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» Comercio y Justicia
Fecha: 04/02/2025 10:42
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN), le pidió a la Corte Suprema que revoque la sentencia que empoderó a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en causas nacionales. El fallo “Levinas”, dictado por la máxima instancia, por mayoría, antes de la feria, permite que las sentencias nacionales pueden ser apeladas para su revisión al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño. Con el aval de las tres listas políticas que integran su Consejo Directivo, la entidad también reclamó que se suspendan los efectos de las causas en las que se aplicó el decisorio. Afirmó que el fallo “Levinas” tiene “efectos jurídicos de gravedad institucional” y que, paralelamente, provoca “verdaderas distorsiones” en la actuación de la justicia nacional. “Resulta nítido que el Tribunal Superior de la CABA, en tanto órgano superior de una judicatura que constitucional y legalmente no está llamada a dirimir conflictos de derecho común (civil, comercial, laboral o penal), no puede ser entronizado para resolver asuntos de esta índole por vía de exorbitar el concepto de superior tribunal”, argumentó. En ese marco, aseveró que el máximo tribunal porteño “no integra el mismo Poder Judicial al que pertenecen las cámaras nacionales de apelación” y, sobre esa base, alegó que “es claro que ejercer competencias en la misma jurisdicción no es igual que pertenecer al mismo Poder Judicial”. El viernes, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le envió una nota al presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Le pidió que se suspenda la aplicación del fallo, que implica que después de la intervención de una Cámara Nacional en una causa se puede apelar a la Corte de la CABA antes de la Corte nacional. El decisorio de la Corte que ratificó el traspaso de la justicia nacional a la CABA generó malestar en la justicia nacional, cuyos integrantes entienden que es inconstitucional. Casal planteó que “Levinas” dejará al Ministerio Público Fiscal (MPF) en una situación en la que “se podrá ver impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales” en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la CABA, con “menoscabo para los intereses por los que debe velar”. Postuló además que la Procuración General de la Nación tiene competencia para intervenir solo ante tribunales nacionales. “La actuación requerida por la nueva doctrina implica una actividad procesal para la cual las fiscalías nacionales no están legalmente habilitadas por la simple razón de que no tienen más competencia que la establecida en la ley, y ésta no les confiere legitimación procesal para actuar ante el foro local”, afirmó. Dijo también que tampoco pueden intervenir la Fiscalía General porteña ni sus fiscales porque se trata de una institución distinta. Alegó que una “hipotética actuación mixta” constituiría un obstáculo para el diseño de una “política criminal coherente”; ello así, porque la actuación de los fiscales nacionales “podría verse frustrada”. Casal indicó además que el fallo de la Corte no fijó “criterio hermenéutico alguno” para la adecuada solución de problemas y que “exige un acto normativo adicional que resuelva o modifique, de modo legalmente eficaz, la inhabilidad para actuar ante los magistrados locales”. En las antípodas de esa lectura, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió el decisorio. “Los fallos están para cumplirse. La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos de una vez con el ´inmovilismo´ y avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires, tal como dispone la Constitución Nacional”, publicó el fin de semana en sus redes sociales Por su parte, Martín Ocampo, procurador general de la ciudad, aseguró que la postura de la justicia nacional “refleja una resistencia infundada” a “los mecanismos de adaptación institucional que exige el sistema federal”. “Resulta indudable que a la luz de los avances logrados la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires aún sigue sin poder efectivizarse, por lo que las autoridades políticas y judiciales deben ejecutar los máximos esfuerzos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el reciente fallo de la Corte Suprema”, consideró Ocampo.
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