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» Comercio y Justicia
Fecha: 05/02/2025 18:03
El Gobierno provincial confirmó ayer por medio de un decreto firmado por el gobernador Martín Llaryora, la puesta en marcha de un esquema de pago diferido del impuesto Inmobiliario Rural. La alternativa, anticipada ya por el propio mandatario, entró en vigencia por medio de la publicación del instrumento legal en el Boletín Oficial. El artículo 1 establece “un régimen excepcional de diferimiento de pago para la liquidación del Impuesto Inmobiliario Básico Rural correspondiente a la anualidad 2025, aplicable a cada partida alcanzada por el gravamen, incluida la contribución especial que la integra -con excepción del impacto que generen las mejoras incorporadas en dicha liquidación- en las formas y/o condiciones que por la presente norma se disponen”. El beneficio de diferimiento “resultará de aplicación para aquellos inmuebles pertenecientes a los contribuyentes del mencionado gravamen cuya liquidación anual del tributo, excluyendo el impacto de las mejoras incorporadas en dicha liquidación, exceda el 172,51% del monto de la liquidación efectuada para la anualidad 2024, incluidos los fondos adicionales que integran la misma”. Concretamente, “el porcentaje a diferir por los contribuyentes del impuesto rural respecto de la anualidad 2024, será de un importe equivalente a la diferencia entre el incremento del impuesto correspondiente anualidad 2025 respecto del monto de la liquidación efectuada para la anualidad 2024, incluidos los fondos adicionales que integran la misma, y el 172,51%”, señala el artículo 3. El monto total diferido o el de las cuotas diferidas no devengará intereses y el importe del pago único o de la/s cuotas diferida/s deberá cancelarse en un sólo pago como fecha límite el día 30 de enero de 2026, indica el texto. En tanto, el artículo 6 señala: “Tratándose de inmuebles alcanzados por las disposiciones del artículo 2° del presente, cuyos propietarios acrediten de manera fehaciente y con carácter de declaración jurada estar atravesando dificultades económicas y/o financieras ante la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, el monto del diferimiento podrá extenderse por el cien por ciento (100%) de la liquidación del Impuesto Inmobiliario Básico Rural correspondiente a la anualidad 2025 debiéndose ingresar el diferimiento en un solo pago como fecha límite el día 30 de noviembre de 2025. La opción del diferimiento del impuesto deberá solicitarse con anterioridad al 12 de mayo de 2025”. De Loredo, “con los tapones de punta” Mientras tanto, ayer, el diputado nacional por la UCR, Rodrigo de Loredo, sumó nuevas críticas contra la gestión de Llaryora, particularmente enfocadas en la suba de impuestos y en supuestos nombramientos masivos en la administración pública. Según De Loredo, estos aumentos, que en algunos casos “superan el 1.000%”, están “fundiendo a los comercios y a las pymes” y “confiscando bienes del sector privado”. De Loredo afirmó que este incremento impositivo es el más grande en décadas en la Provincia. El tema será motivo de debate hoy en la Legislatura cuando bloques de la oposición busquen retrotraer las subas en el Inmobiliario Urbano mediante diferentes proyectos. La Provincia -tal como confirmó ayer este medio- asegura que los aumentos que denuncia la oposición incluyen a un universo de poco más de 21 mil cuentas que recibieron la quita de beneficios que ostentaban hasta ahora. Por lo pronto, De Loredo no sólo cuestionó el aumento del impuesto, sino también la metodología utilizada para calcularlo, denunciando un “coeficiente tramposo y oscuro” que nadie entiende ni siquiera los legisladores. Nombramientos Además, criticó que el Gobierno provincial mantenga un alto nivel de gasto público, con 14 ministerios y 10 agencias, mientras el Gobierno nacional se ha reducido. También señaló que la Provincia ha aumentado la planta de empleados públicos, mientras que en el ámbito nacional se ha reducido. En ese marco habló del pase a planta de cinco mil empleados públicos. Respuesta oficial La afirmación del dirigente de la UCR fue rebatida por el oficialismo. “El Gobierno de Córdoba desmiente categóricamente las afirmaciones falsas difundidas en distintos medios de comunicación por el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien sostiene que la actual gestión ha incorporado a 5.000 empleados a planta permanente”, señala el comunicado. “Si bien el Gobierno está acostumbrado a escuchar información falsa del diputado, sus dichos del día de hoy (por ayer) son de suma gravedad institucional. Esta información brindada por el diputado nacional es absolutamente incorrecta. Dada su investidura y el rol de representación que ejerce ante la sociedad, el diputado De Loredo tiene la responsabilidad de brindar información veraz y no engañar a la ciudadanía con datos falsos”, agrega el parte difundido por la oficina de prensa. Según los últimos datos oficiales disponibles en la web, la Provincia contaba al 30 de junio pasado con 130.592 agentes de los cuales 112.357 conformaban la dotación de planta permanente.
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