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» Diario Cordoba
Fecha: 24/01/2025 14:46
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto que los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas Ruiz-Capillas, que fueron detenidos como cabecillas de la trama de los hidrocarburos, han defraudado presuntamente a la Hacienda española más de 367,7 millones de euros, según se constata en dos informes remitidos al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. En concreto, los agentes han detectado tres supuestos fraudes. El primero fue objeto de la querella inicial que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra Víctor de Aldama y su socio. Según el ministerio público, emplearon la operadora Villafuel y otras mercantiles vinculadas al sector de los hidrocarburos, sirviéndose de testaferros, para cometer entre 2022 y 2024 "delitos contra la Hacienda Pública cuantificados en 182.513.923 euros, un delito de pertenencia a organización criminal y delitos de blanqueo de capitales", especifica la Guardia Civil en un informe de 12 de diciembre de 2024. El segundo fraude fue descubierto "tras el análisis preliminar de la información recabada a través de los dispositivos y documentación intervenida durante la práctica de las entradas y registros". Así consta en un informe de 15 de enero, al que ha tenido acceso esta redacción, que destaca que Aldama y Rivas "diseñaron una estructura empresarial instrumentalizada, liderada por la mercantil Have Got Time SL y otras sociedades ligadas al sector como Combustibles Lucinala SL, que posibilitaron el perfeccionamiento de delitos contra la Hacienda Pública, cuantificados inicialmente por la Agencia Tributaria en 49.213.613 euros". Víctor de Aldama y Claudio Rivas / UCO de la Guardia Civil Los cabecillas recurrieron a las detenidas Leonor María González Pano y María del Carmen Pano Sánchez para administrar la empresa Have Got Time; y a Carlos del Castillo y de nuevo a María del Carmen Pano para encabezar la firma Combustibles Lucinala Sl. Sin embargo, en un escalón superior se encontraba Luis Alberto Escolano, "mano derecha" de Aldama, explica la UCO, pues se encargó de la constitución de estas sociedades y figuraba formalmente como beneficiario de las mismas. Estas nuevas sociedades, explican los agentes, "fueron utilizadas por la organización criminal, que ya conformaban, con un claro propósito instrumental, no solo para posibilitar el perfeccionamiento de delitos contra la Hacienda Pública [...] durante los años 2021 y 2022, sino también como medio a través del que obtener fondos con los que financiar la ejecución de otras operativas criminales". Fue precisamente Have Got Time la empresa que Aldama utilizó para comprar un chalé en Cádiz que primero eligió y después alquiló durante unos meses el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El ahora diputado del Grupo Mixto será investigado por promover presuntamente la contratación de las empresas de Víctor de Aldama para la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus. Otros 136 millones Pero hubo un tercer fraude, según explican los agentes, de "más de 136 millones de euros" al que se añade el posterior "blanqueo de los fondos generados" que Claudio Rivas habría cometido en 2020 y 2021, Esta operativa también la investiga el juez Santiago Pedraz, aunque en otro procedimiento abierto en 2021, y por el que está imputado el socio de Aldama. Estos presuntos delitos se habrían cometido, explican los agentes en su informe, a través de una estructura societaria en la que estaba integrada la operadora de hidrocarburos Gaslow Abastecimientos, que estuvo dirigida en 2020 por el propio Claudio Rivas. A finales de 2020 esta organización aparentó "disgregarse", aunque de forma paralela este empresario creó "una nueva estructura convirtiendo a la firma Have Got Time como nueva suministradora y a Villafuel y Combustibles Lucinala como comercializadoras". Aldama se incorporó en 2021 Fue en los primeros meses de 2021 cuando Aldama se incorporó a la organización criminal de Rivas, quien en compañía de este habría creado las empresas aludidas, con las que siguieron cometiendo presuntamente los delitos fiscales con el IVA de los hidrocarburos por los que acabaron siendo detenidos en 2024. Y esta "capacidad de regenerarse" de las organizaciones criminales, como es el caso de la encabezada por Aldama y Rivas, les posibilitó volver a desarrollar "nuevas operativas fraudulentas y con ello, dar continuidad a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública que les permita reactivar la entrada de capital procedente del fraude cometido". Este jueves, el juez Pedraz citó a 16 investigados, entre ellos, las empresarias María del Carmen Pano, que en una entrevista dijo "haber entregado 90.000 euros" en efectivo "en la sede del PSOE, en octubre de 2020, por instrucciones directas" de Aldama, extremo que este partido ha negado.
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