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» Diario Cordoba
Fecha: 30/01/2025 18:12
La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha defendido este jueves ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado su forma de proceder respecto de los correos que le fueron reclamados directamente por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la noche del 13 de marzo del pasado año para salir a responder a una información que desde esta institución se consideraba un "bulo". Se trataba de informar sobre acuerdo de pacto que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ofrecía a la Fiscalía para evitar ser juzgado por fraude fiscal. Rodríguez ha defendido que era su obligación dar cuenta de este asunto y que al correo cuya filtración se investiga tuvieron acceso al menos 60 personas esa misma noche. En todo caso, fuentes presentes en la declaración han señalado a este diario que el instructor ha vuelto a centrar el ámbito las imputaciones en la nota de prensa elaborada por el Ministerio Público para responder a la información de El Mundo --que señalaba que el pacto había partido de la Fiscalía-- algo que había descartado expresamente al inicio de sus pesquisas. De hecho, según las fuentes confirmadas, el magistrado ha iniciado su interrogatorio concretando a la fiscal que los hechos por lo que está investigada son el envío de un correo a la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, con el expediente de González Amador; la participación en la circulación de la propuesta de pacto que llegó al fiscal general, que pudo ser la base de la noticia que después publican los medios de comunicación; y su participación en la elaboración de la nota informativa que fue difundida a la prensa con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella es jefa. La jefa provincial, que declaró durante casi dos horas, llegó al Supremo cuarenta minutos antes de la hora a la que había sido citada y respondió con un escueto "sí" a la pregunta que le realizaron los periodistas sobre si tenía previsto responder a las preguntas del juez. Actuó así al contrario de lo que hizo García Ortiz, que únicamente respondió a su defensa alegando que la mayoría de los indicios parten de lo obtenido en los registros realizados en su despacho y en el de Rodríguez, que ha recurrido por nulos. Más de 500 personas con acceso a la denuncia Según las fuentes consultadas, la fiscal jefa provincial ha confirmado al instructor que un total 571 personas --más un número indeterminado de funcionarios de decanato de Plaza de Castilla y de la Agencia Tributaria-- tuvieron acceso directo a la denuncia de Fiscalía y al expediente tributario del empresario Alberto González Amador a partir del 5 de marzo de 2024, una información que se publicó en elDiario una semana después. Además, unas 60 personas, más todo el entorno de González Amador tuvieron acceso directo al contenido del correo con fecha de 2 de febrero en el que el abogado de la pareja de Ayuso ofrecía un pacto a Fiscalía. Ha confirmado asimismo que el fiscal general no conoció el contenido del mismo hasta la noche del 13 de marzo. A lo largo del interrogatorio, el juez Hurtado ha incidido en que el dato de que la propuesta de conformidad realizada por el abogado defensor, donde reconocía la comisión por parte del empresario de dos delitos contra Hacienda, pasó por las manos de Rodríguez, un momento en el que la investigada ha apuntado que ella no fue la responsable de validar el contenido y se limitaba a cumplir las instrucciones del fiscal general. También sacó a relucir Hurtado la Instrucción de 2012 sobre protección de datos, señalando que la fiscal jefe debía conocer el protocolo de datos confidenciales. En este punto, la interrogada negó que, a su juicio, lo incluido en la nota fuera confidencial. La denuncia En cuanto a la remisión de la denuncia contra el empresario al número dos de García Ortiz, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid ha hecho un pormenorizado relato de los hechos bajo sospecha. Y comenzó su declaración explicando que el 7 de marzo de 2024 recibió una llamada del número dos del fiscal general, Diego Villafañe, en la que éste le preguntó si en el procedimiento contra la empresa Maxwell Cremona estaba relacionada alguna persona del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Considera que no se dio ningún trato de "favor o desfavor" a la pareja de Díaz Ayuso. Villafañe se interesó en este dato, ha declarado, porque la tarde del día anterior, el 6 de marzo, un periodista se había dirigido al gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado para preguntarle por este procedimiento. Así, Rodriguez había actuado dentro del marco imperativo normativo que establece el artículo 25 del Estatuto Fiscal, entendiendo que Villafañe se lo reclamó por indicación del fiscal general. Cuestionada por las sospechas que manifestó la fiscal Superior madrileña Almudena Lastra, en el sentido de que los correos podrían haber sido filtrados por el fiscal general, Rodríguez ha salido al paso asegurando que entendió que Lastra lo pensaba y estaba enfadada por ello, y que lo tomó como simples comentarios que ella ni asume, ni comparte. Ofendida por la UCO En un momento de la comparecencia, Rodríguez desmintió un dato deslizado en sus informes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos agentes interpretaron sus mensajes con sus superiores en el contexto de que estuviera esperando ascender a otra plaza. Así, ha comentado que le acababan de renovar y no podía esperar a otro puesto, y que en el actual espera seguir otros cinco años. Afirmó que le resultó "humillante" que realizaran dicha inferencia. También ha respondido a determinados comentarios incluidos en sus mensajes con otros miembros del Ministerio Público, como cuando dijo que a la nota de prensa quizá le hubiera hecho falta incorporar “cianuro”. Afirmó que no fue más que "un desahogo", ya que la información que se trataba de rectificar ponía en duda su imparcialidad y su profesionalidad. En cuanto a los agradecimientos al “equipo fortuny” [el nombre de la calle de Madrid en la que se encuentra la sede de la Fiscalía General del Estadp], ha explicado que eso significa que se habían hecho las gestiones que el fiscal había considerado para proteger la institución. Igualmente, ha relatado que el comentario de “a su disposición” que remitió al fiscal general se justifica porque los días 7 y 8 de marzo el Consejo Fiscal decidió la renovación de su cargo, y el día siguiente, el 8 de marzo, García Ortiz se dirigió a ella a través de su secretaría para darle la “enhorabuena”. Y como no le pudo atender en ese momento, cuando estuvo disponible le escribió el mensaje: “Jefe, a tu disposición”, para especificarle que ya podía hablar, y por eso recibió una llamada del fiscal general. Esa fórmula es frecuente entre los miembros de la carrera fiscal cuando se ponen a disposición de sus jefes, ha completado. La investigación, en todo caso, sitúa la iniciativa de la filtración en el fiscal general de Estado, García Ortiz, siendo canalizadas sus órdenes a través de Pilar Rodríguez, quien a su vez informa de todos sus pasos al fiscal general. La fiscal jefe de Madrid, por su parte, habría sido auxiliada en la obtención del citado correo por el fiscal del caso, Julián Salto -inicialmente investigado pero ya exonerado del caso- y en menor medida por la decana de delitos económicos, Virma Alonso, que nunca ha sido imputada.
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