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Concordia » 7paginas
Fecha: 01/02/2025 14:56
El IOSPER, creado en 1973 a partir de la Caja Mutual del Personal de la Administración Pública de Entre Ríos, fue administrado por el Poder Ejecutivo provincial hasta 1998, cuando la gestión pasó a manos de un directorio compuesto por representantes de los trabajadores estatales. Bajo este esquema, la obra social llegó a cubrir las necesidades de salud de unos 250 mil entrerrianos con un sistema basado en la solidaridad. Sin embargo, con el paso de los años, el organismo acumuló problemas financieros y operativos que desembocaron en un déficit mensual de aproximadamente 3 mil millones de pesos. Esta situación fue heredada por la actual administración provincial, que decidió intervenir el IOSPER mediante el decreto 3675 del 11 de diciembre de 2024. Las primeras auditorías muestran un panorama desolador Desde el inicio de la intervención, encabezada por el abogado Mariano Gallegos y la subinterventora Marina Alegre, los hallazgos han sido alarmantes. Uno de los primeros descubrimientos fue que la deuda real del IOSPER asciende a 42.871.884.708 pesos, el doble de lo declarado por el ex presidente del directorio, Fernando Cañete. De esta cifra, el 56% corresponde a la compra de medicamentos, revelando una preocupante mala gestión financiera. Las auditorías también identificaron un déficit operativo creciente debido a la contratación de prestadores a precios inflados, el desdoblamiento de los sueldos de los directores para ocultar sus montos reales y aumentos arbitrarios en los aranceles prestacionales. Se detectó, por ejemplo, que el presidente del directorio percibía un salario de 16 millones de pesos mensuales. Otro punto crítico fue la detección del uso indebido de vehículos oficiales para beneficios personales. En uno de los casos más notorios, un gerente de prestaciones era trasladado semanalmente desde Corrientes a Paraná con gastos cubiertos por la obra social, generando un costo mensual de 10 millones de pesos. La reacción de Cañete y la crisis con Femer El ex presidente del IOSPER, Fernando Cañete, ha negado en diversas entrevistas la existencia de irregularidades y ha sostenido que su gestión buscó garantizar la continuidad de los servicios. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con los informes preliminares de la intervención, que han revelado deficiencias estructurales y decisiones administrativas cuestionables. En medio de este proceso, la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) anunció la suspensión de la atención a afiliados del IOSPER, generando un nuevo conflicto. En respuesta, los interventores convocaron a una conferencia de prensa en la que calificaron la medida como «una desagradable sorpresa» y llamaron a los prestadores a negociar de manera responsable. «No vamos a aceptar que los afiliados sean tomados como rehenes», advirtió Gallegos. El desafío de sanear la obra social El objetivo de la intervención es claro: sanear las cuentas del IOSPER, garantizar la calidad de las prestaciones y negociar con prestadores bajo condiciones justas. La tarea, sin embargo, es titánica. Los primeros hallazgos muestran que la situación de la obra social es aún más grave de lo imaginado, y el trabajo de los interventores será clave para definir su futuro. El gobernador Frigerio ha dado instrucciones explícitas de que todo el proceso se lleve adelante con transparencia. «Queremos que los afiliados sepan lo que ocurre y que puedan confiar en que estamos trabajando para recuperar su obra social», afirmaron los responsables de la intervención. La crisis del IOSPER pone en evidencia la necesidad de una reforma profunda en su administración. Con una intervención en curso y auditorías en desarrollo, la provincia de Entre Ríos enfrenta el desafío de reconstruir una obra social que durante años fue blanco de cuestionamientos y denuncias. Lo que se ha descubierto hasta ahora es solo la «punta del iceberg» de un problema mucho mayor que, de no resolverse, seguirá afectando a miles de trabajadores y jubilados entrerrianos. Con datos de Nova Redacción de 7Paginas
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