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» Diario Cordoba
Fecha: 10/01/2025 19:33
Los cuatro juzgados de lo Contencioso Administrativo de Córdoba se reparten ya las, aproximadamente, 60 demandas de familias y comunidades de vecinos dirigidas contra el Ayuntamiento de Córdoba para reclamarle los costes de las instalaciones de recogida neumática de basura, un proyecto que el Consistorio descartó en 2023. Fuentes de toda solvencia explican que, en principio, estos órganos resolverán de manera individual los recursos presentados, dado que las diferencias contempladas en estos procedimientos (por ejemplo, en las cantidades reclamadas o en el perfil de los demandantes) han llevado a descartar fórmulas para agilizar las resoluciones como el pleito testigo, que permite extender la decisión judicial adoptada en un primer procedimiento a otros procesos que tengan idéntico objeto. Juntas de compensación acuden también a la vía judicial con reclamaciones millonarias Los recursos, que recogen reclamaciones de indemnizaciones por una presunta responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, «se están tramitando de manera independiente en cada juzgado», comentan estas fuentes. También apuntan a la agilidad en la resolución por parte de estos órganos. Por otro lado, diferentes actores consultados coinciden en apuntar dos claves. La primera es que se trata de procesos novedosos y no cuentan con jurisprudencia previa, lo que plantea interrogantes sobre el sentido de la resolución, y la segunda es que, posiblemente, llegarán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ante el que se podrán recurrir las decisiones adoptadas en primera instancia. De esta forma, pese a que en 2023 la Gerencia Municipal de Urbanismo expresó su deseo de alcanzar una solución compartida con los afectados y poner en funcionamiento las instalaciones ya ejecutadas, finalmente no ha ocurrido así. Bufetes de abogados recuerdan que las demandas se plantean después de que los vecinos no hayan recibido una respuesta a las reclamaciones efectuadas por la vía administrativa. Han transcurrido seis meses sin noticias y se entienden desestimadas por silencio administrativo. En las próximas semanas, nuevas demandas Cecilio Valverde y Asociados, Lanvèrt, Abla y Rich avanzan, además, que en las próximas semanas continuarán presentando demandas por encargo de comunidades de vecinos e incluso juntas de compensación (los propietarios de los terrenos, principalmente, empresas privadas que los urbanizaron como paso previo a la construcción de las viviendas). En esta línea, Cecilio Valverde detalla que las juntas de compensación del plan parcial O-5 Camino de Turruñuelos y el plan parcial O-1 La Arruzafa (Ciudad Jardín de Poniente) están planteando reclamaciones que rondarán, previsiblemente, el millón de euros por las inversiones realizadas para la colocación de las tuberías (tramos de varios kilómetros) que conectan los cuartos de recogida de basura de los residenciales con las centrales (que no han llegado a construirse) donde finalmente tendrían que tratarse los residuos. Además de estas juntas de compensación, el bufete representa a una veintena de comunidades de vecinos. Ya han presentado unas siete demandas. Por otra parte, recuerda que entre los afectados se incluyen, además de vecinos y propietarios de terrenos, cooperativas que promovieron las viviendas y que están reclamando, asimismo, indemnizaciones por las obras realizadas. Cabe recordar que sin este sistema los pisos nuevos no obtenían la licencia de primera ocupación. Cecilio Valverde admite que «no se conocen precedentes de casos similares y el resultado habrá que verlo. Es complicado ganar recursos contenciosos contra el Ayuntamiento». Sin embargo, fue precisamente un recurso de apelación interpuesto por la junta de compensación del PP O5 el que dio lugar al fallo del TSJA que declaró nulo el Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos Sólidos en noviembre de 2022. Oferta de acuerdo Manuel Carrasco, socio de Lanvèrt, detalla que este bufete representa, en este caso, a unas 16 comunidades de vecinos que integran a alrededor de 1.300 familias. Como alternativa al pleito, han propuesto al Ayuntamiento diferentes posibilidades de acuerdo (bonificaciones de IBI y otras) pero no han recibido respuesta por ahora. En cuanto a su labor en estos procedimientos, entiende que «tendremos que acreditar que ha existido mala fe y temeridad en la gestión por parte del Ayuntamiento para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial como consecuencia de la nulidad de un acto de planeamiento». De su parte, los bufetes Abla y Rich colaboran en la representación de una decena de comunidades de propietarios. Laura Rodríguez, que trabaja para el primero, confirma que están presentando recursos ante los juzgados de lo Contenciosos Administrativo. En sus reclamaciones, integran lo contenido en informes periciales respecto a conceptos como el valor de la obra y el del suelo, y el coste de restituir el espacio a su estado original. Suscríbete para seguir leyendo
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