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» Politicargentina
Fecha: 31/01/2025 21:50
El ministro de Defensa,, salió a desligarse de la baja de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas que fueron condenados por delitos de lesa humanidad y aseguró que la medida no responde a una “decisión política” sino al “cumplimiento de sentencias firmes”. En el mismo posteo adelantó que busca cerrar laA través de su cuenta de X (ex Twitter) el ministro remarcó: “La historia completa es uno de los pilares de nuestra gestión. Homenajeamos e indemnizamos a nuestros soldados en Formosa y los reivindicamos en Azul y en Villa María. Desmantelamos los 'grupos de trabajo' parajudiciales que servían para perseguir a las Fuerzas.”.Hace tiempo que organizaciones políticas, civiles y de derechos humanos advierten que podrían cerrar la Conadi y dificultar la restitución de identidad de cientos de personas. Este organismo estatal fue creado en 1992 con el objetivo de colaborar en la búsqueda e identificación de personas apropiadas durante la última dictadura militar (1976-1983) y bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que actualmente conduceEl organismo fue importante en la identificación de personas que fueron apropiadas y criadas con una identidad falsa, muchas de ellas en familias vinculadas con las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha, 139 nietos han recuperado su identidad gracias a investigaciones que incluyen análisis genéticos, documentación y testimonios.Sobre la baja de oficiales retirados, Petri buscó quitarse responsabilidad, después de que en algunos sectores cercanos a la visión negacionista del Gobierno libertario criticara la medida y señaló: “No es una decisión política sino el cumplimiento de sentencias firmes en procesos que han agotado todas sus instancias de revisión y apelación". "”, remarcó.“Con el liderazgo del presidente Milei, asumimos el desafío de reconstruir la Argentina desde sus cimientos, revalorizando el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Muchos de los que hoy critican esta medida se rasgan las vestiduras hablando de división de poderes y República.”, apuntó el ministro de Defensa.Respecto de la baja de represores de las filas del Ejército, medida dispuesta el miércoles por Petri, se trata de cuatro generales y 19 coroneles, todos retirados, que habían recibido condenas firmes de la Justicia por delitos de lesa humanidad en una decisión que generó malestar en algunos sectores. La medida fue dispuesta mediante la resolución 72/2025, a instancias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).Entre los militares comprendidos en la resolución se encuentran el general de división, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigadaEntre los fundamentos de la resolución firmada por Petri este lunes se señala que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó el 30 de octubre del año pasado, mediante un oficio, “”, de acuerdo con lo prescripto en la Constitución Nacional. Se cita, además, el decreto 721/2016, que delega en el ministro de Defensa la disposición de los “retiros y bajas obligatorias de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas”.La Procuraduría de Investigaciones Administrativas le recordó al ministro de Defensa que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”. Sin embargo, trascendió que la medida no cayó bien en algunos sectores del Ejército.A los cuatro generales dados de baja se suman los coroneles retirados Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
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