29/01/2025 03:06
29/01/2025 03:06
29/01/2025 03:06
29/01/2025 03:06
29/01/2025 03:05
29/01/2025 03:05
29/01/2025 03:05
29/01/2025 03:05
29/01/2025 03:05
29/01/2025 03:04
Parana » Radio La Voz
Fecha: 27/01/2025 14:12
El exfuncionario Ramón Jesús Pérez Mendoza responde a declaraciones de Victoria Giarrizzo, exsecretaria de Industria, Comercio y Minería, donde lo acusó de obstruir expedientes y renunciar. Pérez Mendoza explica su rol como Director General de Comercio Interior y Defensa del Consumidor y detalla las irregularidades en la gestión de multas y convenios con la UNL, que carecían de aprobación superior y protocolización. Ante presiones para firmar resoluciones cuestionables, optó por elevar las observaciones a las autoridades sin recibir respuesta. Rechaza las acusaciones, reivindica su trayectoria y señala que actuó en defensa de la transparencia y el ajuste a derecho en la administración pública. He leído la nota a la Secretaria de Industria, Comercio y Minería Victoria Giarrizzo, publicada en la página web de la radio y en vistas de que fui allí mencionado (“…Inicialmente Jesús Pérez Mendoza era el director de toda esta área, fue donde empezamos a tener problemas porque él no quería firmar los expedientes y por lo tanto yo le pedí la renuncia…”) quisiera hacer llegar algunas consideraciones al respecto a fin de clarificar mi posición Al 9 de diciembre 2023 existían, dependientes de la Secretaría de Industria y Comercio (acéfala desde la Renuncia del Cdor Fernando Caviglia): * la Dción Gral de Comercio Interior (a mi cargo), * la Dción Gral de Industria (a cargo del Sr. Cristian Kaehler), * la Dción Gral de Comercio Exterior (también acéfala), * y la Dción Gral de Defensa del Consumidor (a cargo de Fernán Poidomani). Iniciada la gestión es nombrada la Sra Giarrizzo como Secretaria (Laprida 465 4P), anexándosele Minería como Dirección General. La nueva gestión decide: * confirmarme a mí en Comercio Interior (Laprida 465 P4) * a Cecila Lacava (Laprida 465 P2), en Industria * a Cynthia Cabrol (Laprida 465 P1), en Comercio Exterior * a Ricardo Iturriza (Bajada Gde), en Minería * y también confirmar a Fernán Poidomani en Defensa del Consumidor (Córdoba 231), pero hubo en ese momento una marcada resistencia desde algunas áreas de gobierno para que Poidomani continuara teniendo capacidad de firma. Entonces deciden unificar Comercio Interior con Defensa del Consumidor nombrándome a mí a su frente como Director General (Dto.53/24) y al Sr Fernán Poidomani como Coordinador General de OMIC (Dto.59/24). La Sra Secretaria decidió con esto que yo quedara a cargo de la firma de las resoluciones que el Organismo dictare pero que en la práctica la conducción efectiva de Defensa del Consumidor continúe a cargo del Sr Poidomani (Disposición 01 SICM). La gestión inició con más de 3.000 expedientes sumariales por afectación a los derechos del consumidor pendientes de tratamiento, a los que se les fueron sumando los generados en 2024. Desde el comienzo de la gestión hasta el mes de octubre pasado me llegaron para la firma 30 (treinta) resoluciones. A pesar de que Defensa cuenta con una dotación aproximada de 30 personas es evidente que por alguna razón (?) el nivel de resoluciones de casos era muy lento. Entonces el Sr Poidomani propone a la Secretaria generar un Convenio con la Universidad Nacional del Litoral, a fin de que ellos colaboren con el Organismo en mejorar la performance de resolución de casos, gestión de la que participó el Dr Mariano Churruarín como referente de las cuestiones de derechos del consumidor en esa Academia. El Convenio se firma entre la Universidad y la Secretaría el 3 de junio, a partir de lo cual comenzaron a trabajar en calle Córdoba jóvenes abogados de esa casa en el organismo (generando algún malestar en los empleados del mismo, pero eso es otro asunto). El viernes 25 de octubre llegan a mi despacho 8 resoluciones para la firma (juntas totalizando un valor de 78 millones en