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  • El novio de Ayuso a Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto por el fraude: "He recibido el correo del fiscal, todo sigue en pie"

    » Diario Cordoba

    Fecha: 17/01/2025 10:55

    El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, aportó al Tribunal Supremo los pantallazos de su teléfono relacionados con el correo electrónico cuya difusión a los medios de comunicación de una de sus listas de distribución admitió durante su declaración como testigo ante el juez Ángel Hurtado. Los primeros se los reenvía la pareja de Isabel Díaz Ayuso, al que tiene memorizado como "Alberto QUIRÓN González" -por su relación profesional con esa empresa- y proceden de su abogado, entonces Carlos Neira, que le informa de las conversaciones que mantiene con la fiscalía en relación con la denuncia por dos delitos fiscales y otro de falsedad presentada en su contra y que se había dado a conocer esa misma mañana, el 12 de marzo, por eldiario.es. El primer mensaje que recibe la mano derecha de Díaz Ayuso el día 12 de marzo a las 9.09 horas del empresario dice textualmente: "Buenos días Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima". El mensaje original es del abogado de González Amador y en él se comprueba que ya estaba en conversaciones con el ministerio público y que era posible un pacto de conformidad, para lo que es imprescindible que el denunciado admita los hechos denunciados, lo que asume al anunciar que espera que el caso se cierre con "un condenado" y "una multa mínima". A continuación, González Amador reenvía a Rodríguez el correo que el fiscal que firma la denuncia, Julián Salto, le había enviado a su abogado con la propia denuncia y un texto en el que le anunciaba que no contaba con que hubiera juzgado encargado del caso hasta un par de meses después y le comunicaba: "Aunque se ha denunciado también [a] otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible". A esa frase, que en realidad tiene su origen en una propuesta anterior del abogado del propio González Amador, como ocurre con todos los pactos de conformidad, es a la que se agarraba Rodríguez para defender las informaciones, como la de 'El Mundo', que apuntaban erróneamente a que la propuesta de alcanzar un acuerdo partía del ministerio público. Y de ahí, según su versión, la siguiente parte del pantallazo aportado a la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, sea el mensaje que envió el día 13 por la noche a los periodistas que agrupa en la lista Prensa Nacional. En su mensaje a la prensa califica de "mentira" una información de La Sexta, en la que se informa correctamente de que la iniciativa para llegar a un acuerdo partió de la defensa. El propio Rodríguez admitió el pasado 8 de enero ante el juez Hurtado la difusión del correo electrónico del fiscal Salto, pero negó haber tenido acceso al anterior en el que el que el abogado Carlos Neira reconocía la comisión de los delitos fiscales al ofrecer el pacto a la fiscalía. No supo de él, según declaró, hasta después de que fuera publicado de forma íntegra por El Plural el 14 de marzo. Llama la atención que Miguel Ángel Rodríguez identifica a González Amador directamente con la palabra "Quirón" en su agenda de contactos, lo que puede explicarse por su trayectoria profesional como consultor en el ámbito sanitario. De hecho varios medios vienen publicando en los últimos meses que ha prestado servicios de consultoría y auditoría en sistemas de gestión para certificaciones ISO. Además, la Fiscalía de Madrid apunta en un reciente informe aportado al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que es el que le investiga por fraude fiscal, a "lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros" por parte de la pareja de Díaz Ayuso a la mujer del presidente de Quirón Prevención por una empresa sin aparente valor comercial, circunstancia que podría constituir un delito de corrupción en los negocios.

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