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» Jackemate
Fecha: 12/01/2025 15:02
Comparte este Articulo... Por Ricardo Marconi (*) Es lamentable admitir que no nos equivocamos cuando señalamos en esta columna que, a pesar de los planes de la provincia y la Nación, de manera mancomunada, se estaba notando que comenzaban a reproducirse nuevamente casos de violencia extrema y casos de corrupción policial en Rosario. Es que, a través del análisis de celulares de policías apresados en octubre de 2023, la Fiscalía Federal detectó mensajes de WhatsApp, relacionados con la comercialización y la estimación de precios de drogas ilegales, así como sobre la imperiosa necesidad de comercializar con celeridad droga –ladrillos de cocaína-, mejicaneada como resultante de un procedimiento ilegal, La esposa de un policía y dos cuñados, junto a los efectivos de la Policía de Acción Táctica aludidos, fueron imputados con el caso y la justicia decidió dejar a todos en estado de prisión preventiva. Es que estos ocho “distinguidos” policías del Área de Delitos Complejos, terminaron siendo mencionados en una causa federal por estar implicados en un allanamiento ilegal y por robar entre 12 y 15 kilos de cocaína del interior de un domicilio ubicado en la zona oeste de Rosario. Vale hacer notar que lo actuado culminó al decidirse una nueva audiencia imputativa contra siete de los ocho efectivos y otros tres nuevos involucrados en aspectos relacionados con la comercialización de los estupefacientes. El juez de Garantías Carlos Vera Barros decidió por el lapso de 90 días la prisión preventiva y autorizó llevar adelante medidas de prueba, en razón del procedimiento no legal ocurrido en Forest al 5600, donde fueron privadas de su libertad 5 personas, entre las que se hallaban dos menores, siendo valuado el secuestro de droga en 50.500 dólares y 285 mil pesos, junto a otros elementos de prueba. Al 2 de octubre siguiente el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, ordenó detener a los suboficiales Sergio Robledo, Iván Schneider, Guillermo Toledo, Jesús Balais, Gerardo Pérez, Fernando Ferreira y a los oficiales Renzo Michelud y Agustín Martínez. De las posteriores indagaciones surgió que algunos de los efectivos llevaron varios kilos de cocaína a Santa Fe y desde allí vendieron la droga, según urge en la acusación. De fuentes calificadas trascendió que existen mensajes de texto y de WhatsApp donde los policías hacen referencia a la comercialización de la cocaína, los posibles precios y modalidades de la venta, y a la necesidad de que esta fuera realizada de la forma más rápida posible. Asimismo, de la investigación surgió el dato de que la ganancia posterior habría sido dividida en partes iguales entre el personal policial involucrado. Al parecer, Toledo se quedó con, al menos, tres paquetes de un kilo de cocaína que se propuso vender por 7 mil dólares cada uno, con la salvedad de que podrían ser 8 mil, si los ladrillos eran vendidos de a medio kilo, por 4 mil dólares. Asimismo, la esposa de Toledo, Miriam G., y sus cuñados Guillermo y Leonardo también fueron imputados. A la mujer se la implicó en el traslado de la cocaína hacia la capital, y a los hombres, la intervención en el fraccionamiento y posterior venta. Los tres fueron detenidos esta semana por personal de la División de Investigaciones Especiales de la PFA en allanamientos en barrio Tablada –Convención al 3500– y la capital de la provincia. Lo expuesto fue detallado ante el juez Vera Barros por las fiscales Soledad García y María Virginia Sosa y el fiscal Andrés Montefeltro, quienes sostuvieron que, como consecuencia de la venta de droga, los policías obtuvieron un rédito económico de millones de pesos. Siete de los policías ya se encuentran detenidos y se les imputó el comercio de material estupefaciente, doblemente agravado por su calidad de funcionarios públicos y por realizarlo tres o más personas de forma organizada. Para las restantes personas, el comercio de material estupefaciente se encuentra agravado por la participación de tres o más personas. La paz duró lo que un suspiro Uno de los dueños de un taller mecánico de Matienzo al 3200 se equivocó al evaluar que “se habían calmado las aguas”, luego de que a un portón de su negocio se lo intentó incendiar la semana pasada y en el transcurso de la presente fuera baleado, recibiendo 15 impactos del alto calibre dos autos que estaban en el interior del comercio. Las vainas, como corresponde en estos casos, fueron enviadas a analizar por orden de la Unidad Fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Facundo, titular, entre otros del local, señaló a un espacio radial: “Anoche, más o menos a la una menos 20, según dicen los vecinos, pasó una persona caminando efectuando disparos