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» Diario Cordoba
Fecha: 15/01/2025 09:36
La Fiscalía Jurídico Militar ha presentado en los últimos días una queja ante la decisión del juzgado Togado Militar Central 2, de Madrid, de concluir la investigación del fallecimiento del cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León, de la brigada Guzmán El Bueno, durante unas maniobras en Cerro Muriano, Córdoba. De este modo, la fiscal y algunas acusaciones particulares solicitaron una prórroga de la instrucción, pero el juez lo desestimó al entender que ya se han desarrollado las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. El procedimiento tiene seis mandos investigados como supuestos responsables de las dos muertes y de las lesiones sufridas por otros dos militares en el mismo ejercicio, que son un coronel, un capitán, un teniente, un sargento, un teniente coronel y un comandante. Las defensas de estos procesados han recurrido en apelación el auto de procesamiento, dictado el pasado 29 de julio, solicitando en líneas generales el archivo de la causa. Es por ello que la fiscal entiende que deberían ampliarse las diligencias hasta conocer la respuesta del Tribunal Militar Central a estos recursos. El plazo para la presentación de los recursos finalizó el pasado 5 de septiembre, pero fuentes consultadas señalan que algunos tienen más de 200 folios. Si finalmente se admite la propuesta de la Fiscalía, la instrucción podría ser prorrogada, en un primer momento, durante seis meses más. Hasta 15 años de cárcel por homicidio Las fuentes consultadas auguran que el juicio podría celebrarse en el presente 2025, aunque la situación podría cambiar en caso de que se prorrogue la instrucción. Frente a la petición de archivo planteada por las defensas, las tres acusaciones particulares, que representan a familiares de los fallecidos, han anunciado que solicitarán la imposición de las penas máximas para los seis mandos procesados. Así lo han adelantado Antonio Granados, que representa a la viuda de Miguel Ángel Jiménez (vecino de Villafranca de Córdoba); Francisco José Pérez, el abogado de los padres del cabo fallecido, y Luis Romero, que representa a la familia del soldado Carlos León (natural de El Viso, en Sevilla). Los delitos que, presuntamente, podrían haber cometido tienen penas similares al homicidio, con hasta 15 años de cárcel. En este sentido, han sido encartados por cuatro presuntos delitos contra los deberes del servicio (dos consumados y otros dos en grado de tentativa), el capitán responsable del ejercicio, un teniente, un sargento, un teniente coronel y un comandante. Del mismo modo, el coronel jefe del regimiento La Reina 2 (al que estaban destinadas las víctimas) cuando se desarrolló la actividad ha sido procesado por un supuesto incumplimiento de los deberes inherentes al mando como responsable último de la formación que recibían. En este caso, el Código Penal Militar establece hasta seis años de prisión.
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