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» Diario Cordoba
Fecha: 17/01/2025 02:39
La declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y del fiscal Julián Salto, que firmó la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, lejos de disipar los indicios que se ciernen sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se han visto ratificados. La primera lo ha hecho al recordar cómo le preguntó directamente si había sido él quien había filtrado el correo en el que la defensa del empresario ofrecía un pacto a la fiscalía en el que asumía la comisión de dos delitos fiscales y el segundo, al corroborar que no existe un protocolo como el esgrimido por el ministerio público para justificar que su máximo responsable no guardara en su teléfono ningún mensaje cuando fue analizado por la Guardia Civil. Ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, Lastra se mostró mucho más taxativa que en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJC). A diferencia de entonces, en el Supremo ha explicado que a su pregunta directa al fiscal general si había él quien había filtrado el correo de la defensa de González Amador, en el que admitía dos delitos fiscales a cambio de eludir el juicio por el presunto fraude, él había respondido: "Eso ahora no importa". Pero más allá de que no niegue la acusación implícita que denotaba la pregunta de la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, ante Hurtado esta ha dejado traslucir el cansancio y hartazgo que le estaba produciendo la insistencia de García Ortiz en que asumiera una nota de prensa, cuyo contenido no compartía, con la que el ministerio público salió a desmentir la información que atribuía al fiscal la iniciativa de un intento de pacto con González Amador, cuando en realidad, como ocurre siempre en las conformidades, partía de la defensa. Según la representante del ministerio público que compareció este jueves como testigo, las informaciones que oía en radio y leía en prensa contenían datos que solo podían proceder de las diligencias fiscales abiertas, porque no los conocía ni la defensa ni el decanato de los juzgados madrileños. Para cuando habló con el fiscal general tenía seis llamadas perdidas suyas instándola a publicar la nota de prensa que finalmente salió con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, no de la Superior, porque Lastra no compartía que incluyera detalles que consideraba perjudicaban al derecho de defensa de González Amador. Incluso explicó que advirtió a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa, para que no insistiera al fiscal Salto para conseguir los correos, porque se solicitaban para filtrarlos, según señalaron fuentes presentes en su declaración. A la petición expresa de García Ortiz, Lastra le había respondido que no necesitaba la cadena de correos, porque ya había le habían dado "cumplida cuenta" de ellos y no los creía imprescindibles para desmentir la información falsa. Mensajes borrados Además, las declaraciones de este jueves dejan sin uno de sus principales argumentos a García Ortiz después de que el volcado de los dispositivos electrónicos que se le incautaron durante el registro de su despacho en la Fiscalía General verificara la inexistencia de mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea entre los pasados 8 y 14 de marzo, que fueron los días en los que se produjo la supuesta filtración de datos de la pareja de la presidenta madrileña. Desde este órgano se admitió que se habían borrado en cumplimiento de una instrucción sobre protección de datos que se aplica desde 2019, pero este extremo ha sido negado por ambos testigos. Según fuentes presentes en ambas declaraciones, tanto Lastra como el fiscal de la causa por fraude abierta contra González Amador han negado la existencia de dicho protocolo. En el caso de Salto, estas manifestaciones cobran un especial interés en cuanto que es el fiscal delegado en cuestiones digitales de la Fiscalía de Madrid, es decir, el encargado del cumplimiento de las normas relativas a este tipo de cuestiones. Cuando se conoció el borrado de los mensajes de Álvaro García Ortiz, se alegó la existencia de una instrucción fiscal que apunta que el ministerio público está obligado a limitar el plazo de conservación en sus dispositivos de datos personales. También se aludió a una guía básica de actuaciones que llama a evitar el almacenamiento de documentos o de información que contenga datos personales, aunque no dice nada en concreto sobre borrados periódicos. Días después otro informe de la Guardia Civil acreditó que el fiscal general cambió de terminal telefónico a los pocos días de abrirse contra él esta causa por revelación de secretos. Sin embargo, al contrario de lo ocurrido en el caso de García Ortiz, los agentes de la UCO de la Guardia Civil sí pudieron acceder a los mensajes del teléfono incautados en los días clave de la investigación de la otra imputada, la fiscal jefa provincial en Madrid. Fruto de ello elaboraron un prolijo informe de 57 páginas con todas las comunicaciones que esta funcionaria mantuvo con García Ortiz y otros fiscales implicados, entre los que se encuentra la mano derecha del fiscal general, Diego Villafañe, recientemente imputado. Tampoco borró sus mensajes con el fiscal general sobre este asunto la fiscal superior, que de hecho los aportó con motivo de su declaración el pasado mes de junio en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El contenido de estos mensajes, en los que García Ortiz trata de que desde el departamento de Lastra se emita la nota de prensa que contenía los datos cuestionados, permitió que la causa escalara hasta el Supremo contra el fiscal general, que solo puede responder ante este órgano dada su condición de aforado. El instructor de la causa en el Supremo está pendiente de recibir un nuevo informe de la Guardia Civil sobre las últimas diligencias encargadas, dirigidas a lograr la recuperación de los mensajes borrados a través de las operadoras de telefonía. Sin embargo, dichas averiguaciones llevan su tiempo y lo más probable es que no hayan sido cumplimentadas para el próximo día 29, cuando el fiscal general debe comparecer como imputado ante el alto tribunal.
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