11/02/2025 18:06
11/02/2025 18:05
11/02/2025 18:05
11/02/2025 18:03
11/02/2025 18:03
11/02/2025 18:01
11/02/2025 18:01
11/02/2025 17:58
11/02/2025 17:53
11/02/2025 17:51
» Corrientesaldia
Fecha: 11/02/2025 11:55
-La enfermera Brenda Agüero está sospechada de inyectar insulina y potasio en recién nacidos. Cinco bebés murieron y ocho habrían quedado con secuelas. -Hay 10 funcionarios provinciales imputados por omisión, encubrimiento agravado y falsedad ideológica. Entre ellos, el ex ministro de Salud, Diego Cardozo. -Los expertos consultados lograron resultados concluyentes en los 4 casos para los que disponían de autopsias, biopsias e información completa. Por Ruido El 6 de enero de 2025 comenzó en Córdoba un histórico juicio que investiga muertes y presuntas lesiones de 13 bebés recién nacidos en el hospital Materno Neonatal y las responsabilidades funcionales -así como delitos penales- que habrían cometido 10 funcionarios públicos de la provincia, entre ellos el ex ministro de Salud provincial, Diego Cardozo. Los jueces de la Cámara Séptima en lo Criminal y Correccional intentan armar el rompecabezas de una secuencia cronológica que arrancó el 18 de marzo de 2022 y terminó el 7 de junio de ese mismo año. En esta nota te contamos las claves del juicio. ¿Cómo se originó la causa judicial? El 6 de junio de 2020, 2 médicas neonatólogas salieron corriendo a la unidad judicial que se encuentra al lado del hospital y realizaron la primera denuncia. La bebé A.G.C.R. (su identidad se preserva) había nacido a las 11.03 y muerto a las 16.30 sin causa de muerte aparente. Su mamá Yoselin Rojas tuvo un embarazo controlado y la niña nacía sin patologías previas, a término. Según se desprende de los testimonios de médicos y enfermeros en las audiencias, ya se venía hablando en el hospital “sobre pinchazos extraños, muertes sin causa evidente y lesiones en la piel”. El movimiento generado a partir del reemplazo de la vitamina K (en un principio se creyó que el problema podría derivar de uno de los lotes de esta inyección que reciben los bebés al nacer) había despertado suspicacias y también se mencionaba entre pasillo posibles secuelas de las vacunas contra el COVID-19. Estábamos en pandemia. Ese mismo día se descompensó D.P.M., hija de María Fernanda Martín -la niña tenía un pinchazo en la espalda que había generado una necrosis- y falleció M.L.M., hija de Brisa Molina por una hiperpotasemia (exceso de potasio). En esa guardia “que se prendió fuego”, tal como la recuerdan los médicos, se revisaron todos los bebés de terapia, cama por cama, hasta que se encontró un cuarto caso: M.E.T., hija de Ludmila Torres. La niña tenía un valor tan elevado de insulina en su sangre que, según los peritos, “no existe ninguna explicación médica razonable fuera de la inoculación exógena”. Es decir, de un pinchazo. Con la muerte de la bebé de Brisa, el 7 de junio a las 5.10, se originó la segunda denuncia judicial. Las denuncias recayeron en la Fiscalía de Distrito 4° Turno 6°, que en ese momento ordenó las autopsias forenses (las únicas 2 autopsias que se realizaron en esta saga de 5 muertes bajo sospecha). En paralelo, el Ministerio de Salud provincial realizó una investigación administrativa en el hospital “omitiendo poner en conocimiento la totalidad de los hechos”, según el texto de la elevación a juicio. El 4 de julio, el esposo de una anestesióloga del hospital realizó una nueva denuncia judicial que recayó en la fiscalía de Raúl Garzón. ¿Cuántas son las muertes y lesiones bajo la lupa? El fiscal Raúl Garzón investiga un listado de 13 recién nacidos (5 murieron y 8 habrían quedado con secuelas) desde el 18 de marzo hasta el 7 de junio en el hospital Neonatal, ubicado en el barrio La France de la ciudad de Córdoba. La hipótesis inicial del Ministerio de Salud, luego mantenida por la investigación preparatoria, es que la enfermera Agüero habría inyectado potasio o insulina en los recién nacidos con el propósito de provocarles la muerte. Gustavo Nievas, abogado defensor de Brenda Agüero, sostiene que la enfermera es inocente y que la provincia puso en marcha un “protocolo de ocultamiento”, tendiente a buscar un culpable para tapar una situación que puede poner en peligro el prestigio de los