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Concordia » Ciudadsatelite
Fecha: 18/01/2025 20:40
Un interno condenado escapó durante un traslado autorizado por un juez de Gualeguaychú para visitar a su pareja enferma en Avellaneda. El hecho generó tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y demandó una erogación significativa de recursos públicos. Las autoridades trabajan para recapturarlo mientras se investiga lo sucedido. Un conflicto surgió recientemente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Entre Ríos luego de que un interno escapara durante un traslado dispuesto por un juez. El hecho generó críticas desde el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, encabezado por Néstor Roncaglia, debido a los costos y consecuencias de la medida judicial. El incidente ocurrió tras la orden del juez de feria de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, de trasladar al interno Luis Alberto Saavedra, condenado por delitos contra la propiedad con el uso de armas, desde la Unidad Penal N.º 5 de Victoria hasta la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. El objetivo del traslado era que el interno visitara a su pareja enferma por un plazo de dos horas. El operativo implicó un recorrido de más de 300 kilómetros y una inversión de aproximadamente 180.000 pesos de recursos provinciales. Durante la visita, Saavedra logró escapar al empujar a uno de los custodios y huir hacia un barrio de emergencia cercano al domicilio de su pareja. El Gobierno provincial informó que el personal penitenciario intentó recapturar al interno sin éxito y que se activó un protocolo de emergencia para su búsqueda. Además, se inició un sumario administrativo al personal involucrado en el operativo. «Este delincuente, trasladado por orden judicial, se encuentra nuevamente en las calles, lo que implica un riesgo para la seguridad pública y nuevos costos para su localización», expresó el Gobierno en un comunicado oficial. Desde el Servicio Penitenciario destacaron que se está trabajando intensamente para recapturar al interno y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. Paralelamente, se solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar información que facilite su localización. Este hecho ha evidenciado las tensiones y desafíos inherentes a la coordinación entre los poderes del Estado en el manejo de situaciones que involucran a personas privadas de su libertad.
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