multas). En su parte resolutiva se establece que un 40% de ello debe ir al municipio en que se generó el caso (correcto de acuerdo con el art.19 Ley 8973), pero concurrente con un 50% hacia la UNL, quedando sólo el 10% para la provincia. Ante lo inédito de la situación y para quedarme tranquilo al ir mi firma mediante, comienzo a rever el marco jurídico disponible. Me encuentro (4 meses mediante) con que el Convenio con la UNL nunca había sido elevado para opinión de autoridades superiores (el servicio jurídico del Ministerio por ejemplo), tampoco había sido presentado para su protocolización ante Escribanía Mayor de Gobierno como lo establece su Memorándum 1 (8/8/24) y el Dto 3565/17 (cuando hice la consulta en calle Córdoba se me respondió que era porque Escribanía exige los originales de los convenios para darle curso y estos resulta que se habían “perdido”. El Convenio entonces sólo se enmarcaba en una Resolución que abre la posibilidad a colaborar con terceras entidades en la resolución de los casos a cambio del 50% de lo recaudado, dicha Resolución es de la misma Dirección de Defensa del Consumidor, numerada en la misma Dirección y por tanto también sin haber sido elevada a otras instancias para su consideración, cabe aclarar que las resoluciones de multa también se numeraban en calle Córdoba, con lo cual visualicé que demasiadas cuestiones y en temas tan sensibles como lo son flujos millonarios y a terceras entidades comenzaban y terminaban “en casa”. Esta situación, sumado a la presentación por nota de una de las abogadas de la repartición (pidió y se le dio el pase a otra Secretaría “por considerar que su permanencia allí afectaba su salud”) argumentando que casos que se le atribuían a intervenciones de la UNL en realidad habían sido trabajados por personal del propio organismo, me determinó a solicitar a la Sra Secretaria generar las intervenciones que nos dieran tranquilidad a todos (al menos la procura de un nuevo original y su presentación ante Escribanía Mayor de Gobierno) y luego de ello si proceder a las firmas. Lo que conseguí no fue el reencauce de las cosas sino que me presionara en más de una ocasión para que firmara igual, bajo el argumento de que obstruía su gestión y ponía bajo sospechas el nombre del Sr Poidomani. Así pasó tan sólo una semana y media, hasta decirme que debía abandonar el cargo, que ya lo había consultado con el ministro y contaba con su apoyo y que además “todos los abogados del ministerio estaban en acuerdo” con los procedimientos que yo observaba. Entiendo que un funcionario superior debe integrar su equipo con la gente que mejor considere, con lo cual ya dadas así las cosas no pretendí forzar mi permanencia allí, pero si irme con la tranquilidad de que mi planteo no era tan descabellado, de manera que, además de enviar un mensaje a la superioridad (sin respuesta), me dirigí al ministerio donde expuse la situación (en una misma reunión) ante la gente de Coordinación Gral y de las Direcciones de Jurídicos, de Administración y Despacho. La sorpresa e inquietudes de todos los presentes ante mi exposición me dejó en claro que aquello de que “todos los abogados del ministerio estaban en acuerdo” claramente no era cierto. Creo que la transparencia, la seriedad y el ajuste a derecho son absolutamente imprescindibles en la aplicación de las políticas públicas. Nunca fue mi intención “trabar” una acción de gobierno, todo lo contrario, creo firmemente que fue justamente cuidar una gestión al procurar transparencia y ajuste a derecho en cuestiones tan evidentemente de alta sensibilidad, además del buen nombre propio después de una trayectoria de más de 36 orgullosos años en la administración pública provincial y de pretender desempeñar con responsabilidad el nombramiento con el que el Señor Gobernador me honrara al momento de firmar mi decreto. Adjunto documentación mencionada Ramón Jesús Pérez Mendoza DNI 20670673
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por