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» Comercio y Justicia
Fecha: 20/02/2025 00:35
El Juzgado de Competencia Múltiple de Corral de Bustos – Ifflinger sancionó con una multa a una compañía de seguros por “litigante malicioso y abuso del derecho”, según lo estipulado en el artículo 83 del Código Procesal Civil. La empresa negó la mecánica del accidente y atribuyó la colisión a la impericia del otro conductor, pese a que su propio asegurado había admitido haberlo embestido y no presentó ninguna prueba que respaldara su versión. El juez Claudio Daniel Gómez consideró que la aseguradora utilizó el proceso judicial con fines ajenos a los previstos por la ley y el protocolo de actuación, incurriendo en un claro abuso del proceso. Un accidente con responsabilidad clara El siniestro ocurrió en la intersección de Bv. Italia y Presbítero González, en Corral de Bustos. Según el demandante, el otro vehículo lo impactó cuando ya se encontraba a mitad de calzada, a pesar de que en la arteria Presbítero González había una señal de “pare” que le otorgaba prioridad de paso. Esta versión fue corroborada tanto por la denuncia realizada por el otro conductor ante su aseguradora como por una pericia mecánica. Sin embargo, la compañía citada en garantía negó expresamente estos hechos sin aportar ninguna prueba en su defensa. Falta de voluntad El magistrado también señaló que la aseguradora no mostró intención de resolver el conflicto en ninguna instancia. A la audiencia preliminar solo asistió una abogada apoderada, frustrando cualquier intento de conciliación, y en la audiencia complementaria ni siquiera se presentó. Además, el juez remarcó que la empresa tenía desde el inicio del proceso la versión real de los hechos proporcionada por su propio asegurado. Pese a ello, optó por sostener una versión sin sustento con el único objetivo de dilatar el cumplimiento de su obligación. “Esta conducta procesal es reprochable, especialmente considerando la función social de las aseguradoras, que deben responder de manera rápida y eficiente ante accidentes de este tipo”, enfatizó el juez. Como resultado, el tribunal no solo hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios, ordenando el pago de $4.247.685, sino que también impuso una multa de $1.850.961 a la aseguradora, equivalente al 30% de la indemnización total.
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