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» El Ciudadano
Fecha: 13/02/2025 15:05
Una pena de quince años de prisión y el pago de una multa de $50 millones pidieron contra Mario Segovia, “el Rey de la Efedrina”, por liderar una asociación ilícita, que dirigió desde la cárcel federal de Ezeiza, que le ofrecía armas y explosivos a bandas narcocriminales de Rosario. El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, pidió en la tarde del miércoles al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata que condene al traficante internacional de precursores químicos, de 50 años, por la importación de partes de armas de gran poder de fuego y de explosivos, que tras su ensamble eran ofertados a bandas narcocriminales que operan en Rosario. En la misma jornada, Iglesias solicitó también la imposición de pena a otros cuatro acusados: 10 años de prisión y una multa de $50 millones para el ex policía de la provincia de Santa Fe, Hernán Jesús Segovia, hermano de “el Rey de la Efedrina”. También 10 años de cárcel y una multa de $30 millones para Gonzalo Rodrigo Ortega, cuñado de Mario. Cinco años y 6 meses de prisión, junto con una multa de $20 millones para Matías Segovia, hijo del principal acusado. Por último, cinco años de prisión y multa de $10 millones para Ezequiel Hernán Bergara, a quien el fiscal acusó de colaborar con el clan familiar desde un lugar de menor responsabilidad. La acusación del Ministerio Público Fiscal para los cinco imputados fue por ser autores del delito de asociación ilícita, Mario Segovia como líder y el resto como miembros. Además, se los acusa de ser coautores de contrabando de importación de un fusil semiautomático, sin marca ni numeración, calibre 5,56 milímetros del tipo m4; tenencia de armas de fuego y materiales explosivos; como también la fabricación ilegal de armas de fuego de manera habitual. Al “el Rey de la Efedrina” y a su hijo se les sumó la acusación como autor y coautor, respectivamente, del delito de acceso sin autorización a correos electrónicos de una agencia estatal. Este delito informático constituyó la base de las actividades de la organización a través del hackeo de las cuentas de correo electrónico de dos docentes de la provincia de Formosa, lo que les permitió relacionarse con empresas extranjeras que comercializan armas y explosivos. “De acuerdo con la acusación formulada, la asociación ilícita funcionó al menos entre septiembre de 2016 y julio de 2021, cuando se realizaron los allanamientos que derivaron en la detención de los cuatro integrantes que operaban en libertad bajo las órdenes emitidas intramuros por Mario Segovia, quien cumple una pena a 17 años y 6 meses de prisión, la cual vence en mayo del año que viene, por tráfico internacional de efedrina y psedoefedrina”, expone el escrito del MPF. Investigación La fiscalía indicó que en septiembre de 2016 las autoridades paraguayas detectaron en el Aeropuerto de Luque una encomienda que provenía de Canadá y que contenía dispositivos para la fabricación de explosivos ocultos en un sobre, una carpeta y un libro. Iglesias sumó que la investigación, que se llevó a cabo tanto en Paraguay como en Argentina, determinó que “el remitente de la encomienda era la empresa canadiense Securesearch INC y que la compra había sido realizada a través del uso de dos casillas de correo electrónico del dominio @formosa.gov.ar, que pertenecían a dos docentes de esa provincia”. El plan, de acuerdo a lo descubierto, “era que el destinatario del paquete en Paraguay se lo diera a una azafata de una empresa de colectivos, quien lo ingresaría a nuestro país y se lo entregaría a uno de los visitantes frecuentes de Mario Segovia en el penal de Ezeiza”. Al detectar que Segovia lideraba todo desde la cárcel, se decidió que la investigación se centren en quiénes utilizaban los correos electrónicos. Con la colaboración del gobierno de Formosa, se verificaron las IP desde donde se conectaba la banda, por lo que la Policía Federal intervino los correos con una «cuenta espejo». El fiscal añadió que, sin embargo, una IP llamó la atención por su localización en una estación de servicio Shell de Rosario, donde funcionaba un cibercafé. Los investigadores pudieron hacer el seguimiento de Matías Segovia, a quien fotografiaron operando computadoras de alquiler a la misma hora en que las cuentas de correo investigadas tenían movimientos. Luego de toda la información obtenida de la investigación, se permitió dar el alerta aduanero respecto de varios sospechosos, para que las autoridades avisaran a los investigadores cuando detectara encomiendas a su nombre. Tras lograr obtener información de que se intentaron realizar otros envíos, se llevaron a cabo operativos y así se logró la detención de todos los miembros de la banda, quienes llegaron a juicio el año pasado.
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