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» Diario Cordoba
Fecha: 07/02/2025 06:49
El juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, y la teniente fiscal del tribunal, Marta Durántez, han protagonizado severos desencuentros durante los interrogatorios de los testigos citados en el juicio que se está celebrando contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, el exseleccionador nacional Jorge Vilda, el exdirector deportivo Albert Luque y el que era director de marketing Rubén Rivera. El primero se enfrenta a dos años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de coacciones y los otros tres a año y medio por el último delito. En la última sesión de la vista oral de esta semana el magistrado ha vuelto a interrumpir a la representante del ministerio público, cuando trataba de preguntar a la testigo Alexia Putellas si en las conversaciones que vio mantener a Rubiales y su círculo más próximo en el avión que traía a la delegación a España estaba también el actual seleccionador nacional, Luis de la Fuente. "He repetido hasta la saciedad que en este acto no estamos haciendo una instrucción, no estamos investigando. Estamos probando hechos, no estamos acusando a gente que no está", aseveró el juez cuando comprobó que la fiscal insistía en ese extremo. Cuando el propio De la Fuente declaró como testigo señaló que durante el vuelo estuvo durmiendo, viendo películas y que hasta que no aterrizó en "España no era consciente de la dimensión" adquirida por el beso, una explicación que no convenció a Durántez, que cuando trató de señalar que eso no era lo que había dicho en instrucción también fue interrumpida por el magistrado. Entonces ella trató de explicar que "existe el falso testimonio" y "la relevancia que tiene que los testigos digan la verdad". Pero el juez Fernández-Prieto tiene claro qué tiene que determinar, que por un lado es si Rubiales cometió una agresión sexual por el beso que dio a Jenni Hermoso sin su consentimiento y por otro si las presiones a las que presuntamente fue sometida por los otros acusados son suficientes para considerarlas constitutivas de un delito de coacciones. Y para ello, en su opinión, resulta indiferente si De la Fuente habló con Rubiales en el avión o si estuvo o no en el gabinete de crisis del 23 de agosto y que la entonces responsable de prensa de la selección femenina, Patricia Pérez, calificó de "encerrona", porque le querían dictar las respuestas que debía proporcionar al informe de integridad con el que se pretendía exculpar a Rubiales. Y, al ser indiferente para la sentencia que debe dictar, considera una pérdida de tiempo todas las preguntas dirigidas a esclarecer este extremo. "Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada. Nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso, que no lo sé", señaló el magistrado que zanjó con un "queréllese, si cree que miente", la cuestión. Durántez, que persiste en ello, porque considera que es una forma más de acreditar las coacciones, podría pedir al magistrado, cuando se practique toda la prueba, que deduzca testimonio contra él si considera que ha faltado a la verdad. En otro momento del juicio la fiscal llegó a decir al magistrado que tenía que dejarle preguntar para tratar de acreditar el delito, "si no quería que se tuviera que volver a repetir el juicio". Ahí se enmarcan otro grupo de preguntas que la representante fiscal formula a los testigos y que el juez suele declarar impertinentes: si es lógico que Hermoso no fuera convocada en la siguiente cita de la selección femenina tras la celebración del Mundial. Para la fiscal esa es una prueba de las consecuencias que la denuncia de Rubiales le podía acarrear a Hermoso, pero el juez considera que ello queda fuera del objeto del enjuiciamiento, por lo que carece de relevancia y solo supone una pérdida de tiempo, especialmente, teniendo en cuenta que la propia Montse Tomé está citada a declarar el próximo lunes y ella es quien es mejor puede explicar por qué no la convocó. El magistrado también ha evitado las preguntas a los testigos en las que se incluían valoraciones penales, como acoso o coacciones, y ha zanjado con rapidez las cuestiones con las que las defensas pretendían acreditar cierta contradicción entre lo declarado por Laia Codina y la propia Jenni Hermoso, con el argumento de que ya había oído "a la testigo directa". Y ha despachado la declaración del último testigo propuesto por las acusaciones, la del responsable de cumplimiento normativo de la Federación, Francisco Javier Puyol, ante el que la jefa de prensa de la selección denunció la "encerrona" que había sufrido y que el testigo calificó de "tremendamente anormal", señalando que el informe administrativo que había redactado "no afecta" a lo que se está juzgando.
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