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» Diario Cordoba
Fecha: 17/01/2025 02:36
La falta de vivienda y la escalada en los precios se ha convertido en uno de los graves problemas de los últimos años y se concentra en los hogares con menor renta -jóvenes y población inmigrante- y en determinadas zonas geográficas -áreas urbanas y turísticas. Problemas que no se generan de un día para otro, sino que la inacción pública durante décadas ha ido cronificando hasta convertirlo en una de las grandes trabas del desarrollo personal y de la integración, privando de un derecho fundamental. El 60% de los hogares presenta algún problema relacionado con la vivienda y 1 de cada 3 hogares se encuentra en exclusión residencial según el Informe Provivienda 2023. Vivir con padres o abuelos o el alquiler habitacional no son soluciones para un proyecto de futuro. En España se constituyen anualmente 230.000 nuevos hogares frente a las 90.000 nuevas viviendas que salen al mercado, con lo que actualmente según el Banco de España existe un déficit de 600.000 viviendas que va aumentando cada año. Para converger a los niveles del parque público de alquiler del promedio de la UE-27 sería necesario incorporar 1,5 millones de nuevas viviendas al alquiler social en España. Alcanzar dicho objetivo en 10 años implica incrementar en más de un 150% la producción anual media de viviendas en España. Soluciones existen si se quieren adoptar, y vienen anunciadas por los expertos y los operadores del sector. Lo primero que se necesita es poner a disposición mayor suelo público que existe en uno de los países más extensos de la Europa occidental. La segunda medida es modificar la ley del suelo y el planeamiento, cuyos estrictos procedimientos encorsetan el crecimiento adecuado de las poblaciones entre licencias e informes interminables en una burocracia perniciosa. El tercer aspecto pasa por la inversión pública y privada, en todas sus formas, que se necesita para afrontar un gasto de estas dimensiones, y para ello la misma debe resultar atractiva. La cuarta medida es impulsar la oferta de alquiler social y proteger el alquiler residencial de viviendas, tanto con incentivos fiscales como con seguridad jurídica para las partes. Cuando la noticia de hace unos días, era que habían desalojado a un propietario para entregarle la vivienda a un okupa, se encienden todas las alarmas. Otra medida sería limitar por distritos el número de licencias de alquiler turístico para que no vayan en detrimento del alquiler residencial. Revisar la tributación de la vivienda o impulsar la rehabilitación. Modelos existen donde mirarse, como en Viena, con una renta per cápita muy superior a la nuestra, casi el 50 % de la vivienda residencial está gestionada por la Administración local, que es propietaria o gestora de la misma. Pongámonos manos a la obra.
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