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» Diario Cordoba
Fecha: 11/02/2025 21:30
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha llegado en un momento en el que las empresas de Córdoba se encuentran en situaciones muy dispares. Mientras algunos sectores, como el tecnológico o ciertas industrias, ya han avanzado en la flexibilización de horarios y la conciliación laboral, otros, como la hostelería y el comercio minorista, se enfrentan a un desafío mayúsculo. La medida, que será de aplicación obligatoria y se incorporará al Estatuto de los Trabajadores cuando reciba el visto bueno definitivo, ha generado un intenso debate entre sindicatos y empresarios, con posturas que oscilan entre el optimismo y la preocupación por el impacto económico. Deberes hechos y a contrapié Algunas empresas tienen jornadas por debajo de las 40 horas semanales, por lo que la reducción, una vez que sea definitiva, no supondrá un cambio radical, sino más bien una consolidación de prácticas ya existentes. Sin embargo, y según las fuentes consultadas, para otros sectores, como la hostelería, el comercio minorista y la agricultura, la medida llega en un momento crítico. Estos sectores, que representan una parte significativa de la economía cordobesa, operan con márgenes reducidos y horarios extensos, lo que dificulta su adaptación a la nueva normativa. En el caso de la hostelería, por ejemplo, los horarios son menos flexibles y están sujetos a la demanda de los clientes, lo que complica la implementación de una jornada reducida sin afectar al servicio. Fórmulas para la adaptación Ante este escenario, se han planteado diversas fórmulas para aplicar la reducción de la jornada laboral. Una de las propuestas más destacadas es la de establecer un cómputo anual de horas, lo que permitiría a las empresas adaptar la medida a sus necesidades específicas sin que ello suponga una merma en los derechos de los trabajadores. Esta fórmula, defendida por sindicatos como CCOO, permitiría a las empresas distribuir las horas de trabajo a lo largo del año, ajustándose a los periodos de mayor y menor actividad. Otra opción que se ha barajado es la de implementar jornadas continuas en lugar de jornadas partidas, lo que reduciría los desplazamientos y, por tanto, los costes asociados. Esta medida, que ya ha sido adoptada por algunas empresas, ha demostrado ser eficaz en la reducción del cansancio y los accidentes laborales, además de contribuir a una mayor conciliación entre la vida laboral y personal. Sin embargo, no todas las empresas podrán adaptarse con facilidad. En el caso de los pequeños comercios y las pymes de la hostelería, la reducción de la jornada laboral podría suponer un aumento de costes difícil de asumir. Según Rafael Bados, presidente de la patronal del Comercio de Córdoba, "esta medida puede tener consecuencias devastadoras para el comercio de cercanía, que ya enfrenta grandes dificultades debido a la competencia de las grandes plataformas y el encarecimiento de los costes". Bados advierte de que muchos pequeños negocios podrían verse obligados a cerrar o a que los propios autónomos asuman las horas que dejarían de hacer sus empleados. En el caso más extremo, algunos empresarios han planteado la posibilidad de cierres temporales o incluso definitivos si no se implementan medidas de apoyo adicionales. Jesús Guerrero, presidente de Hostecor, la patronal de la hostelería de Córdoba, ha sido especialmente crítico con la medida, advirtiendo que "esto va a generar despidos y reducirá la competitividad del sector". Guerrero subraya que muchas pymes operan con márgenes tan reducidos que cualquier aumento de costes podría ser insostenible. El punto de vista de los sindicatos Frente a las preocupaciones de los empresarios, los sindicatos han defendido la medida como un avance necesario para mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia una mayor equidad. Vicente Palomares, secretario provincial de UGT Córdoba, ha destacado que la reducción de la jornada laboral beneficiará principalmente a los trabajadores de sectores como la hostelería, el turismo, el transporte y la limpieza, donde las largas jornadas y la precariedad son más evidentes. Palomares ha reconocido, no obstante, que el principal desafío radica en garantizar el cumplimiento efectivo de la medida. "El problema no es la ley en sí, sino el control de su aplicación", ha afirmado, señalando que en ocasiones las leyes diseñadas para beneficiar a los trabajadores no se aplican correctamente. Para evitar este descontrol, UGT ha propuesto la implementación de mecanismos de supervisión más estrictos, así como la creación de un sistema de denuncias para los trabajadores que vean vulnerados sus derechos. Por su parte, Aurelio Martín, secretario de acción sindical de CCOO, ha subrayado que la reducción de la jornada laboral es posible en todos los sectores, siempre que se aplique con flexibilidad. "Hemos propuesto que pueda aplicarse con un cómputo anual, permitiendo a las empresas adaptar la medida a su realidad sin que ello suponga una merma en los derechos de los trabajadores", ha explicado. La visión de los empresarios Desde el lado empresarial, las críticas a la medida han sido contundentes. El presidente de Hostecor ha advertido que la medida tendrá un impacto "devastador" en las pymes del sector, que representan el 80% del tejido empresarial en la provincia. Guerrero ha subrayado que la hostelería se enfrenta ante un dilema crítico: contratar más personal o subir precios, opciones que considera inviables en el actual contexto económico. Sin embargo, ambas alternativas chocan con realidades económicas adversas. Por un lado, contratar más trabajadores aumentaría los costes laborales en un sector ya golpeado por la inflación y la subida de impuestos. Por otro, elevar los precios es, según Guerrero, una opción insostenible: "El consumidor ya está ahogado por las subidas post-COVID; las pymes no pueden trasladarle más presión". Bados, ha compartido esta preocupación. "Estamos hablando de un sobrecoste que muchos pequeños negocios no podrán asumir", ha afirmado, advirtiendo que esta medida podría llevar al cierre de numerosos establecimientos. Por su parte, el director del área Jurídico-Laboral de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Arroyo, ha advertido de que “ningún convenio sectorial tiene una jornada de 37,5 horas” y que la mayoría se establece en cómputo anual. Sectores como el metal, la construcción o la sanidad privada ya trabajan con menos de 40 horas semanales en promedio. Según Arroyo, para mantener la productividad en línea con Europa, la jornada en España debería rondar las 41,2 horas semanales. “Reducir la jornada sin un incremento significativo de la productividad nos alejaría aún más de las referencias europeas”, ha matizado. Desde CECO alertan de que la medida podría generar desajustes organizativos y un aumento de los costes laborales, afectando la competitividad de las empresas. Por ello, insisten en que cualquier reducción debe ser evaluada cuidadosamente, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, donde el impacto sería más significativo. Entre la oportunidad y el desafío La reducción de la jornada laboral se presenta, por tanto, y según las distintas fuentes consultadas, como una medida transformadora que podría mejorar significativamente la calidad de vida de los trabajadores, pero también como un desafío mayúsculo para muchos sectores de la economía cordobesa. Mientras algunos sectores están preparados para adaptarse con relativa facilidad, otros, como la hostelería y el comercio minorista se enfrentan a un escenario de incertidumbre y posibles cierres. Para que esta medida no se convierta en un boomerang para la economía local, los agentes consultados por Diario CÓRDOBA señalan que es necesario un diálogo constructivo entre sindicatos, empresarios y administraciones públicas, así como la implementación de medidas de apoyo específicas para los sectores más afectados. Solo así, afirman las mismas fuentes, se podrá garantizar que la reducción de la jornada laboral sea un paso hacia adelante y no un retroceso para las empresas y trabajadores de Córdoba. Suscríbete para seguir leyendo
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