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» El litoral Corrientes
Fecha: 13/01/2025 04:11
Han sido largos años de espera para asistir a este presente en el que las controversias sólo giran en torno a la ocasión, modalidad y magnitud de los cambios implementados. La discusión gira alrededor de aspectos instrumentales, pero nadie niega que ese proceso de mutaciones está vigente y que a diario sorprende con novedades siempre en la misma dirección. El achicamiento del Estado, la constante revisión de sus roles y la obsesión por lograr eficiencia en su funcionamiento son parte de la conversación cotidiana, no sólo de la política sino también de la opinión pública que se entusiasma con la idea de que el esfuerzo ante la crisis sea finalmente compartido. El sector privado viene haciendo denodados sacrificios para adaptarse ante los tropiezos secuenciales. Lo ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo frente a cada etapa adversa, sin embargo, la percepción es que los que dependen de la administración pública son irremediablemente protegidos de un modo especial para jamás pagar los platos rotos de los omnipresentes despropósitos. En la pandemia esta actitud fue muy elocuente. Fue indudablemente un punto de inflexión para una ciudadanía cansada del trato desigual y de poner el hombro casi siempre sin compensación alguna. Frente a esta dinámica ahora demanda que todos hagan lo que deben y que de una vez por todas el sector público ponga las barbas en remojo y finalmente se acomode activamente a los criterios de la sensatez, sin privilegios corporativos y aportando lo imprescindible para vivir en una sociedad mejor. En ese contexto las señales desde lo nacional son claras. Se podrá estar de acuerdo respecto a las prioridades o disentir con algunos parámetros, pero allí se vienen dando pasos firmes en la dirección más atinada. A pesar de esa inconfundible muestra las provincias parecen llamadas a hacerse las distraídas. Amparadas en el federalismo y en su autonomía han decidido aplazar el grueso de las decisiones que deberían estar al menos elaborando o inclusive implementando si tuvieran una lectura apropiada sobre su papel de cara al porvenir. Queda claro que no asumen la trascendencia de lo que está sucediendo, o bien que admitiendo la existencia de ese fenómeno aspiran a eludir indefinidamente ese complejo trajinar de adecuar el gasto estatal local a la inevitable nueva realidad. Quizás especulan con que esto que acontece es una mera moda y que esta tendencia pronto culminará abruptamente para que todo vuelva a la normalidad como consecuencia de esa inexorable lógica pendular que atraviesa al país y que la historia de los ciclos políticos convalida frecuentemente. Otros creen que sólo se trata de posponerlo todo y llevar la situación hacia los márgenes para no pagar costos políticos en forma anticipada. Los que hoy gobiernan en provincias y municipios no se sienten obligados a nada de eso y sueñan con pasarle la posta al siguiente mandatario para que sea ese dirigente el que deba hacerse cargo de semejante desafío. Por ahora esos líderes administran las ansiedades cívicas como pueden y miran para el costado como si nada pasara. Las comunidades tampoco reclaman ninguna celeridad colaborando, tal vez involuntariamente, con esta postura relajada que tiende a volverse crónica. Más tarde o más temprano llegará la época de hacer los recortes domésticos. El despilfarro es obsceno y los argumentos "sensibleros" no alcanzan para explicar semejante despliegue. Es cierto que deben ocuparse de la salud y la educación, de la seguridad y la justicia, pero en cada una de esas áreas se pueden señalar permanentes abusos y discrecionalidades por doquier. Hay mucho por hacer no solamente en lo vinculado a reducir el gasto disparatado sino también en términos de resultados específicos. Nadie podría hoy ufanarse de la calidad educativa o sanitaria de los distritos, ni de ninguna actividad estatal pretendidamente disfrazada de eficaz. Obviamente que hay luces y sombras, pero no menos cierto es que hay mucho por optimizar y que la gente paga impuestos para acceder a buenos servicios y no para recibir una limosna pública con la que deba conformarse por temor a ser cuestionada. Se ha desarrollado una suerte de blindaje conceptual. Nadie puede criticar a la docencia ni a la policía, tampoco a los trabajadores judiciales o los de la sanidad, como si se tratara de un sacerdocio intocable. No han comprendido aún que percibir un salario estatal hace que sean empleados de los contribuyentes. Por lo tanto, no sólo le deben respeto a sus pagadores sino también apertura mental para recibir los reclamos que puedan brotar. Las provincias y los municipios están en deuda con la sociedad. Tienen mucha tarea por delante y quizás sea este el instante perfecto para reflexionar y arrancar a la brevedad una readecuación ágil, propositiva y con la amplitud que amerita esta circunstancia en la que todos, sin excepción, deben trabajar en las reformas eterna y deliberadamente postergadas.
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