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  • El Consejo Profesional de Ciencias Económicas respalda la postura de Michel sobre la vigencia de impuestos en Entre Ríos

    Concepcion del Uruguay » La Calle

    Fecha: 31/01/2025 11:45

    Guillermo Michel, exdirector general de Aduanas y actual referente del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos, volvió a referirse al cobro de un fondo especial sobre los impuestos inmobiliarios y automotor que el gobierno provincial está realizando de manera ilegal, según su análisis. En un reciente comunicado publicado en sus redes sociales, Michel volvió a cuestionar la legalidad de los cobros realizados en 2024, destacando que el mismo no tiene sustento legal, ya que el fondo establecido por la Ley Nº 10.270 había vencido el 31 de diciembre de 2023, con la Ley Nº 10.754. El exfuncionario precisó que, ante el planteo realizado por el senador Martín Oliva, presidente del bloque «Más para Entre Ríos», quien solicitó una postura respecto a la vigencia de los adicionales en los impuestos inmobiliarios y automotor, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia se expidió. Michel destacó la respuesta de la entidad, que expresó que, dado que el artículo 27º del proyecto de ley no fue aprobado ni sancionado antes de la fecha correspondiente (31 de diciembre de 2023), no es posible legislar de manera retroactiva para el ejercicio fiscal de 2024. La entidad instó al Ejecutivo provincial a modificar dicho artículo para que se ajuste a la normativa vigente. Michel hizo hincapié en que, desde su punto de vista, el gobierno provincial sigue cobrando el fondo de manera ilegal, a pesar de que la vigencia de la ley que lo habilitaba ya había expirado. Además, señaló que aquellos contribuyentes que pagaron el impuesto fuera de término fueron obligados a abonar multas e intereses, lo que agrava la situación. En su denuncia, destacó que el monto recaudado de manera indebida superaría los 19.000 millones de pesos. En su crítica, el exdirector de Aduanas también planteó una serie de preguntas: «¿El Ejecutivo pretende validar el fondo retroactivamente aprobando el proyecto de ley durante el año en curso, lo cual constituiría una violación a la Constitución Provincial, las leyes y los principios de la tributación? ¿Devolverá el gobierno a los entrerrianos el dinero cobrado ilegalmente o dispondrá un saldo a favor de los contribuyentes que pagaron?». Michel insistió en que «de ninguna manera se puede cobrar un impuesto sin ley», aludiendo a la gravedad de la situación y la necesidad de que el gobierno provincial dé explicaciones al respecto. El debate sobre la legalidad de los cobros realizados por el gobierno de Entre Ríos sigue abierto, y la respuesta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sumó un nuevo capítulo en la controversia que involucra a los contribuyentes de la provincia y la administración pública.

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