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  • El Gobierno echó a Rodolfo Barra de la Procuración del Tesoro y analiza su reemplazo

    Parana » Ahora

    Fecha: 24/01/2025 19:45

    Finalizó el ciclo de Rodolfo Barra al frente de la Procuración del Tesoro del Gobierno nacional. La actual administración decidió desplazarlo de su rol luego de un año en su cargo, en el que tuvo que responder las iniciativas de la gestión que alcanzaron judicialización. “El gobierno le acaba de pedir la renuncia al Procurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra. Su reemplazo será definido el próximo lunes por el Presidente de la Nación”, fue el mensaje del portavoz presidencial, Manuel Adorni, que oficializó la decisión. Los primeros trascendidos apuntan que su eventual reemplazante podría ser Ricardo Manuel Rojas, exjuez penal, que habría sido convocado a la Casa Rosada. Barra, de 77 años, fue juez de la Corte Suprema de Justicia durante los ’90, década donde también fue convencional constituyente y ministro de Justicia de la Nación, bajo la presidencia de Carlos Menem. Su experiencia se complementó con la titularidad de la Auditoría General de la Nación entre 1999 y 2002. El rol de Rodolfo Barra El inicio de la gestión de Rodolfo Barra frente a la Procuración del Tesoro de la Nación fue ajetreado. El DNU 70/2023 que anunció Javier Milei a días de asumir implicó una sucesión de judicializaciones que el jurista tuvo que sostener. En ese momento, y a la espera de que la Corte Suprema resuelva los amparos, señaló en una entrevista a radio Rivadavia que “el país está en una situación terrible” y se “necesitan medidas de urgencia”. Posteriormente, según informó Ámbito, el funcionario tuvo su primera visita a la Cámara de Diputados en medio del debate de la ley Ómnibus. Allí volvió a respaldar las transformaciones sustanciales del Gobierno entendiendo que “para defender los derechos constitucionales habría que permitir que la Constitución siguiera vigente: si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente”. Su posterior visita al Congreso fue a la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando, precisamente, se debatía una reforma del régimen de DNUs. Allí el procurador desarrolló una defensa ambigua: “La valoración de necesidad y urgencia ha sido política y forma parte del diálogo especial entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que es de alguna manera una herramienta que la Constitución pone en manos al Presidente para que trate de incentivo al Congreso a que legisle frente a determinados casos”.

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