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Parana » ER 24
Fecha: 01/02/2025 20:46
¿Viva la libertad? La feria judicial y la polémica decisión que benefició a Pedro Báez El reciente fallo judicial que permitió que Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, cumpla arresto domiciliario en lugar de continuar detenido en la Unidad Penal de Paraná ha generado una fuerte controversia. La decisión fue tomada en plena feria judicial por las juezas Gisela Schumacher y Laura Soage, ambas con vínculos políticos que despiertan sospechas sobre la imparcialidad del sistema de justicia en la provincia. El megajuicio y el escándalo de corrupción Pedro Báez fue condenado en 2022 a seis años y medio de prisión en el marco del megajuicio que involucró a Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, por el desvío de fondos públicos y otros delitos contra la administración provincial. La condena fue un hito en la lucha contra la corrupción en la provincia, pero su cumplimiento ha quedado ahora en entredicho con la reciente decisión que le permite esperar la resolución de su condena desde la comodidad de su hogar. La resolución de Schumacher y Soage, adoptada sin un debate público amplio y en medio de la feria judicial, ha levantado una ola de críticas. Mientras otras personas condenadas han sido sometidas a estrictas medidas, Báez ahora disfruta de un beneficio que muchos consideran un escándalo. Las juezas y sus antecedentes No es la primera vez que Gisela Schumacher queda en el ojo de la tormenta por decisiones controvertidas. Su desempeño ha sido objeto de debate y su nombramiento en la justicia ha sido fuertemente cuestionado, especialmente después de la intervención de la diputada nacional Gabriela Lena, quien fue clave para salvarla de un posible juicio político. Su cercanía con sectores del poder político provincial genera dudas sobre su independencia y capacidad de administrar justicia con imparcialidad. Por otro lado, Laura Soage, jueza designada durante la gestión de Gustavo Bordet, es hija de un histórico militante cercano al exgobernador. Su vinculación con el poder político y su rol en la Asociación de Magistrados han sido motivo de cuestionamientos, dado que esta entidad ha jugado un papel clave en la defensa de decisiones judiciales favorables a exfuncionarios procesados. ¿Justicia selectiva? La doble vara en Entre Ríos La decisión de liberar a Pedro Báez no es un caso aislado en la provincia. En reiteradas ocasiones, el poder judicial entrerriano ha demostrado una velocidad inusual cuando se trata de beneficiar a ciertos personajes ligados al poder político, mientras que las causas que involucran a opositores o a figuras que han desafiado al sistema parecen avanzar con una celeridad selectiva. Resulta inevitable comparar la situación de Báez con otros casos en los que las garantías procesales han sido restringidas a conveniencia. El doble estándar judicial no solo afecta la credibilidad de la justicia entrerriana, sino que también genera un clima de impunidad que desalienta cualquier intento serio de combatir la corrupción en la provincia. El silencio de los responsables y la ironía del momento Mientras la noticia de la liberación de Pedro Báez generaba indignación, algunos actores políticos han optado por el silencio. La diputada Gabriela Lena, quien fue determinante para evitar el juicio político contra Schumacher, no ha emitido declaraciones al respecto. Tampoco ha habido pronunciamientos oficiales desde el Superior Tribunal de Justicia, que se ha desentendido de la polémica. En medio de este panorama, surge una pregunta irónica: ¿a qué recital asistirá la jueza Gisela Schumacher tras este polémico fallo? La referencia no es casual, ya que en otras ocasiones se ha cuestionado el comportamiento de jueces y funcionarios que parecen más preocupados por su agenda personal que por garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial. Conclusión: Una provincia secuestrada por la impunidad El caso de Pedro Báez y la polémica decisión de Schumacher y Soage no hacen más que confirmar lo que muchos en Entre Ríos vienen denunciando desde hace años: la justicia provincial está controlada por una red de intereses que opera al servicio del poder político de turno. Mientras algunos enfrentan el peso de la ley con todo su rigor, otros logran escapar de sus consecuencias gracias a jueces funcionales a una estructura que protege a los propios y castiga a los adversarios. La liberación de Báez es solo un nuevo capítulo en esta larga historia de impunidad. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿quién será el próximo en beneficiarse de esta justicia a medida?
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