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» Comercio y Justicia
Fecha: 10/01/2025 13:33
Por Federico Macciocchi (*) exclusivo para COMERCIO Y JUSTICIA Cuando se habla de ambiente, muchas veces persiste la idea errónea de asociarlo exclusivamente con lo natural, lo virgen, aquello que no ha sido intervenido por el ser humano. Sin embargo, el ambiente es mucho más. Es todo lo que rodea al ser humano y contribuye a sus condiciones y calidad de vida. Por eso, incluye tanto elementos naturales como culturales. En este contexto, es posible —y necesario— considerar que un reclamo ambiental pueda surgir desde lo urbanístico. ¿Cómo? Si aceptamos que abarca también los bienes culturales y construidos, proteger una plaza, un edificio histórico o un estilo arquitectónico que define la identidad de una ciudad se convierte en un acto de defensa ambiental. No se trata solo de preservar un patrimonio arquitectónico o estético, sino de cuidar aquello que forma parte de nuestra calidad de vida y de la conexión que tenemos con el entorno que habitamos. El urbanismo, entendido como la disciplina que regula y planifica el uso del suelo, no solo diseña los espacios físicos de las ciudades, sino que busca integrar factores ambientales, sociales, económicos y culturales para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo. Este enfoque interdisciplinario permite abordar las complejas dinámicas entre las necesidades humanas, el entorno construido y los valores naturales, promoviendo un equilibrio que favorezca tanto el bienestar actual como el futuro. El urbanismo también está íntimamente vinculado con la calidad de los servicios esenciales. Por ejemplo, cuando un desarrollo inmobiliario en una zona residencial no contempla la capacidad de las redes de agua, cloacas o transporte, se pone en juego el equilibrio ambiental. La ciudad de Córdoba es un caso paradigmático: el recurrente desborde cloacal en numerosos barrios evidencia las consecuencias de un urbanismo que no planifica sosteniblemente. De igual manera, problemas como el tráfico caótico, el crecimiento desordenado o la contaminación sonora afectan directamente al ambiente urbano, reduciendo la calidad de vida de sus habitantes y comprometiendo su bienestar. En muchas ciudades, lo urbano y lo natural se entrelazan, lo que exige un ordenamiento ambiental del territorio que contemple ese equilibrio. Esto puede implicar limitaciones en la construcción de edificios, la regulación de actividades en zonas protegidas o el establecimiento de áreas verdes que actúen como pulmones urbanos. Estas medidas buscan garantizar un desarrollo armónico que respete tanto los valores naturales como los culturales. Sin embargo, muchas veces, las protecciones ambientales previstas en los ordenamientos territoriales pueden verse debilitadas por decisiones que priorizan intereses económicos o políticos inmediatos. A través de ordenanzas que introducen excepciones para casos concretos, se desdibujan los límites establecidos en las normativas. Esto no solo afecta las normas que buscan preservar el entorno natural y cultural, sino que también resulta contrario a principios fundamentales del derecho ambiental, como el de progresividad y no regresión y el de equidad intergeneracional. El principio de progresividad y no regresión establece que las políticas ambientales no deben retroceder en los niveles de protección alcanzados. Permitir excepciones que relajan estas protecciones implica un retroceso, violando este mandato fundamental. Por su parte, el principio de equidad intergeneracional nos recuerda que las decisiones presentes deben garantizar que las generaciones futuras tengan acceso a un ambiente al menos igual de saludable al que disfrutamos hoy. Cuando las autoridades locales permiten la introducción de excepciones que aumentan la densidad en áreas saturadas, habilitan construcciones en zonas protegidas o flexibilizan los requisitos ambientales para un emprendimiento, están comprometiendo no solo la calidad de vida actual, sino también el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano. Este tipo de decisiones no pueden justificarse exclusivamente en términos económicos, y su análisis debe enmarcarse rigurosamente en el marco normativo ambiental. Por ello, es fundamental que la política urbanística incorpore estos principios ambientales como ejes rectores. Sin esta perspectiva, continuaremos presenciando cómo las excepciones puntuales erosionan lentamente el tejido ambiental y social de nuestras ciudades, poniendo en riesgo tanto su sostenibilidad como los derechos básicos de quienes las habitan. Hablar de ambiente desde lo urbanístico es reconocer que cada decisión en nuestras ciudades tiene un impacto profundo en la calidad de vida de las personas. Más aún, es un llamado urgente a respetar los principios que nos comprometen a proteger lo que tenemos, para nosotros y para quienes vendrán después. (*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente Fundación Club de Derecho.
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