funcionarios. Además, denuncia que la prueba fue manipulada por el ministerio y que los testimonios fueron inducidos por funcionarios y medios de comunicación. En cambio, Ana Pagliano, abogada de los familiares querellantes, sostuvo que de las declaraciones de las madres surgieron elementos de cargo importantes en relación a la participación responsable de Brenda Agüero. “Con todo lo que ha pasado, esa prueba también está siendo importante en relación a los funcionarios que están siendo acusados. De la testimonial de médicos y enfermeros se desprende que en el interior de la institución no se informaba. Y que, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, no se denunció a tiempo”, explicó. ¿Cuáles son las imputaciones a los funcionarios? La primera hipótesis del fiscal fue que los funcionarios conocían los hechos que estaban sucediendo en el hospital y que no denunciaron a tiempo. Esta omisión, descrita en el artículo 249 del Código Penal como “incumplimiento de deberes de funcionario público” no tiene penas de prisión efectiva, pero sí multas o inhabilitaciones para ocupar cargos en el Estado. También pueden quedar inhabilitados para ejercer la profesión. Por este delito están imputados 10 funcionarios, autoridades del hospital y jefes de servicio, como el ex ministro de Salud provincial, Diego Cardozo. También pesa esta acusación para el ex secretario de Salud de la provincia, Pablo Carvajal, y el ex secretario de Coordinación y Gestión Administrativa del ministerio, Alejandro Gauto. Dentro del hospital Materno Neonatal continuaron las imputaciones para la ex directora de la institución, Liliana Asís. Esta médica especialista en neonatología e infectóloga pediatra (de 74 años) fue detenida el 25 de febrero, trasladada a la cárcel de Bouwer y luego a prisión domiciliaria. Siguiendo en la línea del hospital, por omisión de deberes de funcionario público están acusados Alejandro Escudero Salama (ex subdirector de Gestión Administrativa), Alicia Ariza (ex jefa de la división Enfermería), Martha Gómez Flores (ex jefa de Neonatología), María Alejandra Luján (médica a cargo de la supervisión de una guardia), Adriana Moralez (coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente) y Claudia Ringelheim (ex jefa del departamento de Tocoginecología Clínica). ¿Cuáles son las pruebas? Los principales testimonios y pruebas se dieron a conocer en enero, durante la feria judicial. Allí testificaron los familiares de los bebés. La mayoría identificó y señaló a Brenda Agüero, como una de las enfermeras presentes después del parto. Los abogados que defienden a los funcionarios anticiparon sus estrategias y se brindaron detalles de la pericia interdisciplinaria que analizó caso por caso, los 13 bebés. En una parte de este informe médico, clínico y toxicológico -concluido el 31 de agosto del 2023- los peritos externos Néstor Vain, Julio Trentadue y Luis Alberto Ferrari analizaron los hechos y actos médicos que rodearon la asistencia médica de las mamás y los bebés, sobre la base de historias clínicas y estudios disponibles. Los expertos lograron resultados concluyentes en los 4 casos de junio para los que disponían de autopsias, biopsias e información completa. También fueron concluyentes en una descompensación ocurrida el 24 de abril (se encontró en F.B., hija de Justine, un nivel de potasio de 8 milimoles por litro, 9 horas después de su nacimiento) y en el caso del 11 de mayo (niveles de insulina de 3.520, 13 horas después de nacer, sugestivas de inyección externa). En otros bebés sobrevivientes se encontraron lesiones sospechosas o altos niveles de potasio, pero con distintas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido. Mientras que en los casos del 18 de marzo, 23 de abril y 23 de mayo no se llegaron a resultados concluyentes con la información disponible. Otra prueba clave que se revelará en los próximos días es la pericia psicológica de Brenda Agüero junto con el informe de un probable comportamiento criminal. Resta conocer los resultados del análisis de los dispositivos electrónicos de los imputados y la larga ronda de testigos que ayudarán a armar o descartar las piezas de este gran rompecabezas. Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.
Ver noticia original