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Santa Elena » Ladepartamental
Fecha: 31/01/2025 11:42
Este sábado 1 de febrero, la provincia de Entre Ríos será escenario de una serie de movilizaciones en el marco de la Marcha Federal del Orgullo antifascista, antirracista y anticapacitista. Esta convocatoria busca rechazar las políticas y medidas del gobierno de Javier Milei. La convocatoria se realizó tras el discurso del presidente en Davos, donde […] Este sábado 1 de febrero, la provincia de Entre Ríos será escenario de una serie de movilizaciones en el marco de la Marcha Federal del Orgullo antifascista, antirracista y anticapacitista. Esta convocatoria busca rechazar las políticas y medidas del gobierno de Javier Milei. La convocatoria se realizó tras el discurso del presidente en Davos, donde vinculó a la homosexualidad con la pedofilia. En el departamento de La Paz, las ciudades de La Paz y Santa Elena serán parte activa de las protestas. En La Paz, la concentración está prevista para las 18:30 en la Plaza 25 de Mayo; mientras que en Santa Elena, los manifestantes se reunirán en la Plaza Centenario a partir de las 18:00. Ambas marchas se suman a la de otras ciudades entrerrianas, como Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Gualeguay, que también estarán movilizadas en defensa de la diversidad y en contra de las políticas discriminatorias.La marcha en La Paz se centrará en la lucha contra las decisiones que afectan a la comunidad, y el mensaje de "Contra el odio y el ajuste" será el eje de la movilización. En Santa Elena, la protesta tendrá el mismo sentido, con énfasis en la necesidad de frenar las políticas que atentan contra los derechos humanos y la inclusión. Cabe recordar que el Gobierno nacional presentó un megaproyecto de reformas que incluye la derogación de los cupos laborales para personas trans y con discapacidad, la eliminación del cupo femenino para candidaturas políticas, la descontinuación del DNI no binario y la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal, además de cambios a la Ley Micaela. Estas iniciativas han sido calificadas por las organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas como un retroceso en materia de igualdad y derechos adquiridos.
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