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Parana » Paginajudicial
Fecha: 10/02/2025 02:12
La iniciativa del Poder Ejecutivo para agilizar el sistema de concursos en el Poder Judicial recibió fuertes cuestionamientos en una ronda de consultas convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Las voces críticas y las reformas en marcha, algunas novedosas y otras polémicas. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial En medio de una larga parálisis en el organismo que evalúa a jueces, fiscales y defensores, la Cámara de Diputados tiene bajo tratamiento un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos con el objetivo de agilizar la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. O al menos eso dicen los voceros oficiales sobre el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y que está en tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados. “Hoy tenemos una gran cantidad de vacancias en el Poder Judicial que hacen necesaria esta reforma”, dijo hace unos días el presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón, ante diputados y diputadas de la comisión. “Hay que crear institutos que mejoren la dinámica de la normativa y que hagan que la cobertura de las vacantes sea mucho más rápida”, agregó el funcionario. El Poder Ejecutivo pretende una reforma integral en lugar de introducir parches. Del otro lado están aquellos que postulan la idea de modificar aquellos aspectos que tienen paralizado el organismo, con casi un centenar de cargos vacantes y sin haber convocado un solo concurso bajo la actual administración. “Hay un consenso en todos los estamentos de que modificar algunos puntos en forma urgente les daría celeridad y devolvería transparencia a los concursos”, le dijo en off the record a Página Judicial alguien que participó de la reunión de comisión. En el centro de los cuestionamientos aparecen el denominado Banco de Casos; la posibilidad de los postulantes de apelar directamente ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), salteando al propio organismo; y la eliminación del orden de mérito en las ternas, todos instrumentos introducidos en la reforma de 2022. El proyecto admite la complejidad para conformar el Banco de Casos y propone directamente su eliminación y devolver al jurado técnico la función de elaborar los casos que deberán resolver los postulantes. Del mismo modo, plantea la eliminación del recurso judicial directo ante el STJ, que será una última instancia y una vez agotada la vía administrativa ante el propio organismo; y devuelve el puntaje y orden de mérito en las ternas que el Consejo de la Magistratura remita al Poder Ejecutivo. Hasta aquí, parecería no haber contrapuntos. Incluso hay consenso. Pero la férrea decisión del Poder Ejecutivo de su reforma integral ha generado cortocircuitos con los estamentos que componen el organismo asesor y esa fractura quedó expuesta en la reunión de comisión en la Cámara de Diputados. La propuesta del Gobierno resultó sorpresiva para la mayoría, tal lo reconocen, por la magnitud de las modificaciones que se pretende introducir. Algunas novedosas, otras polémicas. En el primer grupo aparece la idea de convocar a concursos sin esperar a que se produzca una vacante y generar una especie de banco de suplentes de jueces, fiscales y defensores. Es una idea sui generis, tomada de un proyecto que pretende instrumentarse a nivel nacional. Está claro que no solucionará en lo inmediato el problema de cargos vacantes en el Poder Judicial (97 en total), y mucho menos la parálisis del Consejo de la Magistratura (hay 88 concursos en trámite, todos anteriores al 10 de diciembre). Por el contrario, en el palacio de tribunales advierten que esta propuesta en realidad otorga chances a quienes se alineen con el gobierno de turno, el actual o el que venga. Las críticas vinieron de la mano de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial y de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). Alejandro Cánepa, presidente del gremio de jueces, hizo un repaso casi artículo por artículo y fue especialmente severo con el proyecto. Cuestionó que avanza sobre la autonomía de los estamentos para elegir a sus representantes (si se aprobara, solo podrían ser consejeros los jueces, fiscales o defensores, pero ya no secretarios, por ejemplo); y desde el gremio de los empleados se quejaron de que perderían la organización y control de las elecciones de sus representantes, que pasaría a la órbita del STJ, es decir, el patrón como ente de contralor de la elección de los trabajadores. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil se apela a un criterio insólito para garantizar las minorías: si alguna lista obtiene un piso del 30 por ciento tendrá la mitad de los consejeros. También arreciaron críticas a un tema que ya fue objeto de debate: la representación de las universidades. El proyecto asegura un lugar a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), otro le corresponde a universidades privadas con sede o subsede en la provincia y el tercer consejero sería para las universidades públicas de la región. No queda claro cuál es el límite regional. ¿Santa Fe? ¿Rosario? ¿Chaco? ¿Buenos Aires? No lo dice el proyecto. En cualquier caso, las modificaciones sobre la integración del Consejo de la Magistratura comenzarían a regir recién a partir de 2026, cuando se renueven los consejeros. Como suele ocurrir, los integrantes de la comisión recibieron las críticas sin comentarios. Es una rara práctica que los legisladores oficialistas y funcionarios escuchen en silencio, sin cuestionar, ni rebatir, ni defender abiertamente las iniciativas del Poder Ejecutivo. Si cabe como pronóstico de la suerte que pueda correr el proyecto, Vazón señaló que se debe “volver a la ley anterior en aquello que sirva para la rapidez, y desechar aquello que no ha servido en la última modificación o dejarlo coexistente como es el proyecto que elevó el Poder Ejecutivo”. Habrá que ver cuál es la suerte del proyecto… y de las observaciones.
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