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» Diario Cordoba
Fecha: 15/01/2025 11:39
La magistrada titular del juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, Lorena Cañete, ha acordado prorrogar durante seis meses la investigación del presunto amaño de contratos de obra en la Guardia Civil de Córdoba. En un auto dictado en los últimos dÃas, apunta la necesidad de practicar diligencias ya acordadas y de resolver sobre las pruebas solicitadas por las empresas y el comandante investigados. Por el momento, ninguna de las partes ha recurrido esta decisión. Fuentes consultadas explican, además, que no se han propuesto pruebas nuevas diferentes a las que ya estaban previstas. La prórroga de la instrucción ha sido solicitada por el Ministerio Fiscal y por la AbogacÃa del Estado. La jueza entiende que la investigación judicial de este procedimiento no se encuentra finalizada, porque es necesario practicar pruebas que son relevantes para el esclarecimiento de los hechos y también podrÃan solicitarse otras derivadas de sus resultados. Hasta el momento, solo han trascendido las declaraciones de dos investigados, un comandante que negó su supuesta responsabilidad en los hechos y el coronel Juan Carretero, jefe de la comandancia de la Guardia Civil cuando supuestamente ocurrieron los delitos, quien destacó que firmaba los contratos por su confianza en sus subordinados. El sargento y empresarios investigados se han acogido a su derecho a no testificar. Por otra parte, también se han practicado otras pruebas como la comprobación de la ejecución de las obras contratadas por el Instituto armado. En total, la causa tiene diez personas imputadas. Cohecho, malversación y prevaricación La investigación para esclarecer el supuesto amaño de contratos salió a la luz el pasado marzo, a raÃz de la detención del sargento investigado por compañeros de Asuntos Internos desplazados desde Madrid. De este modo, el Instituto armado trasladó a la FiscalÃa provincial las presuntas irregularidades detectadas y el Ministerio Público instó a investigar lo ocurrido. De acuerdo con la información trascendida hasta ahora, en el procedimiento se intenta aclarar la presunta comisión de los delitos de cohecho, malversación y prevaricación en el manejo de dos millones de euros entre los años 2022 y 2023. En concreto, se investiga si existieron sobrecostes y fraccionamientos de contratos, o si se llegaron a abonar servicios no realizados. De los dos millones de euros en análisis, más de medio millón corresponde a contratos menores (de cuantÃas inferiores a 40.000 euros) y el resto, a anticipos de caja, un concepto que alude a los bienes y suministros excepcionales.
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