contra el taller y ahora hay que solucionar el problema”, señaló y advirtió que su hermano se había retirado del lugar media hora antes, aproximadamente. “Era una persona con campera con capucha gris, dobló caminando por el lado de la vía”, señaló sobre el presunto atacante, quien “no dejó ninguna nota, pero esperó a que mi hermano se fuera para disparar. Ahora hay que recolectar los videos”, indicó el dueño del taller. Consultado acerca del ataque indicó: “Estoy bastante desganado, me levanto todos los días y no molesto a nadie que es lo que me enseñó mi viejo, es levantarse y trabajar. Tengo que buscar un plan B, esto te enferma. Estoy en mi casa y no estoy descansando”, lamentó en el programa de Radio 2. “Y como si esto fuera poco” La indicada es una frase frecuente que utilizan los vendedores de chucherías en los colectivos y puede ser aplicada a la muerte del juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró que investigó un narco secuestro de Los Monos. El cuerpo del magistrado pasó por el procedimiento de la autopsia y su celular fue hallado en su despacho. En primera instancia se menciona el suicidio como causal de muerte, pero no está todo dicho. Seró cayó al vacío del edificio donde vive su madre. El celular está en poder de la fiscal en turno y los forenses que analizaron el cuerpo determinaron que el fallecimiento se produjo por traumatismos severos en el cráneo y costillas que estaban fracturadas, afectando arterias cardíacas, a la vez que le estalló el hígado, lesiones que son compatibles con una caída como la detallada. Seró, pudo determinarse, ingresó sólo al edificio y su madre no se hallaba en el edificio. Asimismo, las cámaras precisaron que el juez subió sólo a la terraza por lo que resta conformar la hipótesis del suicidio luego del análisis del celular. Seró estaba investigado hasta hace pocas semanas el secuestro del empresario entrerriano Gastón Tallone , capturado el 8 de julio en El Abasto y el expediente fue derivado a los tribunales de Comodoro Py, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, luego de una declaración de incompetencia de los fiscales originales del caso, Josefina Minata y Santiago Marquevich, dado el lugar del hecho. La “mano narco” Seró dejó el expediente luego que tomara debida cuenta de que por el episodio que investigaba estaba arrestado Gustavo Juliá. A mediados de diciembre pasado, Stornelli requirió en el expediente la indagatoria de Alejandro Ficcadenti, “El Rengo”, acusado de ser un miembro de la cúpula de Los Monos , tal como reveló una investigación periodística. Ficcadenti es señalado como un jefe de la barra de Newell’s Old Boys: justamente, hoy Ficcadenti -que fue acusado en su momento por amenazar a la familia del jugador de fútbol Ángel Di María- enfrentará una audiencia imputativa en los tribunales de Rosario, donde el fiscal Luis Schiappa Pietra lo acusará junto a “Guille” Cantero, jefe máximo de la principal facción de Los Monos y su ladero, Leandro “El Pollo” Vinardi Un baile con relaciones Tallone, estaba relacionado a negocios en el puerto de Concepción del Uruguay y en 2013 tuvo una causa por falsificación de moneda en un juzgado federal del conurbano bonaerense. En su provincia, la fiscal federal Minata lo investigaba por lavado de activos, según publicó este medio en agosto pasado, un rastro que llevó a la revelación de su secuestro que, la Justicia federal, fue cometido en venganza por una deuda de medio millón de dólares. A pesar que su familia pagó un rescate en dólares, Tallone nunca regresó. La Justicia federal lo presume muerto hace meses; su cadáver sigue sin ser hallado. Caso “Pillín”: Otro allanamiento y detención Tras la audiencia en la que se decidió la reclusión de Marcelo Martínez, primo de Leopoldo “Pitito” Martínez, acusado por el robo de la riñonera de una de las víctimas del doble asesinato de Andrés Bracamonte y Daniel Raúl “Rana” Attardo, las autoridades allanaron la vivienda de Edith Estefanía N.L., hija del Julio César Navarro (a) “Cara de Goma”., barrabrava de Central asesinado. El allanamiento –en Brandsen al 1200-, fue decidido por la fiscal Georgina Pairola, acusadora de Marcelo Martínez por el robo de la riñonera de Attardo, del interior de la camioneta S10 blanca en la que se desplazaban las víctimas del homicidio. Fue Martínez quien declaró que la riñonera se la había dado a la mujer arrestada, elemento secuestrado, que contenía cadenas de oro. En el lugar se incautó un revólver calibre 32 junto a tres cargadores de una pistola calibre 380, celulares y dinero en efectivo, así como cartuchos calibre 22, 32 y 380, lentes, documentación y proyectiles. (Jackemate.com) (*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política
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