22/01/2025 01:58
22/01/2025 01:58
22/01/2025 01:57
22/01/2025 01:57
22/01/2025 01:42
22/01/2025 01:41
22/01/2025 01:41
22/01/2025 01:41
22/01/2025 01:40
22/01/2025 01:40
» Diario Cordoba
Fecha: 21/01/2025 12:00
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para reformar la ley del poder judicial con el que pretende intervenir la carrera judicial a través de cambios en las oposiciones, en el sistema para elegir las salas de Gobierno y la Comisión de Ética Judicial. El texto propone la creación de un centro público de opositores, un sistema de becas y un registro obligatorio de jueces y magistrados que hayan pedido compatibilidad para preparar oposiciones. Se plantean cambios también en los exámenes, incluyendo una prueba escrita, y en el cuarto turno, para evaluar primero el acceso a través de una prueba y posteriormente los méritos. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido este anteproyecto como una herramienta necesaria para “fortalecer” la carrera judicial y fiscal y “adaptarla a las necesidades del siglo XXI”. Entre sus medidas se incluye asimismo la prohibición a las asociaciones profesionales de recibir financiación privada, limitándola a las cuotas y al dinero público. La regulación de la financiación se basa en la necesidad de garantizar una imagen de “imparcialidad”, según ha defendido el titular de Justicia en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al entender que los jueces pueden verse condicionados por empresas financiadoras que puedan acabar en procedimientos judiciales. Al mismo tiempo se impulsará un procedimiento extraordinario de regularización de los jueces sustitutos y magistrados suplentes. El Ejecutivo pretende, por otra parte, realizar cambios en la elección de las salas de Gobierno que ahora copan magistrados conservadores. Para ello, se establece la posibilidad del voto telemático, prohibiendo el voto delegado, y que cada juez pueda votar a un candidato. Además, los mandatos de sala se reducirán de cinco a tres años. Las candidaturas serán así individuales y se fijará un solo voto por elector. En las últimas elecciones, celebradas el mes de noviembre pasado, arrasó la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, obteniendo más de la mitad de las plazas. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) obtuvo 30 plazas; el Foro Judicial Independiente (FJI) 13 y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) un total de tres. Los No Asociados se quedaron con 11. La Comisión de Ética Judicial, el principal órgano consultivo en esta materia, dejará de ser elegida solamente por el voto de los jueces. Estos últimos elegirán solamente a cinco, mientras que las Cortes Generales elegirán a otros cuatro (ampliando así a nueve la composición de este órgano). Lo harán entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral. Desde Sumar han aplaudido la iniciativa al recoger el compromiso del acuerdo de coalición para "democratizar el acceso a la carrera judicial con medidas profundas". Concretamente con el impulso de un sistema de becas por el que los opositores de familias con bajos recursos podrán optar al menos a percibir el salario mínimo interprofesional durante cuatro años. Vox no ha tardado en arremeter contra este anteproyecto al calificarlo de "asalto a la justicia". "Pretenden sustituir el mérito y la capacidad por el carné de afiliado del PSOE", han criticado para avanzar su total rechazo. Regulación del ‘cuarto turno’ Fuentes del Ejecutivo trasladan que no está determinado todavía el sistema de elección, pero se inclinan porque sea similar a la elección de la Mesa del Congreso para que haya paridad entre conservadores y progresistas. De este modo, aumentaría la cuota de representación de los candidatos progresistas. La norma ha sido aprobada en primera vuelta, por lo que desde el Gobierno dejan la puerta abierta a incluir cambios y seguir concretando sus medidas. La regulación del denominado “cuarto turno” se defiende para asegurar que cada vez que se convoque el turno libre se convoque también el concurso de oposición. “Así se garantiza que se cumpla la ley y que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia”, señalan desde el Ejecutivo. La norma establece fórmulas para aumentar los recursos humanos en la Administración de Justicia, dimensionados en función de la carga de trabajo de los tribunales. Entre ellas, se favorece la promoción automática a través de ascensos por antigüedad y se avanza en la especialización y el desarrollo profesional de jueces y magistrados, por ejemplo, los de ámbito mercantil o de violencia sobre la mujer.
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por