesgo de fuga. Al término de la comparecencia, el abogado había también recordado que su cliente es diputado, y que, por lo tanto, acude todas las semanas al Congreso. Por eso, este letrado ha advertido de que si decretara el juez cualquier medida cautelar contra Ábalos sería la primera vez en la historia de la democracia que un instructor las establece contra un parlamentario. En el auto en el que adopta esta decisión, el juez Leopoldo Puente le imputa indiciariamente los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, pero elimina de su auto la malversación que le atribuía en sus primeras resoluciones. Medidas "razonables" El juez considera, sin embargo, medidas cautelares de naturaleza personal que han sido interesadas por las acusaciones “no es solo que resultan precisas, en atención a la particular gravedad de los hechos delictivos que se le atribuyen, con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pueda en lo porvenir sustraerse a la acción de la justicia y que comparecerá en la causa cuando fuere llamado, sino que también resultan plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria, máxime cuando, conforme explicó su propio letrado, don José Luis Ábalos no tiene previsto ni precisa emprender viaje alguno al extranjero”. "Beneficiado económicamente" Apunta igualmente a la existencia de indicios de que, "al menos, don José Luis Ábalos pudiera haberse beneficiado económicamente con el pago, por parte del investigado señor De Aldama o de personas terceras por él interpuestas, de los alquileres de la vivienda en la que residía quien fuera entonces la pareja sentimental de aquel", en clara referencia a Jésica Rodríguez. Igualmente, apunta que también que podría haber concertado, previa compra realizada por una empresa tercera a indicación del señor Aldama, el alquiler con opción a compra de un chalet en la costa; y obtenido también del señor Aldama un contrato de alquiler, igualmente con opción a compra, de un piso de unos 250 metros cuadrados en Madrid, en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros), aparentemente muy inferior al de mercado". El juez había citado a Ábalos por segunda vez después de que el Congreso concediera autorización para investigarle, imprescindible para poder proceder contra él dada su condición de aforado. En su auto el juez anunciaba expresamente la celebración de una vistilla para la posible imposición de medidas cautelares que pudieran solicitar las partes personadas. Fuentes jurídicas señalan que la petición de Anticorrupción se correspondía, en todo caso, con las mismas medidas ya impuestas a otros investigados en la causa, como el comisionista Víctor de Aldama y el que fuera asesor ministerial de Ábalos que da nombre a la trama, Koldo García. Durante su comparecencia Ábalos solo ha respondido al juez Leopoldo Puente, al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y a su letrado, José Aníbal Álvarez. Básicamente, ha incidido en lo que manifestó en su primera declaración, la que accedió a hacer de forma voluntaria antes de que el Congreso hubiese concedido el suplicatorio cursado por el magistrado. Entonces rechazó señalar a otros cargos socialistas por su posible implicación en la trama y negó el cobro de comisiones. Este jueves ha desvirtuado las últimas manifestaciones vertidas contra él por Adama. José Luis Ábalos a la salida del Tribunal Supremo. / José Luis Roca Así, ha negado su presencia en pisos "con señoritas" y ha mostrado su enfado por las noticias que le señalan en este sentido y que han hecho que a su salida del alto tribunal fuera increpado con gritos aislados de "corrupto" y "putero" por algunas de las personas que le aguardaban. No obstante, fuentes de las acusaciones han asegurado a esta redacción que el exministro no fue contundente en su negativa, porque no recordó haber estado en esos pisos, y tampoco haber acudido a la zona de Madrid en la que uno de ellos está situado, en el céntrico barrio de Salamanca. Sobre su patrimonio, y en espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presente el informe que el juez ha requerido sobre él y su hijo Víctor, Ábalos se ha limitado a negar cualquier irregularidad y a señalar que únicamente cuenta con un piso y un local en Valencia. Ha explicado, en este sentido, que sus ingresos proceden de su salario como ministro, una indemnización del Congreso de aproximadamente 2.000 euros mensuales, y rentas de dos alquileres: un bajo en Valencia (comprado en 1993) y otro inmueble arrendado a Koldo. Tras su etapa como ministro, sus ingresos han provenido únicamente de la indemnización del Congreso, colaboraciones en tres tertulias y, ocasionalmente, el alquiler de un chalet que posee junto a su esposa. Preguntado por Delcy Durante su declaración, en la que el fiscal Alejandro Luzón no ha realizado ninguna pregunta, ha contestado a las formuladas por el magistrado Puente en relación, por ejemplo, con el episodio de la llegada al aeropuerto madrileño de Barajas el 20 de enero de 2020 de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, momento en el que Ábalos ha reconocido su presencia dentro de la aeronave para tratar de gestionar la situación. Las fuentes consultadas explican que la pregunta del magistrado sobre estos hechos se produce después de que el comisionista Víctor de Aldama informara al Supremo de que había alquilado una vivienda para Delcy Rodríguez en la Calle Oquendo de Madrid. El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos (c) llega a declarar al Tribunal Supremo, a 20 de febrero de 2025, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press Igualmente, se le ha interrogado sobre si tenía inmuebles en el extranjero, lo que el exministro ha utilizado para asegurar, como ya hizo en la red social X, que la propiedad en Perú que se le ha atribuido en una información periodística es de una fundación de ayuda al desarrollo para la que él, en nombre de la misma, adquirió el suelo hace más de tres décadas. Además, ha explicado que el edificio es propiedad de un Ayuntamiento, y ha considerado que esta operación no tendría ningún vínculo con Aldama. También ha negado disponer de testaferros. Las fuentes presentes en la declaración han señalado que Ábalos ha calificado como "grave" una supuesta filtración de datos relativos a su expareja Jesica R. Su letrado ha apuntado que solo han podido salir del teléfono móvil de Koldo García, cargando de esta forma contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cuerpo policial que ha analizado el contenido del terminal. También ha asegurado Ábalos que "agradece" la investigación, y que incluso "la necesita". Sin embargo, el magistrado le ha afeado que "la necesita pero la recurre”. Además, el juez le ha recordado que ha concedido entrevistas, una de ellas a este diario. El ahora diputado del grupo mixto llegó al Tribunal Supremo en taxi apenas media hora de su cita ante el instructor de la causa en la que se investigan las irregularidades presuntamente cometidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Lo hizo, como la vez anterior, acompañado de sus abogados. Su declaración ha sido tan breve que hasta con la vistilla su comparecencia no se prolongó más de 40 minutos. Al recurrir la citación, el letrado José Aníbal Álvarez criticaba la "animosidad" y "predisposición" por tomar una decisión "de naturaleza grave" sobre la libertad del ex responsable de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando declaró en diciembre, Ábalos evitó señalar a ningún miembro del Gobierno en relación con la trama comandada por Víctor de Aldama y negó asimismo el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública de las que el comisionista asegura tener pruebas, aunque los documentos son meros listados de obras con añadidos manuscritos sobre las empresas a las que debían adjudicarse que el considerado nexo corruptor de la trama atribuye a su asesor Koldo García, que se ha sometido a una prueba caligráfica para comprobar este extremo.
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