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Parana » Pagina Politica
Fecha: 10/02/2025 09:28
El Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE) podría ser absorbido de la estructura del Estado. La idea -que reveló Página Política- a fin de año, está en estudio. El organismo que preside Juan Domingo Zacarías se rige por la ley 8916, que crea el EPRE y el marco regulatorio. La norma data de 1995 cuando Mario Moine era gobernador de Entre Ríos en pleno apogeo neoliberal en el que Carlos Menem privatizó los servicios públicos, entre ellos la energía. El mandatario provincial se alineó a las políticas privatistas y avanzó con la Empresa de Energía de Entre Ríos (Epeer), dejándola en manos de capitales norteamericanos. La prestadora del servicio tuvo como nombre Edeersa (Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA). El EPRE no solo iba a ser un organismo de contralor de la prestataria , sino también de las 18 cooperativas eléctricas que constituían el sistema eléctrico. En otras provincias el proceso fue similar. Moine no fue creativo en implementar la entrega del patrimonio entrerriano. Este tipo de organismos, como en Santa Fe el ENRE, tienen como función básica fijar la tarifa eléctrica en virtud del funcionamiento de las distribuidoras, quienes solicitan al organismo regulador un incremento tarifario. Además tiene como función controlar la calidad de la prestación del servicio con potestad de sanción, como el pago de una multa. Cuando Jorge Busti estatizó la empresa y pasó a llamarse Enersa, en los inicios del kirchnerismo, aparece el interrogante sobre la razón de ser del EPRE. Si finalmente se pretende avanzar con la iniciativa de absorber el organismo, aparecerán interrogantes. En principio se debe hacer por ley, lo que implica un trabajo político en donde el Poder Ejecutivo se encuentra, por ahora, en minoría en el Senado. Por otro lado, la fijación de la tarifa debería quedar en manos de la Secretaría de Energía, que tiene por función el poder concedente, no de control. Trasladarle el control podría provocar ruido, al ser quien ejecuta las políticas sobre el servicio. La disolución implicaría el traspaso de unos 40 empleados y funcionarios a la planta de Enersa, porque tiene un régimen laboral y administrativo donde rige el convenio colectivo de trabajo que acuerda el Sindicato de Luz y Fuerza. En la Secretaría de Energía, en cambio, rige el del empleado público. En definitiva, se ampliaría la planta de la empresa, cuyos salarios surgen del Presupuesto General. La estructura del EPRE no es un gasto para el Estado, sino que el funcionamiento del mismo, incluyendo salarios, se financia con el 1,8% que recauda Enersa a través de la tasa de fiscalización y control incorporada en la tarifa. Es decir que al organismo lo financia el usuario. Rogelio Frigerio podría anunciar el cierre del organismo con el argumento que reduciría ese porcentaje de las boletas (en una de 170 mil pesos sería casi 1700), pero a la vez estaría incrementando la planta de Enersa y privándose de recaudar 3 millones de dólares, que es el superávit del organismo por esa tasa en 2024. Avanzar en una salida mileísta y despedir a los integrantes del organismo traería, a la larga, un gasto inconmensurable en el pago de sentencias judiciales. Fuente: Página Política
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