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» La Guia Semanal
Fecha: 10/02/2025 15:40
Condenaron a un inspector del Ministerio de Trabajo provincial que le exigió al dueño de una empresa de Venado Tuerto pagar una multa inexistente Se le impuso una pena en suspenso, se lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por dos años y recibió una sanción económica. La denuncia que originó la investigación penal fue realizada por sus superiores. Las diligencias del caso estuvieron a cargo del fiscal Eduardo Lago. Un exinspector del Ministerio de Trabajo de la provincia fue condenado por haberle exigido al dueño de una empresa venadense pagar una multa inexistente. La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Martín, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto. El condenado tiene 47 años y sus iniciales son MRC. Se le impusieron dos años de prisión en suspenso, una inhabilitación especial por el mismo plazo y una multa de 800.000 pesos, que es el doble de la suma de dinero que él pretendió recibir por parte de la víctima. Además, se le ordenó cumplir reglas de conducta, entre las que están prohibiciones de acercamiento y de contacto con el empresario al que intentó engañar; y el deber de capacitarse laboralmente y adoptar un oficio, arte, industria o profesión. Supuesta multa Lago indicó que “en marzo de 2019, el condenado fue hasta una planta industrial ubicada en Venado Tuerto, se presentó con el cargo público que tenía y manifestó estar allí para realizar una inspección”. Según aclaró, “luego se constató que esa empresa no estaba entre las que se le habían asignado para ejercer tareas de control ese día”. “Tras la visita, el entonces inspector le exigió al propietario de la industria el pago de 400.000 pesos como multa administrativa por incumplir reglamentaciones, lo cual no correspondía”, afirmó el fiscal. “A su vez, insistió personalmente y a través de llamados telefónicos en que podían ‘arreglar’ con 50.000 pesos para cancelar la supuesta deuda”, especificó. “Por su parte, la víctima se comunicó directamente con el Ministerio de Trabajo”, valoró Lago. “Las autoridades de la cartera provincial desconocían el accionar del condenado y, al enterarse, radicaron la denuncia que dio origen a la investigación penal”, destacó. Exacciones ilegales Ante el juez, el condenado admitió expresamente su responsabilidad penal como autor de exacciones ilegales. Junto con su abogado defensor, aceptó la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio. En tanto, la víctima fue informada sobre lo resuelto y manifestó su conformidad.
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