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Concordia » Hora Digital
Fecha: 16/01/2025 17:50
El juez federal Enrique Lavie Pico ha rechazado una medida cautelar presentada por una empresa en competencia por la adjudicación de la vía navegable. La justicia federal argentina ha determinado que no existen irregularidades ni direccionamiento en el proceso de licitación de la Hidrovía del Río Paraná. El fallo responde a una medida cautelar presentada por Dredging Internacional (DEME), una de las empresas interesadas en el dragado de esta vía navengable clave por la que pasa el 80% de las exportaciones nacionales. DEME solicitó la suspensión del procedimiento argumentando que el pliego de bases y condiciones presentaba defectos y arbitrariedades que favorecían al actual operador de la vía troncal, Compañía Sud Americana de Dragados, subsidiaria local de Jan de Nul. Esta empresa lleva operando la vía durante 30 años y busca continuar haciéndolo. El juez federal Enrique Lavie Pico rechazó la medida cautelar al no encontrar evidencias claras de las irregularidades alegadas por DEME. El próximo 12 de febrero se abrirán los sobres con las ofertas de las compañías interesadas en operar la hidrovía, y se espera que la adjudicación se realice a finales de abril por un período de 30 años. Este proceso es gestionado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), creada recientemente para centralizar las funciones portuarias y de navegación. La ANPyN reemplazó a la Administración Nacional de Puertos (AGP) con el objetivo de simplificar las tareas administrativas y operativas del sector. La agencia está dirigida por Iñaki Arreseygor, quien anteriormente ocupó el cargo de subsecretario de Vías Navegables. El contrato de concesión incluirá la operación, mantenimiento y desarrollo de la hidrovía, crucial para la competitividad de las exportaciones argentinas en los mercados internacionales. El proceso de licitación contempla diversas etapas, desde la apertura de sobres hasta la evaluación de propuestas. Empresas como Jan de Nul, DEME, Boskalis y Van Oord están participando en esta licitación. Se establece que empresas controladas por estados soberanos quedan excluidas de participar, lo cual afecta a compañías como Shanghai Dredging Co., filial de la China Communications Construction Company (CCCC), debido a su carácter estatal y sus implicaciones geopolíticas.
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