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» Radiosudamericana
Fecha: 07/02/2025 15:37
Viernes 07 de Febrero de 2025 - Actualizada a las: 14:59hs. del 07-02-2025 INVESTIGACIÓN El magistrado tiene tres días para resolver si asume en el tribunal 11. Su par Julián Ercolini deja vacante ese juzgado. El juez federal Sebastián Casanello fue sorteado para subrogar el Juzgado 11 de Comodoro Py y se haría cargo de la causa Seguros, en la que se investigan presuntos hechos de corrupción que involucran al expresidente Alberto Fernández. Casanello tiene tres días hábiles para aceptar la subrogancia y, de hacerlo, asumirá el 12 de febrero en reemplazo de Julián Ercolini. El magistrado saliente completó este miércoles la ronda de 39 indagatorias y quedó habilitado para resolver la situación procesal de Fernández y el resto de los imputados. No obstante, si Casanello asume antes de que Ercolini dicte una resolución, le corresponderá a él tomar la decisión sobre eventuales procesamientos. La recusación rechazada Paralelamente, la Justicia rechazó la recusación presentada por el expresidente contra Ercolini, a quien acusó de tener una “enemistad manifiesta” con él. La decisión estuvo a cargo del camarista Roberto Boico, quien sostuvo que las críticas de Fernández “no avalan objetivamente el temor de parcialidad” y que el apartamiento del juez no correspondía. “Ercolini me quiere preso. Estoy seguro de que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas (la de seguros y la de violencia). Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido”, declaró Fernández ante el juez Boico. También aseguró que el magistrado “lo detesta” y que busca una “venganza personal”. Como parte de su recusación, Fernández presentó chats que, según él, probarían que mantuvo una relación personal y académica con Ercolini, la cual luego se deterioró. Sin embargo, estos argumentos no fueron considerados suficientes para apartar al juez. Los cargos contra Fernández La investigación apunta a la presunta contratación irregular de seguros para organismos del Estado a través del Banco Nación, con la intermediación de brokers cercanos al entorno del expresidente. Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. En su declaración ante la Justicia, Fernández negó haber cometido irregularidades y defendió el decreto 823/2021, que obligaba a las entidades estatales a contratar seguros con Nación Seguros. Según su versión, la medida buscaba “optimizar recursos públicos” y evitar el pago de primas a aseguradoras privadas. “Cuando asumí en 2019, el sistema financiero estaba en ruinas y la Argentina atravesaba una grave crisis económica. En ese contexto, dicté el decreto 823/2021 con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”, argumentó Fernández. Además, aseguró que la decisión no fue exclusivamente suya, sino que fue respaldada por organismos como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros. La causa sigue avanzando y, con la inminente asunción de Casanello en el Juzgado 11, será él quien deba definir el futuro judicial del expresidente y el resto de los implicados.
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