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Concordia » Hora Digital
Fecha: 06/02/2025 11:22
Una denuncia ha sido presentada contra Guillermo Ledesma Maximino, quien, según la solicitud de juicio en su contra, fue nombrado como relator titular de la Procuración, desempeñando el papel de fiscal civil en La Paz, en una clara violación de los "principios constitucionales de legalidad, transparencia e imparcialidad que son fundamentales en el debido proceso". También se ha cuestionado la intervención política del procurador y del representante de los abogados en el Jurado de Enjuiciamiento. El abogado defensor de Victoria, Guillermo Reggiardo, ha presentado un nuevo pedido de juicio de jurado contra un funcionario judicial. Esta denuncia se añade a la presentada contra el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa. En esta nueva denuncia, el protagonista es Guillermo Ledesma Maximino, cuya designación en el Ministerio Público Fiscal (MPF) se cuestiona por haberse realizado en contra de las normas y principios constitucionales que regulan la designación de funcionarios estatales. Según la presentación realizada, "se denuncia la ilegal designación de Guillermo Ledesma Maximino como relator titular de la Procuración para ocupar el cargo de fiscal civil en La Paz, lo cual contraviene abiertamente la normativa vigente y los principios constitucionales de legalidad, transparencia e imparcialidad que rigen el debido proceso". La denuncia abarca la "Violación del Procedimiento Legal de Designación", ya que la designación de Ledesma Maximino se realizó sin respetar el procedimiento de concurso público y sorteo requerido por la Ley 9283 del Jurado de Enjuiciamiento y la Ley Orgánica del Ministerio Público de Entre Ríos (Ley 10.407), procedimientos que garantizan la idoneidad, neutralidad y transparencia en la asignación de cargos. Reggiardo considera que esta irregularidad "vulnera directamente el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Entre Ríos". Además, se denuncia una presunta "Injerencia Política y Conflicto de Intereses", argumentando que la designación de Ledesma Maximino se realizó bajo una marcada influencia política, lo que afecta la independencia y objetividad de la función. Esta situación es incompatible con el principio de unidad de actuación e independencia que debe caracterizar al Ministerio Público, según establece la Ley 10.407, poniendo en duda la integridad de la administración de justicia. El abogado también ha recusado al procurador general de la provincia, Jorge García, por considerar que fue designado de manera "irregular" como "órgano Acusador". Se argumenta que la designación de García no siguió el procedimiento legalmente establecido por la Ley 9283, que exige concursos públicos y sorteos para garantizar la idoneidad y neutralidad de la función. En cuanto al integrante del Jurado de Enjuiciamiento Gonzalo García Garro, también fue recusado por supuesta "Incorporación Incompatible", ya que se considera que su designación no se ajustó a los procedimientos de selección establecidos en la Ley 9283, que demandan neutralidad y ausencia de conflictos de interés en la conformación del jurado. Reggiardo hace referencia al precedente de la destitución de la ex procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche, cuyo fallo fue anulado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Destaca la importancia de que las decisiones del jurado de enjuiciamiento se emitan de manera imparcial y sin injerencia política, resaltando que designaciones irregulares de órganos acusadores y la inclusión de miembros con compromisos políticos vulneran el derecho a un juicio justo, tal como se expuso en dicho fallo. La denuncia actual se fundamenta en este contexto, argumentando que las designaciones de Jorge Amílcar Luciano García y Gonzalo García Garro afectan gravemente la integridad y transparencia del proceso en violación a las normas vigentes.
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