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Parana » ER 24
Fecha: 11/01/2025 12:15
La complicidad intelectual que normaliza la corrupción judicial La reciente liberación de Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, tras 50 días de prisión preventiva, ha reabierto el debate sobre la influencia política en el sistema judicial provincial. Entre las voces que han opinado sobre el caso, el abogado constitucionalista Julio Federik destacó que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) «es un tribunal político también». Sin embargo, lejos de ser una crítica contundente a las irregularidades, sus declaraciones reflejan una peligrosa normalización de las prácticas corruptas que erosionan la confianza en la justicia. El STJ, que habilitó la feria judicial para tratar con celeridad la situación de Urribarri, actuó con una rapidez que contrasta con la demora sistemática en resolver casos similares de personas sin peso político. La falta de igualdad ante la ley es evidente, pero Federik optó por una posición tibia al referirse a este hecho como una «controversia», cuando en realidad constituye una violación flagrante de los principios básicos de justicia. Más alarmante aún es su comentario sobre el carácter político del STJ. Reconocer que un tribunal supuestamente imparcial opera como un apéndice del poder político no es un acto de valentía, sino una admisión resignada que legitima un sistema judicial profundamente corrompido. La declaración de Federik no denuncia, no exige reformas ni señala responsabilidades; simplemente blanquea la injerencia política como una característica inevitable, reforzando la percepción de impunidad. El caso de Urribarri pone en evidencia cómo las estructuras de poder en Entre Ríos manipulan el sistema judicial para proteger a los suyos. La celeridad en la resolución de su liberación, mientras otros detenidos esperan en las sombras de un sistema lento y burocrático, no es casualidad. Es una muestra de favoritismo judicial que responde a intereses políticos y económicos, una realidad que Federik parece esquivar al reducir el problema a una cuestión meramente procedimental. Federik también omite criticar el papel de los jueces que participaron en esta decisión. Su silencio sobre la intervención del poder político y la responsabilidad de estos magistrados los absuelve tácitamente de su complicidad en un sistema que perpetúa la desigualdad. Su análisis se queda en la superficie, evitando tocar los puntos neurálgicos de un problema que afecta no solo a Entre Ríos, sino a la confianza en la justicia a nivel nacional. Además, su falta de énfasis en las personas comunes que enfrentan detenciones preventivas prolongadas sin resolución resulta alarmante. Mientras el caso de Urribarri se resuelve en tiempo récord, cientos de detenidos languidecen en prisión preventiva sin que nadie, ni siquiera voces como la de Federik, alce la voz para exigir justicia equitativa. El problema no radica únicamente en la liberación de Urribarri, sino en lo que esta representa: un sistema judicial permeable al poder político, incapaz de garantizar el principio de igualdad ante la ley. Las declaraciones de Federik, lejos de criticar este escenario, lo consolidan como una realidad aceptada y, peor aún, como un estándar que no merece cuestionamientos. La sociedad necesita algo más que comentarios tibios para combatir la corrupción judicial. Se requieren voces que no solo identifiquen el problema, sino que lo denuncien con fuerza, propongan soluciones y exijan rendición de cuentas. La pasividad intelectual no es neutralidad; es complicidad. Y en un sistema como el de Entre Ríos, la complicidad, aunque sea por omisión, sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar una justicia verdadera.
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