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Concepcion del Uruguay » 03442noticias
Fecha: 24/01/2025 20:53
La empresa de capitales nacionales Caminos del Río Uruguay (CRUSA), concesionaria de las rutas 12 y 14, alza la voz, “recordando los hechos y la verdad de una historia de incumplimientos sistemáticos de parte del Estado Nacional”. La mota a los medios dice textualmente: Desde el año 2009 no respeta el contrato. Un panorama común para las concesiones de servicios públicos luego de la salida de la Convertibilidad y por más de 20 años en los cuales se violentaron las condiciones contractuales. El incumplimiento estatal en sucesivas administraciones y por largos períodos, especialmente las insuficientes tarifas sin relación ni proporción objetiva con los costos, sentenció de muerte la concesión, el servicio, y a CRUSA. La situación descripta tornó inviable la concesión, impidiéndole ejecutar las obras de mantenimiento y ampliación del corredor además de las enormes pérdidas que ocasionó a la empresa. Es que, con una tarifa de 900 pesos, menos del 30% del valor del contrato y muy por debajo de los montos dispuestos para otras concesiones y a los corredores operados por el propio Estado, es imposible garantizar el servicio adecuado e incluso la regular remuneración del personal y sus cargas sociales. Es injusto para la empresa y accionistas, que a lo largo del tiempo hicieron siempre las inversiones en función de los ingresos recibidos, obteniendo premios internacionales por ello, manteniendo siempre a salvo la ética y valores morales en los negocios. Las actuales autoridades se han desentendido de forma permanente. Ello pone en riesgo la seguridad de los usuarios, pese a las reiteradas advertencias que la empresa realizó a gobiernos nacionales, provinciales y municipales. El golpe terminal fue no aplicar los ajustes tarifarios de establecidos en el contrato y la negativa de esta administración a realizar la renegociación integral obligatoria comprometida por el Estado, agravando la ruptura del equilibrio contractual. La señalada renegociación, establecida en el Decreto 1870/2006 para normalizar el contrato afectado por los efectos de la caída de la Ley de Convertibilidad, debía fijar el precio del peaje incorporando los costos por el mantenimiento de tramos nuevos, en aquel momento la autopista Arroyo Negro – Ceibas; posteriormente las autopistas Ceibas – Gualeguaychú, Gualeguaychú hasta Paso de los Libres, y la Ruta Nacional 174, que vincula Rosario con Victoria incluido el puente. La falta de respuesta y la continua insuficiencia de ingresos, llevó a la empresa a presentar una demanda contra el Estado Nacional para reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, la cual se encuentra en plena etapa probatoria. Cabe destacar que CRUSA no recibe ni ha recibido subsidios que compensen la falta de actualización de las tarifas, a diferencia de otros concesionarios que sí se vieron beneficiados. La falta de ingresos no solo impidió realizar las inversiones necesarias, sino que además llevó a la empresa a una situación de ahogo financiero que derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún- con sus más de 500 empleados. El deliberado hostigamiento contractual derivado de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional ha provocado un mantenimiento insuficiente de las rutas, a pesar de los esfuerzos operativos y humanos realizados. CRUSA ha comunicado y reclamado permanentemente por escrito y en forma presencial a Vialidad Nacional, la Secretaría de Transporte, y al Ministerio de Economía esta realidad. La falta de respuesta del Estado y la continuidad de sus incumplimientos, generaron el actual estado de las rutas y de la concesión. El Estado sólo se limitó a aplicar penalidades por supuestos incumplimientos de ejecutar obras, que CRUSA precisamente no podía ejecutar por falta de actualización de las tarifas. Además, el Contrato establece que no se podían aplicar penalidades si el Estado no pagaba parte de las repavimentaciones. Y no las pagó. Y por la situación descripta, Caminos del Río Uruguay S.A. se vio forzada a presentar su concurso preventivo en el año 2023. Que culminó en agosto de 2024 con la homologación de la propuesta de Acuerdo Preventivo. Para cumplirlo es indispensable regularizar mínimamente los ingresos. De lo contrario, la empresa irá a la quiebra. El reciente Decreto 28/25 establece que estas rutas serán licitadas dentro del plazo de doce (12) meses para una nueva concesión. La norma no prevé la regularización de la actual Concesión que habrá de finalizar el próximo 8 de abril. Es imprescindible e impostergable fijar las condiciones mínimas que permitan el cierre ordenado de nuestro contrato, luego más de treinta años a cargo de estas rutas. CRUSA, dentro de lo posible, ha invertido y cuidado al usuario. Durante el período en el que el Estado respetó las tarifas contractuales, la empresa ejecutó importantísimas obras de ampliación y mantenimiento, reforzando la seguridad del corredor para los usuarios y la prestación general de las rutas. Destacamos que CRUSA está integrada por personas apasionadas por el tema, que dedicaron una gran parte de su vida a la infraestructura vial de calidad. Y si no pudo ejecutar mayores obras fue por percibir una tarifa inferior al 30% de la prevista contractualmente. La Ley Bases mencionada en el Decreto 28/2025, marca las pautas para, en casos de incumplimientos del Estado Nacional como es este caso, efectuar un Acuerdo Transaccional o una Renegociación con modificación del plazo y tarifa, según el Artículo 33, Anexo II, de la Reglamentación de los Artículos 66 a 72, 74 y 75 del Capítulo II del Título III Ley 27.742, que significaría un gran beneficio para el Estado, los usuarios, un acto de justicia, una clara demostración de respeto a los contratos y una señal más de cambio político respecto del pasado.El país merece rutas en buen estado, con contratos que brinden servicio y seguridad vial, para la sociedad y el flujo de la economía y el desarrollo. Pero para eso es imprescindible que las autoridades cumplan con su parte, otorguen previsibilidad a empresas e inversores, dentro de un marco y esquema sanos y de largo plazo, bajo condiciones de mercado y de competencia. Esto solo se logrará si los contratos son respetados por todos: concesionarios y el Estado. El poder público, en las últimas décadas y con sus diferentes niveles y organismos, no ha honrado sus obligaciones. Su conducta ha sido, de manera sistemática y permanente, de incumplimiento a los compromisos asumidos, lo que ha derivado en esta lamentable situación. Los hechos y los datos son contundentes. Se trató, sí, de la crónica de una muerte anunciada.
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