07/02/2025 01:15
07/02/2025 01:11
07/02/2025 01:03
07/02/2025 01:03
07/02/2025 01:03
07/02/2025 00:44
07/02/2025 00:44
07/02/2025 00:43
07/02/2025 00:36
07/02/2025 00:36
» El Ciudadano
Fecha: 06/02/2025 21:56
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la municipalidad de la ciudad de Pérez, efectuaron este jueves el derribo de un puesto de venta de estupefacientes en Santa Fe al 100 de esa localidad, cerca del límite con Soldini. En la oportunidad, el ministro santafesino destacó “el trabajo conjunto y articulado entre el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Tropa de Operaciones Especiales, que llevó adelante las tareas investigativas, y el gobierno local que ha activado este tema, porque recibió la demanda de los vecinos”. “Cuando hablamos de la Ley de Microtráfico, no solamente estamos hablando del fenómeno en sí de la venta de drogas, sino que estamos hablando de prácticas que envilecen la convivencia urbana, que le empeoran la vida a quienes viven alrededor. Son focos criminógenos, donde hay venta de drogas, pero también había gente que robaba, molestaba a los vecinos, y no los dejaba vivir tranquilos”, agregó. Luego, Cococcioni explicó cómo su área se está adaptando para lograr de manera más eficiente la aplicación de dicha ley: “Poco a poco vamos generando las estructuras. Pronto tendremos un nuevo ingreso de fiscales que nos va a permitir, por ejemplo, en el marco del MPA, crear una unidad especializada en microtráfico. Lo propio vamos a hacer con la Policía de Investigaciones (PDI), porque dentro de muy poco entrarán refuerzos. Hay un nuevo ingreso del Instituto de Seguridad Pública, así que una de las inversiones en talento humano será fortalecer los equipos de PDI, particularmente de microtráfico”. Por su parte, uno de los fiscales del MPA, Matías Merlo, dio detalles de la investigación: “Se inició con información que recibimos de la Municipalidad de Pérez. En este lugar había, no sólo venta de materiales estupefacientes, sino diferentes hechos ilícitos, como heridos de armas de fuego y robos que rompían la tranquilidad dentro del barrio. En estas circunstancias, decidimos avanzar para tratar de llevar la investigación adelante, poder dar con las personas que estarían ejerciendo violencia en el barrio y, como medida efectiva, la desactivación de estos lugares a los fines de que vuelva la tranquilidad en el barrio”. En el mismo sentido, el fiscal, Diego Giró, explicó que “este búnker es un lugar que se encontraba abandonado, a raíz de las situaciones de violencia que se habían vivido, que coincidía con los relatos que nos daban los vecinos. Este lugar había sufrido un incendio a finales de diciembre, que estaba vinculado a la venta de estupefacientes. Por lo cual, al momento del allanamiento nos encontramos con un lugar derruido, abandonado, pero con vestigios de seguir siendo utilizado, coincidentemente con lo que nos declaraban los vecinos, en horas de la noche y con movimiento de entrada y de salida de gente”. Sobre el final, el intendente Pablo Corsalini agradeció “el trabajo conjunto entre los niveles del Estado, que claramente refuerza la acción concreta que hoy se está llevando a cabo que tiene que ver con terminar con un reclamo y un problema que realmente se ocasiona en este barrio, que es de gente humilde, trabajadora, y que tiene ganas de salir adelante y de vivir bien. También muestra cómo el Estado genera confianza y vuelve a recuperar la confianza del vecino”. Derribo e inactivación de bunkers Estos operativos, que se desarrollan en el marco de las facultades que otorga la Ley de Microtráfico, ascienden a más de 40 en toda la provincia, y se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales. La inactivación y derribo de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal. Asimismo, apunta a dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por