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» Diario Cordoba
Fecha: 31/01/2025 15:15
Un total de 13 de los 36 miembros de la Junta de Fiscales de Sala, el órgano que integra a los fiscales de más alta categoría de la carrera, firman una carta en la piden al fiscal general del Estado que dimita por entender que su decisión del pasado miércoles de no contestar al juez del Tribunal Supremo que le investiga por una presunta revelación de secretos pone en entredicho la institución. Entre los firmantes, dos ex fiscales generales, Consuelo Madrigal y María José Segarra, siendo esta última perteneciente al sector progresista de la carrera. Fuentes cercanas a Álvaro García Ortiz han expresado su "absoluto respeto al proceso, sin que factores externos deban interferir". Las mismas fuentes explican que ello no debe entenderse como una respuesta ni positiva ni negativa a la petición realizada. La decisión de García Ortiz responder únicamente a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, en la causa en la que se le acusa de una presunta filtración de un correo de la defensa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, supone para estos fiscales un "hito" que hace imprescindible su renuncia al cargo. "La imagen del Ministerio Fiscal que el Fiscal General del Estado representa y la institución misma que debe salvaguardar están siendo sometidas a una tensión insoportable. Su permanencia al frente, al tiempo que viene siendo investigado por la Sala II del Tribunal Supremo, provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales", señala la carta, que suscriben mayoritariamente los miembros del sector más conservador de la Junta. Además de las dos exfiscales generales ya citadas, el resto de firmantes el ex jefe de Anticorrupción Manuel Moix, los fiscales del 'procés' Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno y la jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán. Además, suscriben la carta los fiscales de sala Francisco Moreno, Javier Huete --que fue el encargado de recibir a García Ortiz el pasado miércoles a las puertas del Supremo--Pilar Martín Nájera, José Miguel de la Rosa, Elvira Tejada y el que fuera magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez. Confusión de responsabilidades Todos ellos consideran "necesario evitar la confusión entre la responsabilidad de la Institución y la que pueda incumbir a quien ostenta su jefatura y representación", en clara alusión a la estrategia de defensa desplegada por Álvaro Ortiz frente a la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo, pues "difumina nocivamente la delimitación de una y otra esfera". Agregan que el avance de la instrucción y sus hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, "superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal". El panorama se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la Fiscal actuante en la causa, "contraria a la lógica procesal más elemental". Concluyen subrayando que "la comparecencia del Fiscal General del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del Magistrado Instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho", y que tal decisión podría hacerla como García Ortiz, pero nunca como fiscal general, ya que de ese modo "sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de velar por la independencia de los Tribunales". La renuncia al cargo, advierten, "no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad", pues deja intacta la presunción de inocencia y, muy al contrario, le "abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad", dejando, "eso sí, a la institución".
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