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Parana » AIM Digital
Fecha: 15/01/2025 04:41
La jueza Loretta Preska, que lleva el caso de la expropiación de YPF en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar toda la información requerida por los demandantes, como la ubicación del oro del país y de otros activos, en el marco de la causa que el fondo buitre Burford le inició al Gobierno argentino por la forma en que se nacionalizó la compañía en el 2012. Argentina “ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”, se quejó Preska en su fallo, donde recordó que independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del Banco Central de la República Argentina (Bcra) o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos. "Lo que hizo la jueza fue emitir una orden que obliga a la Argentina a informar dónde se encuentra el oro del país y qué cantidad salió de las reservas del Bcra", detalló el experto en el caso Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. Adicionalmente, "pidió al Gobierno que dé información sobre cuentas soberanas ubicadas a nivel local y en Estados Unidos, que incluyen aquellas pertenecientes a diplomáticos, embajadas y consulados, así como las cuentas de bancos con empresas con las que el Gobierno haya hecho alguna operación comercial", precisó. "El sistema judicial argentino es diferente al americano. La sentencia de Preska está firme, pese a que sea apelable y haya sido apelada”, aclaró el especialista, por lo que las partes involucradas en el litigio deberán seguir los plazos impuestos por el tribunal para garantizar que la documentación sea entregada sin mayores demoras. La justicia estadounidense podría, como parte de las solicitudes de los demandantes, embargar activos argentinos, como las acciones de YPF en manos del Estado o el oro del Bcra. Según Maril, existen dos formas de evitar embargos, una de las cuales requiere presentar una garantía, algo que “Preska recomendó apenas asumió Javier Milei, pero el presidente no lo hizo porque había otras prioridades", puntualizó el especialista. Con el reciente fallo, analizó Maril, la jueza deja un claro mensaje: “ustedes no son quienes para decirme qué activos gozan de inmunidad soberana y qué activos no. Ustedes tienen que presentarlo y yo digo qué es inmune”. Maril explicó que uno de los objetivos principales de los demandantes es demostrar que Argentina utiliza activos soberanos para actividades comerciales, lo que podría hacerlos embargables. “Si usaste la cuenta de una propiedad consular para un pago comercial, eso es algo que los demandantes buscan identificar”, ejemplificó. La causa por la expropiación de YPF, que enfrenta a la Argentina contra el fondo de inversión inglés Burford Capital, se encuentra en una etapa clave: Burford, que invirtió 400 millones de dólares en la demanda y luego vendió el 60 por ciento de sus derechos para financiar el litigio, apuesta a cobrar el fallo este año. Para ello, continúa litigando en primera instancia sobre cuestiones paralelas, como la posibilidad de que la justicia estadounidense determine que YPF actúa bajo órdenes del Estado argentino. Esto permitiría avanzar con embargos y, eventualmente, hacerse con las acciones de YPF en manos del Estado como parte de pago. En octubre de 2023, la Argentina presentó una apelación ante el Segundo Circuito de Apelaciones, cuya resolución será clave. Si no se convocan argumentos orales, el tribunal podría fallar directamente. En caso de un resultado adverso, Argentina tendría la opción de recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Según Maril, solo el 32 por ciento de los casos llegan a argumentos orales, mientras que el resto se decide sin ellos. En la actualidad, Burford observa con atención el escenario económico y político del país. El crecimiento sostenido de las acciones de YPF en Wall Street, sumado a la baja en el riesgo país, crea un contexto que consideran favorable para negociar con el Gobierno. Sin embargo, hasta el momento no se han alcanzado acuerdos, ya que el Ejecutivo optó por esperar el fallo de apelación antes de tomar decisiones concretas. “Si hay algo que no cambió (con el actual Gobierno de Javier Milei) es la estrategia legal. Es la misma que tenían CFK, Macri y Alberto. La estrategia legal es patear la pelota para adelante”, indicó Maril.
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